Una serie de abogados denunció la compra, por trato directo, de 900 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución ante la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata de las copias que mandó a imprimir el Gobierno y que, a partir de este lunes, fueron puestas a disposición de la ciudadanía en todas las regiones del país.
El representante del grupo, Marcelo Brunet, señaló que tienen “una preocupación grande respecto a la legalidad del gasto. Hemos estimado una serie de situaciones complejas, como por ejemplo que se asigna la partida presupuestaria a un órgano que constitucionalmente no existe desde el momento en que la Convención termina sus sesiones”.
Cabe recordar que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que estos ejemplares fueron costeados con fondos que quedaron disponibles tras el cierre del órgano constituyente.
“Esperamos imprimir más también, porque van a votar 15 millones de personas”, sostuvo en aquella oportunidad la exdiputada del PC.
Por otra parte, Brunet aseguró que la Segpres efectuó un gasto sobre materias que “no son propias de sus atribuciones”, puesto que la difusión de los contenidos públicos le correspondería al Ministerio Secretaría General de Gobierno.
“En tercer lugar, y probablemente lo más preocupante, es que se efectúa la contratación en forma de trato directo, lo que a nuestro juicio corresponde a una situación de ilegalidad”, dijo.
En ese sentido, explicó que el trato directo se puede realizar cuando “existen situaciones distintas a las de la normalidad, o sea, cuando existan situaciones de urgencia o relacionadas con un imprevisto”.
“Todos sabíamos que el plebiscito constitucional se iba a realizar el 4 de septiembre, por lo que no podríamos estar hablando de un imprevisto”, concluyó. (Bio Bio)
