Esta semana Marcela Cubillos se convirtió en un cubo Rubik, difícil de armar en un país que ya no ve en colores, sino que en blanco y negro. No es la primera vez que cuesta armar el puzzle con ella. Lo hizo antes, cuando saltándose la institucionalidad de partidos políticos, a pesar de haber ella militado en la UDI, irrumpió como independiente a alcalde de Las Condes, con la excusa que ella podía ser “una candidata de unidad” porque el Partido Republicano no estaba dispuesta a apoyar la reelección de la actual edil.
Ese argumento pudo ser para una comuna donde ir divididos podía significar el triunfo de la izquierda, pero no en Las Condes, donde podrían haber competido dos o tres partidos por la derecha e igual habría triunfado alguien del sector. Pero se impuso Cubillos, recolectando las firmas como independiente y doblegó a los partidos, de quienes dijo “son importantes, pero no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana”.
Esta vez volvió a forzar la argumentación. Si antes ella era indispensable para “evitar la confrontación entre el mundo de Republicanos y Chile Vamos”, ahora se transformó en la adalid de la libertad cuando se supo que le pagaban 17 millones bruto en la Universidad San Sebastián (USS), donde hacía clases desde 2020 hasta agosto pasado, cuando renunció para asumir la campaña. Es cierto que estuvo largos períodos en España, junto a su marido Andrés Allamand, y que se desempeñó como convencional, pero también asumió otros deberes de difusión en la universidad. Editó cuatro libros e hizo tres podcasts con análisis del proceso constituyente y de la reforma educacional. Cubillos se encargó de aclarar que, por el buen sueldo, cumplió siempre con su contrato.
El cuestionamiento la incomodó desde el inicio, porque en vez de tratar de explicar la cuantía del sueldo por 22 horas de docencia, lo que sorprendió en todos los sectores, se lanzó en picada contra la izquierda, como si cuestionar su remuneración, fijada por una entidad privada, fuera un ataque a la libertad de trabajo, de contratación y de enseñanza. Es cierto que la ex ministra de Educación y Medio Ambiente pudo ser un gancho para atraer alumnos, como ella lo afirmó, pero nunca empatizó con la sorpresa generalizada ante un honorario tan alto y, más encima, en la misma universidad privada que ha estado en la mira por la ligazón con el caso Audio del presidente del directorio, Andrés Chadwick, quien renunció esta semana.
Además, a la ex convencional no le bastó disparar a la “izquierda progre”, sino que se trenzó con el hermano del Presidente Boric y la ministra Carolina Tohá, buscando polarizar las posiciones entre la derecha y el oficialismo, que vio una nueva oportunidad para continuar recriminando a “los poderosos”, con el discurso divisorio que tanto le acomoda a semanas de las elecciones municipales.
La ex diputada ha esgrimido argumentos interesantes como cuestionar cuál es el “sueldo justo” y contra interrogar a los rostros de TV, que es sabido pueden ganar 10 veces o más que otros periodistas por su capacidad para atraer audiencias. Pero el ataque se convirtió en una mala defensa, obligando a su ex partido, a salir a hacer control de daño. Tomando distancia de la política (“hace muchos años renunció a la UDI”,) su presidente Guillermo Ramírez señaló que, aunque “el sueldo que ella recibió es muy alto, incluso respecto a personas que ejercen labores similares”, ello no puede derivar en una discusión en torno a “cuánta autonomía pueden tener las universidades, los canales de TV, los espectros de radio o los hospitales y clínicas que son privadas” por recibir recursos públicos.
Porque desde el primer momento, como se esperaba, la denuncia del honorario de Cubillos puso el Crédito con Aval del Estado (CAE) en la mira. El socialismo no democrático viene hace rato tratando de acabar con él, como una forma de terminar con las universidades privadas. En el texto de la Convención, el oficialismo propuso el control estatal de las entidades educacionales o de salud que reciben aportes del Estado y es nuevamente el argumento que está replanteando: que si el 45% de los ingresos de la USS provienen del CAE (siendo un crédito al estudiante, si no lo paga, debe asumirlo su aval), el Estado tiene algo que decir respecto al uso de las platas, más allá que por ley esté prohibido el lucro.
Sospechando una triangulación de platas, a través de donaciones al plantel universitario destinadas al financiamiento irregular de la política, diputados socialistas aprovecharon la ocasión para oficiar a la Superintendencia de Educación y presentaron una demanda para que investigue la Fiscalía, amén de impulsar una comisión investigadora de la Cámara.
Puede que no exista ningún delito, finalmente, y la izquierda tenga que resignarse a que el mercado puede escandalizar a veces, pero al final la defensora de la libertad debilitó el CAE, fundamental para las universidades privadas, justo cuando el Gobierno busca reformularlo porque se ha resignado a que es imposible condonar la deuda que, por otra parte, se ha multiplicado por el aumento de los morosos que esperan que Gabriel Boric concrete su promesa electoral. Además, Cubillos puso todos los ojos fiscalizadores en la USS que ha albergado parte importante del “piñerismo” y amplió los cuestionamientos a otros “militantes UDI que ocupan cargos directivos” con “altos sueldos” en otras universidades privadas, al responder las críticas del presidente del gremialismo.
Pero, sobre todo, con su falta de empatía, la ex ministra ha repuesto en el debate público la envidia y el resentimiento, motor electoral que la izquierda sabe mover como nadie en su favor. En suma, a pesar de su alegato a favor de la libertad, el incidente desató fuerzas que le hacen un flaco favor a la causa liberal. Y utilizar principios libertarios para justificar una causa personal, en vez de explicarla con algo de empatía, golpeó sus expectativas de convertirse en la primera mayoría nacional como alcaldesa, con miras a la presidencial. (El Líbero)
Pilar Molina
