Este lunes la defensa de Marco Enríquez-Ominami recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para buscar el sobreseimiento por el presunto delito de fraude de subvenciones que le fue atribuido al ex candidato a La Moneda en la causa que lleva adelante la fiscal, Ximena Chong.
Los defensores públicos Carlos Mora y Octavio Sufán insistieron en el Tribunal de Alzada capitalino su teoría a que el único responsable del control de ingresos y gastos de campaña del ex candidato, en caso de existir irregularidades, era el administrador electoral y no su representado.
“Los gastos que originalmente fueron aprobados por Servel y que respecto de los cuales el Ministerio Público inició una investigación, son responsabilidad del administrador electoral y no de los candidatos, según lo establece la ley”, argumentan los juristas.
El recurso de apelación presentado va en contra a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que el miércoles de la semana pasada, rechazó liberar de todos los cargos al ex candidato presidencial, quien ya fue sobreseído de delitos tributarios.
De acuerdo a los fundamentos expuestos por Mora y Sufán ante el tribunal de primera instancia, el control de ingresos y gastos era responsabilidad del administrador electoral, quien –según la ley establecida para esos efectos- actúa como mandatario para ello.
“Por lo anterior, en el marco de sus facultades, dicho administrador –quien también ejerció como tal respecto al Partido Progresista- fue quien el día 17 de diciembre 2013 realizó la rendición del gasto electoral que ha sido cuestionado por el Ministerio Público –pero, sin embargo, aprobada por el Servel- por tanto, en ningún, le cabría responsabilidad al entonces candidato”, explicaron desde la defensa de ME-O en un comunicado.
En este escenario, a juicio de la defensa, Marco Enríquez-Ominami no podría ser objeto de una imputación penal de la Ley 19.883 de Gasto Electoral, pues necesariamente establece una figura externalizada para el control y rendición de los gastos de campaña.
En paralelo, la defensa del ex líder del PRO buscará que la Corte confirme el fallo que lo sobreseyó por los delitos tributarios, pues la Fiscalía intentará revocar el mencionado dictamen. (Bio Bio)
