Quienes adherimos a la libertad estamos en deuda con una reflexión profunda y una narrativa sólida respecto de los derechos sociales y económicos de las mujeres en Chile.
Cada vez que sectores radicales o progresistas proponen iniciativas paritarias, insistimos con convicción en la necesidad de respetar los principios de igualdad ante la ley, libertad de asociación y meritocracia. Pero no advertimos que ese discurso, que se limita además a ser puramente reactivo, ya no es suficiente para enfrentar los complejos desafíos que plantea la integración equitativa (y no necesariamente igualitaria) de las mujeres en la actividad económica del país.
El resultado es, por cierto, contrario al que persiguen quienes sistemáticamente reaccionan en contra de todas y cada una de las iniciativas paritarias: la cuota o paridad vinculante más dura se impone sin matices en el ámbito público, privado y académico (baste ver el nuevo proceso constitucional), y de paso, el mercado es denostado en su idoneidad ética para mejorar la vida de millones de chilenas.
Así, es dable anticipar que algunos de los legisladores naturalmente llamados a cuestionar la intromisión vinculante del Estado en la organización empresarial sucumban a la presión pública y terminen votando favorablemente el proyecto de ley sobre integración paritaria de gobiernos corporativos (especialmente si se discute en el Mes de la Mujer). Esto es grave no sólo porque da cuenta de una estrategia política ineficaz, sino sobre todo porque muestra un profundo desconocimiento sobre la relevancia multidisciplinaria de los estudios de género, y lo indispensable que resultan si se quiere compatibilizar la equidad femenina, con la protección de la familia y la defensa de la democracia liberal y representativa.
La necesidad de admitir y abordar con determinación las cuestiones pendientes en materia de derechos económicos de las mujeres (brechas, subrepresentación, y costo social del cuidado prioritariamente femenino) no debiera entenderse como tibieza política. Para entender esto es indispensable que líderes y académicos de la economía y el derecho se interioricen sobre los contenidos y matices que ofrecen las diversas corrientes feministas en la discusión sobre los derechos sociales y económicos de la mujer.
Ese conocimiento, y no la persistencia antifeminista, es lo que permite hoy proponer narrativas creativas y modernas compatibles con la libertad, contextualizando el tema de la mujer en el marco de la necesidad de crecimiento económico, y a la vez, denunciar una serie de inconsistencias en las que han incurrido los feminismos colectivistas que, en Chile, están ya acostumbrados a navegar en estos temas sin legítimo contradictor.
Los últimos años han demostrado lo errado que resultó confiar en que el crecimiento económico y la potente reducción de la pobreza experimentadas por nuestro país serían suficientes por si solos para justificar, en la conciencia de nuestros compatriotas, las bondades del modelo abierto. Lo mismo ha ocurrido y continuará ocurriendo, lamentablemente, con la causa de la mujer, si quienes adherimos al modelo libre no ampliamos nuestro conocimiento y actitud frente a los desafíos que para la economía y el derecho representa la mujer hoy.
La defensa del principio de igualdad como único argumento de la libertad frente a la instrumentalización del feminismo por parte de los colectivismos estatistas, continuará siendo estéril. (DF)
Fernanda García
