En el marco de su Cuenta Pública 2020, el contralor general, Jorge Bermúdez, informó que en el último año la Contraloría General de la República recibió 39.219 denuncias y sugerencias de fiscalización. Asimismo, gestionó 521 requerimientos parlamentarios, lo que revela la fuerte confianza que tiene la ciudadanía en la capacidad fiscalizadora de la institución.
En la ocasión, Bermúdez destacó además que la labor de la CGR se dio en un contexto de crisis sanitaria y económica, y de relevancia del control de los recursos públicos. «Si en 2015 recibimos 4.600 denuncias, en 2019 recibimos 20 mil; y el año pasado recibimos 40 mil. Eso nosotros lo vemos como un reconocimiento al trabajo, en que la ciudadanía espera una respuesta a los cuestionamientos que se hacen al sector público y esa respuesta la puede dar la Contraloría», sostuvo.
En este sentido, en 2020 la Contraloría auditó a 1.874 instituciones del ámbito municipal y no municipal. Esto se realizó a través de 637 auditorías, 187 investigaciones especiales, 1.995 atenciones de referencia y 44 inspecciones de obra pública.
Por otro lado, a través del portal institucional se recibieron 37.369 denuncias y 1.850 sugerencias de fiscalización.
Además, se emitieron 21.296 dictámenes e ingresaron para toma de razón 15.466 documentos y se fiscalizaron 112.030 Declaraciones de Patrimonio e Intereses.
El contralor Bermúdez señaló que «el ejercicio de un control administrativo ágil y oportuno se transformó en un apoyo para enfrentar la pandemia, promoviendo que los recursos públicos se invirtieran de manera eficiente, oportuna y de cara a la ciudadanía».
Por ello, el trabajo de la Contraloría en 2020 se dio teniendo como ejes de acción la incorporación de técnicas de análisis de datos masivos para la detección de irregularidades y el ejercicio de un control administrativo que no obstaculizara a la primera línea del control de la pandemia ni expusiera la salud de los equipos de fiscalización.
Respecto de la gestión financiera del Estado, ésta incluyó 661 entidades contables, distribuidas en 254 servicios públicos del gobierno central, 345 municipalidades, 32 Empresas del Estado e Institutos Tecnológicos CORFO y 30 Instituciones de Educación Superior del Estado (18 universidades y 12 centros de formación técnica).
«Esa es la visión que tenemos en nuestro Plan Estratégico, de manera de ayudar a construir la confianza en el sector público en general, y en la Contraloría en particular. Y para eso, entonces, con los mismos recursos, hemos logrado formar capacidades dentro de la Contraloría para poder realizar labores con inteligencia artificial, uso de algoritmos y análisis y uso de datos. De eso da cuenta el gran nivel de hallazgos que tenemos a propósito de nuestras fiscalizaciones», explicó el contralor.
La confianza en la Contraloría también se demostró en el aumento de los funcionarios del Estado que se inscribieron en los cursos que imparte el Centro de Estudios de la Administración del Estado, creado en 2016. De hecho, solo en 2020 hubo 45 mil funcionarios capacitados, lo que también es un reconocimiento a la valía del trabajo que realiza la Contraloría General. (Emol)
