En algunos países, los trabajadores pueden elegir entre la atención sanitaria privada o estatal. En España, desde hace décadas, los funcionarios públicos pueden optar por un régimen especial de seguridad social. Este modelo mutualista, permite a estos trabajadores elegir entre la sanidad pública o privada otorgada por seguros, siendo un caso excepcional en España, donde la mayoría de la población está afiliada al sistema público de salud. Actualmente, más de 2 millones de beneficiarios, que representan al 80% de dichas personas y sus familias, han elegido no recurrir a la sanidad estatal. Entre las mutualidades, Muface ofrece seguros al personal civil de la administración general del Estado, Hacienda, Policía Nacional y docentes; Isfas cubre a militares y Guardia Civil; y Mugeju atiende a quienes trabajan en la Justicia, entre otros.
En Chile, la ley también permite a los trabajadores elegir entre el régimen de la seguridad social estatal o un seguro privado regulado (Isapre). Para ello, deben destinar su aporte a la seguridad social (7% de su renta) al régimen elegido. Sin embargo, en la práctica sólo aquellos que tienen mejores ingresos y una declaración de salud adecuada pueden afiliarse a una Isapre. Así, casi 3 millones decidieron reemplazar la seguridad social estatal por la privada. Se ha demostrado que, cuando se les permite escoger, una mayoría prefiere la salud privada. Como se aprecia, en ambos países existe un derecho a elegir, aunque restringido por diversas regulaciones y excesiva exposición a los vaivenes políticos.
Recientemente en el sistema de mutualismo, el Gobierno español ha propuesto un aumento del 17,12% en las primas para los próximos dos años, con el fin de hacer frente a los crecientes costos de la atención sanitaria y mantener el interés de las aseguradoras para la renovación de sus contratos. No obstante, estas habían solicitado un incremento del 38% debido a las pérdidas significativas que venían experimentando por largo tiempo. Para dimensionar este déficit, se estima que la prima que el Estado español transfiere a estos seguros es aproximadamente un 50% inferior al costo per cápita de su propio sistema sanitario. En Chile, las Isapres también enfrentan un gran déficit financiero. Diversas barreras legales, nuevas obligaciones no contempladas en los contratos e insólitos fallos judiciales han impedido a estas instituciones ajustar sus primas para compensar los aumentos de costos, lo que ha puesto en una difícil situación al sistema.
Algunos sectores políticos se oponen a la colaboración público-privada en salud, pues lo consideran un paso a la «privatización de la sanidad». Este enfoque, ha motivado numerosos obstáculos para los seguros regulados o concertados. La presión a la que se someten hace que su situación financiera se deteriore, y cada vez menos compañías están dispuestas a participar en estos acuerdos con el Ejecutivo. Prefieren ofrecer seguros de salud no regulados ni sujetos a decisiones políticas. Los gobiernos se obsesionan con hacer crecer los servicios estatales. Por ello, cuando el Estado regula y controla a su competidor, lo hace limitando su desarrollo y constriñendo las opciones de elegir de los ciudadanos, porque sabe que preferirían los servicios privados. En este contexto, la salud estatal es impulsada por razones ideológicas, sin considerar las preferencias y necesidades de los pacientes, y va adquiriendo una posición dominante y monopólica, que limita la expansión del sector privado hacia sectores de menores ingresos.
Los seguros privados en España han desarrollado modelos integrados de atención con hospitales modernos y servicios de alta calidad y los que pueden lo valoran y pagan por ello, aunque también financien con sus aportes a la seguridad social. En Chile, las Isapres en sus 40 años de existencia también han dejado un legado de una medicina de alta calidad, sin listas de espera y con una infraestructura hospitalaria comparable a la de países desarrollados.
En consecuencia, lo correcto no es desmantelar estos sistemas, sino al contrario, elevar el derecho de elegir a todos los ciudadanos que hoy no tienen tal privilegio. Es necesario, entonces, tomar conciencia sobre la importancia de promover regímenes de seguridad social que permitan una mayor flexibilidad para la elección en salud, e implementar medidas y financiamiento estatal adecuado para que cada vez más personas puedan tomar sus propias decisiones en materia de atención sanitaria sin afectar su patrimonio.
El derecho a la salud, reconocido universalmente, debería incluir también el derecho a elegir, para evitar el monopolio estatal. (El Líbero)
Andrés Montero
Rafael Caviedes
