La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, junto al vicepresidente, Jaime Bassa, comunicaron este martes que aún no están dadas las condiciones técnicas y sanitarias en el edificio del Congreso en Santiago para dar inicio al trabajo del órgano, acusando obstruccionismo de parte del Gobierno.
Tras realizar una visita inspectiva esta mañana, la titular de la instancia relató que «hemos revisado las dependencias y está como ayer nos fuimos (…) acabamos de revisar nuestras oficinas y la verdad que no tenemos ni computadores para comunicarnos con los convencionales y esa es la situación».
«Para nosotros es muy importante usar este canal público para que se enteren los convencionales que todavía estamos con esta dificultad. Todavía no se instala nada distinto, lo revisamos. Los canales todavía no están habilitados«, añadió, junto con reconocer que aún no tienen contacto formal con todos los convencionales.
«Anoche muy tarde nos llegó a nosotros la base de datos de los constituyentes, pero el canal de comunicación tiene que hacerse electrónicamente, por eso fuimos a revisar y no tenemos aún computadores. La explicación es insatisfactoria, porque las razones que ellos aluden son problemas técnicos, pero aquí hay una cuestión de fondo que es política», advirtió.
Según Loncon, «la Constituyente debiera estar sesionando desde ayer y no están las condiciones, estamos dando una muy mala señal para el país. Hubo meses para instalar, contrataciones anteriores, hubo tiempo para probar que los sistemas funcionaran y todo eso no se hizo».
En ese contexto, Bassa informó que a los convencionales «que todavía no tenemos un canal de comunicación oficial con ellas, ellos y elles. En razón de ello, tengo que comunicar que llegamos temprano a estas dependencias a revisar el estado en que se encuentran estas instalaciones y no se han iniciado los trabajos todavía».
«Hemos constatado que nuestras oficinas, de la presidenta, vicepresidente y secretario técnico no están habilitadas, no tienen computadores, impresoras, teléfonos. Solo tienen luz y escritorios. Luego, los constituyentes nos convocamos a las 10 de la mañana, pero esa sesión no se va a producir», recalcó.
AGENDA Y CRÍTICAS AL EJECUTIVO
En ese contexto, solicitó «humildemente a los constituyentes que se presenten hoy a las 10 en el Congreso para acreditación digital de cada uno de ellos, porque hasta ahora no tenemos credenciales y para hacer el levantamiento sanitario respectivo y tener la plena certeza de que vamos a poder sesionar con seguridad».
«Los compromisos que asumió el gobierno no se han cumplido», lamentó, junto con adelantar que «a las 10 de la mañana nos reuniremos con el rector de la Universidad de Chile donde vamos a revisar las instalaciones que tienen disponibles para evaluar durante el día la posibilidad de que sesionemos en ellas».
Además, destacó que «a las 12 tendríamos una reunión con la presidenta del Colegio Médico que nos presentará un protocolo sanitario para resguardar y elevar el estándar de control sanitario de los constituyentes que vamos a sesionar. A las 15 horas, tenemos reunión con el equipo de la Segpres para evaluar el estado de los trabajos«.
«Esta mesa va a evaluar si las condiciones técnicas, de apoyo administrativo y sanitarias están garantizadas para poder sesionar en este edificio mañana o no. Si no están, no vamos a sesionar en este edificio y eso es responsabilidad del Gobierno y vamos a sesionar por tanto en el edificio central de la Universidad de Chile«, sostuvo.
Finalmente, subrayó que «este no es un problema administrativo o técnico, no es que haya fallado un enlace para la conexión de no se qué. Este es un problema político, acá hay una forma de organización del poder popular e institucional que está contando con la obstrucción del poder Ejecutivo y no lo vamos a permitir».
CÁMARA DESLINDA RESPONSABILIDADES
«Es lamentable lo que está sucediendo», afirmó este martes el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga (EVO), al recordar lo que ocurrió durante la jornada anterior: la suspensión de la primera jornada de trabajo de la Convención Constitucional por «falta de condiciones sanitarias y técnicas» en el ex Congreso, recinto donde se reunieron para deliberar.
El espacio, originalmente a cargo del Legislativo, fue puesto a disposición del órgano constitucional. «Había que mejorar la puesta en escena de las salas», dijo en radio Universo, donde se le leyó un contrato por $805 millones para esa tarea. «Los dineros fueron para la habilitación de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, que todos ustedes la vieron y está debidamente implementada», dijo.
Sin embargo, Undurraga fue enfático en remarcar que «la administración e implementación (del primer piso) nosotros la cedimos«. «Nosotros prestamos el edificio y todo nuestro expertise para poder implementar la mayor cantidad de cosas posibles, como por ejemplo el sistema de votación y cómo se transmite», detalló.
«Nosotros ofrecimos la colaboración completa y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) decidió tomar ellos la administración del tema», dijo. «Nosotros no tenemos responsabilidad, yo ni siquiera puedo entrar hoy al ex Congreso como diputado. No nos compete (…) La administración del edificio fue entregada con fecha del mes pasado: se firmó un convenio entre el presidente de la Cámara y el ministro Ossa«, agregó.
«El Presidente de la República, en un decreto, señaló a quién le correspondía la administración y no nos corresponde a nosotros», reiteró.
Pese a las críticas, Undurraga pide «no dramatizar» y desaprueba las peticiones de renuncia a Ossa. «Aquí estamos aprendiendo. Chile es uno de los primeros países que hace una convención constitucional. Nunca la habíamos hecho nosotros en nuestra historia», señaló.
SEGPRES DESLINDA RESPONSABILIADES
«La imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional». «No era posible establecer una comunicación directa con los Convencionales Constituyentes, lo que imposibilitaba una planificación exitosa».
Estas dos frases son parte de la resolución de la Secretaría General de la Presidencia, fechada el 2 de julio pasado, donde se autorizó un contrato directo con la empresa SM Corp por $450 millones para la «producción de la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, ente otros servicios afines (incluido el mobiliario y habilitación de salas)».
El documento –disponible en Mercadopublico.cl- se hace cargo de los argumentos para justificar el trato directo con la empresa, pero también da luces de los problemas de producción vividos al interior de la Segpres en los días previos a la instalación de la Convención, un tema de la mayor relevancia luego de que ayer se suspendiera por dos días la realización de la primera sesión de la convención.
La resolución de la Segpres es la N° 516, firmada por Texia Gutiérrez, jefa de la División de Administración General de esa cartera, y autoriza el contrato entre esa cartera (representada por el subsecretario Máximo Pávez) y Street Machine Corp.
Ambos documentos (resolución y contrato) están fechados el viernes 2 de julio: dos días antes la instalación, y tres antes de la primera sesión que debía realizarse ayer, pero que fue suspendida por «problemas técnicos».
Este último episodio gatilló una serie de críticas de los miembros de la convención al gobierno planteando, incluso, la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa.
Los hechos La resolución parte recordando que, según la Constitución, es «responsabilidad del Presidente de La República o los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario, para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional, funciones que recayeron en la Segpres».
Para llevar adelante este cometido, se suscribió un «convenio de colaboración» entre la Segpres y la Cámara de Diputados, donde la Cámara se comprometió a «prestar la colaboración que sea necesaria para dicho objeto».
Luego se transfirieron recursos desde Segpres a la Cámara por $805 millones con la finalidad de que este último «ejecutara las obras necesarias y realizara los procesos de compra para habilitar la infraestructura, mobiliario, equipos computacionales o bienes muebles para el funcionamiento de la Convención Constitucional» en la sede Santiago del Congreso.
La resolución hace mención a una reunión del 24 de mayo de 2021, entre el Ministerio y la Cámara, donde «esta última indicó que no estaba en condiciones de asumir la totalidad de las acciones y actividades acordadas en el convenio, por no contar con la capacidad suficiente de equipos técnicos y de proveedores disponibles para ejecutar lo convenido y, en particular, todo lo referido a la habilitación de las distintas salas de reuniones o espacios anexos al hemiciclo».
Es más, dice el documento, «la imposibilidad por parte de la Honorable Cámara de Diputados de habilitar las salas de reuniones del Congreso Nacional genera un imprevisto para el ministerio, que puede impactar directamente en el efectivo cumplimiento de sus funciones de apoyo a la Convención Constitucional, dado que el inmueble señalado debe estar en condiciones de recibir a las Convencionales Constituyentes la primera semana del presente mes».
Este último punto es de especial interés, pues sería la razón –según la Segpres- del por qué la premura con la cual se trabajó en estas últimas semanas.
APROBACIÒN DE CONVENCIONALES
El subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Máximo Pavez, informó este martes que la mesa de la Convención Constitucional liderada por Elisa Loncon y Jaime Bassa, aprobaron la serie de arreglos técnicos que llevó a cabo el Gobierno para que el órgano pueda sesionar cuanto antes.
Tras sostener una reunión con las autoridades de la instancia, el funcionario del Ejecutivo explicó que «a nombre del Gobierno queremos anunciar que todas las cosas que estaban pendientes fueron dadas buenas por la mesa de la Convención».
«Las pruebas de conexión digital y el sistema de internet y las conexiones telemáticas están funcionando. Creemos que están todas las condiciones dadas», añadió Pavez, junto con reconocer la responsabilidad que tuvo La Moneda en los errores detectados ayer y que provocaron el fracaso de la primera sesión de trabajo de la Convención.
Según explicó, «tuvimos inconvenientes técnicos de fuerza mayor que durante la noche por problemas con un proveedor y el Gobierno se ocupó de solucionar en 24 horas (…) hubo un error técnico que quedó saldado», agregando que es preciso desmentir «cualquier tesis que se aleje de lo obvio», en referencia a una supuesta intencionalidad política para impedir el trabajo de los convencionales.
Asimismo, recordó que «durante la tarde, en unas horas más, recibiremos una propuesta de protocolo. Hay aspectos sanitarios que ya están aprobados por la Convención. Tenemos que profundizar la señalética covid y ya se han hecho 86 test de antígenos negativos en el Palacio Pereira».
Por último, el subsecretario agradeció la disposición que mostró la Universidad de Chile, por medio de su rector, Ennio Vivaldi, para buscar soluciones. (Emol)
