El Servicio de Impuestos Internos (SII) está en alerta. ¿La razón? La moción parlamentaria que le quitaría la exclusividad del ejercicio de la acción penal frente a delitos tributarios, compartiendo dicha potestad con el Ministerio Público. La iniciativa se da en medio de la controversia por la decisión del organismo de cerrar algunos casos de financiamiento irregular de la política sólo con sanciones administrativas.
El órgano fiscalizador ha remarcado los efectos de que esa moción avance. Y la semana pasada endureció su postura. En un informe en derecho enviado a la comisión de Constitución de la Cámara, el SII advirtió cuatro impactos negativos del proyecto e identificó dos “vicios de constitucionalidad”.
En un escrito de 28 páginas, realizado por la Subdirección Jurídica, advirtió que un cambio en el Artículo 162 del Código Tributario resultaría “perjudicial” pues se afectarían potestades como el rol fiscalizador del organismo.
En este punto, el estudio señala que una de las principales funciones de la entidad es fiscalizar la correcta determinación y pago de los impuestos, lo que el SII logra mediante las facultades de fiscalización y auditoría, que incluyen mecanismos como los requerimientos de información, las citaciones a declarar y las observaciones a las declaraciones de los contribuyentes, entre otros.
“Cuando el contribuyente persiste en su incumplimiento, la legislación plantea otra herramienta para que el servicio pueda cumplir su principal función, que es el ejercicio de la acción penal y sanción pecuniaria”, dice el informe, que destaca que dicho ejercicio “debe ser entendido como una herramienta coadyuvante y, por tanto, ejercida en forma excepcional y en el contexto de afectar o modificar la conducta del contribuyente”, dice el escrito.
En un segundo punto, el SII advierte que la ley actual “impide” que haya un doble juzgamiento de los delitos tributarios en sede administrativa y penal tributaria, algo que podría revertirse de aprobarse la moción.
“El servicio podría optar por ejercer la acción pecuniaria y en paralelo el Ministerio Público ejercer la acción penal, lo cual generaría una pugna de procedimientos por parte de los dos órganos del Estado, lesionando el debido proceso y vulnerando un procedimiento racional y justo, y atentando contra el principio de certeza jurídica”, sentencia el artículo.
En tercer lugar, el SII plantea que con la actual norma se “resguardan” los antecedentes particulares de cada contribuyente. Esa información, dijeron, “está protegida por una serie de normas de carácter legal, lo cual, en el nuevo proyecto de ley, no se explica cómo se mantendría”.
Y en cuarto lugar, el fiscalizador apela a que el artículo 162 está en línea con las prácticas internacionales, citando como ejemplo a países como Alemania, Holanda y EEUU.
INCONSTITUCIONALIDAD
Acorde al análisis del SII, la normativa sería contraria al artículo 65 de la Constitución, el cual consagra que es de iniciativa “exclusiva” del Presidente de la República la determinación de las funciones o atribuciones de los organismos del Estado.
El fiscalizador agrega que un segundo vicio sería que el tópico es una norma legal con carácter de Ley Orgánica Constitucional, por lo que debiera contar con el beneplácito de cuatro séptimos de la Cámara y del Senado en ejercicio (inciso segundo del artículo 66 de la Carta Magna).
IMPUESTOS INTERNOS PRESENTÓ 229 ACCIONES PENALES EN 2016
El mayor nivel de actividad penal en los últimos cuatro años ejerció el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2016. Según un informe del organismo, en el período presentó 229 querellas o denuncias por delito tributario, el nivel más alto desde el 2013. En concreto, en dicho ejercicio presentó 157 acciones penales, mientras que en 2014 -año en que comenzaron a investigarse los casos de financiamiento irregular de la política- se lanzaron 173 procedimientos. En 2015, en tanto, llegaron a 155.
Eso sí, en términos de perjuicio fiscal involucrado, el año pasado marcó una de las cifras más bajas del período, al presentar acciones penales por $ 49.000 millones, $ 12.000 millones menos que en 2015 y lejos de los $ 321.000 millones del 2014.
CEP ORGANIZA SEMINARIO
En otro tema, el Centro de Estudios Públicos (CEP) organizará un seminario para debatir el ejercicio de la acción penal en delitos tributarios. Esto, en medio de la moción que quita dicha exclusividad al SII para que sea compartida por la Fiscalía, en el contexto de las investigaciones por financiamiento irregular de la política y la decisión del organismo fiscalizador de perseguir la sanción administrativa por sobre la penal en algunos casos..
El 6 de junio a las 18:30 se realizará el foro «¿Quién debe iniciar la acción penal en materia tributaria?», en la que expondrán el exdirector del SII y socio de Bofill Escobar, Ricardo Escobar, y el presidente ejecutivo de Espacio Público y docente de Derecho de la UDP, Mauricio Duce.
Moderará el subdirector del CEP, Lucas Sierra. (DF)
