Sin perjuicio del resultado del plebiscito del 17 de diciembre, estos cuatro años de proceso constituyente nos dejan un saldo amargo y preocupante. Desde el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, Chile ha experimentado un deterioro significativo en todos sus índices sociales y económicos, con bandas terroristas y de crimen organizado que amenazan nuestra forma de vida y el futuro de nuestros hijos.
El fracaso de las reformas educacionales impulsadas por la generación que nos gobierna elevó las brechas entre colegios públicos y privados, profundizando la segregación. El traspaso de las escuelas de los municipios a los servicios locales de educación (SLEP) ha sido un fiasco salpicado por escándalos de corrupción. Este panorama se agrava por la violencia política que se tomó los “liceos emblemáticos” que fueron claves para la movilidad social en el pasado. En salud las listas de espera superan los dos millones de enfermos y este colapso podría agravarse si las isapres caen, una amenaza que parece no quitarles el sueño a las autoridades de gobierno. A ello se suma el atraso en la construcción de hospitales y consultorios por una burocracia enervante, que también afecta la inversión privada o la solución del déficit habitacional, estimado en un millón de viviendas por la Cámara Chilena de la Construcción.
El eslogan de los “niños primero” parece una mala broma al ver el abandono en que se encuentran nuestros menores. Cincuenta mil alumnos desertaron del sistema escolar y 35 mil esperan atención en el servicio “Mejor Niñez”, que ha replicado todos los vicios del antiguo Sename. Este año se presentaron 200 querellas por abuso y explotación sexual infantil al interior de estos recintos del Estado. Sin embargo, los responsables podrían seguir trabajando, protegidos por una mafia de agrupaciones de funcionarios que controla el servicio y amenaza a las personas que quieren denunciar los abusos.
Se ha intentado buscar excusas simples para explicar este desplome. Algunos dicen que partió con el cambio del sistema binominal, lo que es absurdo considerando la complejidad de la crisis, y sus derivadas sociales, económicas o criminales.
La clase política ha caído en este mismo reduccionismo. Primero la izquierda, para achacarle todos los problemas al modelo “neoliberal” pensando que podría reformarse por decreto, es decir, mediante una nueva Constitución. Ahora la derecha ha caído en lo mismo. Nos promete una Constitución de “la seguridad”, que terminará con la migración irregular, bajará los delitos y hará crecer los empleos.
Si fuera tan fácil, Latinoamérica sería el paraíso que describen sus constituciones y no un continente sumido en la pobreza, la corrupción y la violencia. Chile logró escapar de esa mediocridad mediante políticas públicas implementadas en tiempo y forma. Es decir, con un modelo de gobierno orientado a la acción y no a la refundación. Eso fue el Auge, Chile Barrio, Sonrisa de Mujer, Elige Vivir Sano, los jardines Junji o las concesiones de obras públicas.
Necesitamos programas similares para devolverles el sueño de la casa propia a los chilenos, la posibilidad de estudiar en recintos seguros o de caminar por barrios más tranquilos. Saber que ante una emergencia, existirá un cuerpo policial que te podrá proteger de estas amenazas.
Esto que parece simple requiere de mucho trabajo y de líderes que agrupen tres condiciones fundamentales.
La primera es energía para empujar un Estado lento y torpe, aprovechando todas las facultades con que cuenta un Presidente. La segunda es humildad para abandonar los relatos y sueños refundacionales, y orientar toda la acción del gobierno a escuchar a los votantes y resolver sus problemas concretos. Por último, necesitamos líderes que estén dispuestos a usar toda la fuerza necesaria para anular al crimen organizado y el terrorismo, sin temor a las consecuencias que ellos podrían enfrentar cuando salgan de La Moneda. (El Mercurio)
Iván Poduje
