El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió en defensa del subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, quien culpó -en última instancia- a los candidatos presidenciales de la oposición Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) de la violencia ocurrida en el segundo aniversario del «estallido social» del 18 de octubre.
La acción de Galli fue cuestionada por la oposición que acusó un posible intervencionismo electoral e incluso recurrió a la Contraloría General de la República para que se pronuncie.
«Cuando uno tiene trayectoria en el servicio público está expuesto al escrutinio y lo que ha hecho el subsecretario Galli es una recopilación de algunas personas que públicamente, o a través de sus redes sociales oficiales o el ámbito legislativo, han tomado decisiones, han tenido una línea editorial», dijo desde Antofagasta, donde monitoreó la destrucción de 50 toneladas de fuegos artificiales y otros elementos explosivos.
Agregó que «si hoy esas personas no se sienten tan orgullosas de lo que hicieron, dijeron o publicaron ya es problema de ellos, pero el subsecretario lo que ha hecho es una recopilación que es pública y que habla de personas que llamaron a quemarlo todo, de personas que presentaron un proyecto de ley, de personas que hicieron alguna apología de la violencia o personas que en alguna oportunidad emitieron declaraciones para justificar la violencia para llegar a la Convención Constituyente que tenemos hoy».
El secretario de Estado también respondió a las críticas en cuanto a no cumplir con la labor política de resguardar el orden público en dicha jornada de movilizaciones a nivel nacional, empañada por saqueos y barricadas, incluso la muerte de dos personas que investiga el Ministerio Público.
«Nuestra responsabilidad es controlar el orden público, prueba de aquello es que solamente la jornada del 18 para el 19 tuvimos 419 detenidos, carabineros heridos producto de distintas situaciones violentas«, señaló, recalcando que los efectivos policiales sí «estaban desplegados».
Con todo, envió un mensaje al Poder Judicial. «También nos gustaría que el trabajo de esos carabineros desplegados, 19 mil en todo Chile, tenga efecto y un eco en la justicia. ¿Por qué lo digo? Porque presentamos nueve querellas que involucraban a 100 personas y solamente 14 quedaron con prisión preventiva y el resto con otras medidas cautelares, algunos incluso en libertad y otros en su casa con una cautelar de arresto domiciliario nocturno».
SOLO 14% DE IMPUTADOS DE DESORDENES CON PRISIÓN PREVENTIVA
Una de los argumentos que Carabineros entregó para justificar su estrategia de repliegue y detención en delito flagrante durante los desmanes del lunes 18 de octubre en Santiago fue el alto número de detenidos. A nivel nacional fueron 450 las personas arrestadas, de las cuales 224 corresponden a la Región Metropolitana. Sin embargo, una cosa es la aprehensión y otra, el resultado judicial que luego se logra en tribunales.
El Ministerio del Interior decidió querellarse en los casos de saqueo y lanzamientos de bombas molotov más graves en la Región Metropolitana. En total, se presentaron nueve acciones judiciales de este tipo en contra de 98 personas, donde destacan los casos de un masivo saqueo al supermercado Unimarc, en la intersección de Portugal con Alameda.
Fueron 57 personas querelladas por este robo en lugar no habitado, desde donde se sustrajo mercadería, electrodomésticos y todo tipo de enseres. Además, se reportaron daños a la infraestructura del local, lo que motivó una querella de Unimarc en la causa. Tanto el gobierno como el abogado de la empresa pidieron la prisión preventiva de los imputados, mientras que el Ministerio Público sólo pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿Qué decidió el tribunal? Acogió el requerimiento de la fiscalía.
El Ministerio del Interior pidió la prisión preventiva en todos los casos de saqueos, y uno que correspondía al lanzamiento de una bomba molotov. Sin embargo, su requerimiento llegó a puerto en 14 oportunidades. Del total de querellados por el gobierno, formalizados por la fiscalía, sólo un 14% quedó con la medida más gravosa. El resto se reparte entre el arresto domiciliario y cautelares de menor intensidad.
Otro de los masivos saqueos donde hubo personas formalizadas es lo que ocurrió en Lo Prado, donde un supermercado Lider se vio afectado por robos ese día. Acá, Interior presentó una querella contra los 13 detenidos para quienes pidió la prisión preventiva, sin embargo, solo se accedió a esta medida cautelar en cinco casos, otros cinco quedaron con firma mensual y el resto fueron menores de edad que quedaron con prohibición de acercarse al local.
En el gobierno no quedaron conformes ni con las resoluciones ni con las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, consultado si a su parecer lo que falló fueron los medios de prueba o la tramitación del Ministerio Público, éste indicó a La Tercera PM que “Carabineros hizo su trabajo con un muy buen despliegue operativo, donde se lograron detenciones y se remitieron querellas en los casos más graves, junto con solicitar la prisión preventiva, sin embargo, el Ministerio Público y el juzgado de garantía consideraron que no ameritaba esta medida cautelar para personas que se aprovecharon de un contexto de manifestación para cometer delitos”.
La autoridad agregó que “estos delitos ocurrieron en Lo Prado, Quilicura y el centro de Santiago, donde estos locales son fundamentales para el abastecimiento. Probablemente para todas las víctimas -y también para nosotros- es inentendible que quien sea detenido por esto termine durmiendo en su casa tranquilamente. No es lo mismo un saqueo en cualquier día a uno cometido aprovechándose de un contexto masivo”.
En el gobierno hay varios análisis de lo ocurrido el lunes. Por un lado, destacan que Carabineros no recibió ninguna denuncia en contra por alejarse de sus protocolos o vulnerar los derechos humanos de los manifestantes, lo que
-consideran en el Ejecutivo- es una buena muestra de los avances en la reforma policial.
Sin embargo, por otro lado, estiman que los hechos delictuales fueron más masivos, donde los saqueos fueron muchos. Además, explican que, a diferencia del año pasado, se repitieron más eventos violentos en comunas alejadas del centro de Santiago, y también en regiones.
Pero hay otra cosa que también “inquieta” en La Moneda: el rol de la fiscalía. Aunque el fiscal nacional, Jorge Abbott, dispuso la presencia de fiscales en las dependencias de OS-7 y OS-9 durante el 18 de octubre, para así trabajar en conjunto ante la eventual apertura de investigaciones por delitos flagrantes, en el gobierno estiman que esto no es suficiente.
Ponen como ejemplo, en el Ejecutivo, que no existe el “mismo énfasis, el mismo impulso” para indagar los casos relacionados al orden público, como sí los que tienen eventuales implicancias contra Carabineros.
DIPUTADO HIRSCH OFICIA A INTERIOR
El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, ofició al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior, de Prevención del Delito y a Carabineros para conocer los protocolos de la policía uniformada ante las manifestaciones realizadas el lunes 18 de octubre, en el marco del segundo aniversario del estallido social. Esto, ante las acusación de «no actuación» de los efectivos policiales durante esa jornada.
Concretamente, el documento solicita a dichas instituciones que se informe la “constancia de orden de actuar u orden de no actuar en las manifestaciones públicas realizadas el 18 de octubre de 2021, junto con los protocolos de actuación, y las modificaciones que se hicieron respecto del protocolo anterior que llevo a la violación de los derechos humanos de manifestantes y civiles no manifestantes en el contexto de las protestas del 18 de octubre de 2019”.
Al respecto, el diputado Tomás Hirsch comentó que “he oficiado para saber cuáles fueron las instrucciones que tenía Carabineros de Chile para este 18 de octubre ¿Había orden de actuar o de no actuar?».
«Hemos escuchado a algunos senadores del oficialismo decir que habían instrucciones expresas y precisas del Gobierno para que la policía no hiciera absolutamente nada. Luego se culpa a unos u otros por los saqueos, mientras que Carabineros no actuó. Es importante que respondan este oficio a la brevedad”, añadió el legislador. (Emol-La Tercera-El Mostrador)
