El Pleno de la Corte Suprema dictó un nuevo autoacordado y reglamento para la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes de jueces, funcionarios judiciales y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El pasado jueves 29 de noviembre fue aprobada la nueva normativa. La anterior era de 2015.
La novedad que tiene el nuevo reglamento es que se le realizará un sumario oral al funcionario que se niegue a someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación o que no apruebe el control de consumo toxicológico y clínico tras haber dado positivo el año anterior. De este procedimiento están excluidos los jueces cuando hayan sido removidos por la Corte Suprema.
El Pleno acordó además que se licitará la contratación de una nueva empresa especializada que aplique exámenes a nivel nacional. El Consejo Superior de la Corporación del Poder Judicial, que integran ministros del máximo tribunal, determinará el tipo de examen y el protocolo técnico.
La Corte Suprema define en enero, mediante un procedimiento reservado, aleatoriamente una muestra de funcionarios y ministros.
Generalmente se trata de 541 funcionarios del Poder Judicial -de más de 10 mil- que son seleccionados para ser sometidos al examen de control de drogas. En los últimos años de este número, 54 fueron jueces de distintas jurisdicciones.
El test se efectúa con una muestra de pelo para detectar marihuana, cocaína y sus derivados, anfetaminas y benzodiacepinas. Desde que se realiza, solo una jueza ha sido expulsada del Poder Judicial, en 2010, tras dar positivo. En 2017, 10 funcionarios del Poder Judicial marcaron positivo por cocaína o marihuana en el control de consumo de drogas.
El reglamento también incluye medidas de prevención del consumo indebido de sustancias y drogas, con el fin de evitar el daño que causa. Para ello, se proponen actividades de capacitación y educación, favorecer los estilos de vida saludables y fomentar la recuperación
En el autoacordado, además de la aplicación de pruebas a los funcionarios de los escalafones primario, secundario y de empleados, se exige una declaración notarial de parte de los trabajadores en la que deberán expresar «no ser dependientes ni practicar un consumo indebido de drogas. En caso de determinarse que un funcionario es dependiente de alguna droga ilegal, este deberá reconocer por escrito su adicción y será suspendido de sus funciones, debiendo someterse a un tratamiento de rehabilitación».
En caso de comprobarse consumo de drogas, pero no establecerse dependencia de ellas, el funcionario tendrá que someterse al control el año siguiente. Si da positivo, puede impugnar la muestra, pero en caso de confirmarse, se inicia un juicio en su contra. (El Mercurio)
