A medida que la gratuidad en la educación superior comienza a experimentar una relativización acerca del alcance de la misma –de la cobertura universal anunciada en el Programa de Gobierno se está sincerando que solo se llegará al sexto decil en 2018– se comienzan acentuar las tensiones y conflictos propios de toda innovación pública. Más allá de si estas son el resultado del diseño procedimental o de las tensiones entre la institucionalidad pública y los actores del sistema, lo que observamos –en el caso del diseño de la reforma al sistema de educación superior– es un problema de baja gobernanza.
El concepto de gobernanza se asocia con la capacidad de coordinación y dirección de los gobiernos en medio de entornos caracterizados por la incertidumbre y la baja previsibilidad. Esto es, del modo por el cual el Gobierno se organiza para cumplir con la tarea de gobernar a los gobernados de modo de generar gobernabilidad.
El actual déficit de conducción o de gobernabilidad de la reforma no solo tiene que ven con que el precio del cobre parece estar colocando límites a los sueños, sino que, fundamentalmente, con la limitada capacidad de gobierno que se expresa cuando la Presidenta viene intentado desde hace 12 meses –en circunstancias de una baja gobernabilidad del sistema educativo– llevar adelante un proyecto de transformación social exigente. Hemos observado desde el Mineduc problemas de gestión política y burocrática, liderazgo, comunicación y ausencia de una estrategia de orden.
Estos hechos ponen la discusión sobre la necesidad de prestar atención al nuevo proceso de gobernar. Es decir, a cómo los gobiernos construyen y desarrollan sus decisiones. No se trata solo de privilegiar la elaboración de una estrategia de poder –descomodificar la educación en todos sus niveles–, sino también de la necesidad de contar con una estrategia de orden que permita sortear los obstáculos que le ofrece un medio que no es pasivo, sino activamente dinámico.
Hasta ahora, a las autoridades del Mineduc les ha faltado capacidad de conducción o dirección que se exprese en acciones y decisiones que pongan límite a los intentos de los actores –especialmente el CRuch– por capturar el proceso de reforma y que puedan encauzar adecuadamente el ciclo de movilizaciones y protestas que se activará a propósito de la nueva postergación del envió del proyecto a trámite legislativo.
Marco Moreno
Decano Facultad Ciencias Políticas y Administración Pública U. Central
