Una mayoría de las personas que participaron en los movimientos posteriores al estallido social lo hicieron en demanda de una expansión en los derechos sociales, e implícito en el voto a favor del Apruebo está la creencia de que los derechos garantizados y tutelados en el borrador de la nueva Constitución, si este se aprueba, se harán todos realidad. Craso error.
El costo estimado adicional de implementar las disposiciones de la nueva Constitución en materia de derechos educacionales, de salud, de vivienda y de pensiones, es de entre un 5,27 y un 8,02 por ciento del PIB (Betancor, Larraín, Martínez, Ugarte, Valdés y Vergara, 2022). Estos importantes costos y otros asociados a la implementación del citado borrador, hay que financiarlos con un aumento de las imposiciones, por intermedio de reducciones en otros gastos fiscales, y por incrementos de las recaudaciones tributarias, ya sea por mayores tasas de impuestos y/o por crecimiento económico.
La experiencia histórica sugiere que, por razones político-partidistas, no cabe esperar que el Fisco reduzca significativamente sus gastos. Además, los aumentos de ingresos tributarios generados por incrementos de tasas han tendido a ser menores que lo esperado. Es entonces el crecimiento económico el principal, sino el único, medio para recabar los fondos requeridos para el mayor gasto social. En materia de inversión, requisito práctico para el crecimiento, el borrador de nueva Constitución tiene una serie de disposiciones que la afectan negativamente, entre ellas, las que tienden a aumentar la estabilidad macroeconómica, aquellas que debilitan los derechos de propiedad, y las que caducan los derechos de agua y los reemplazan por permisos administrativos de vigencia relativamente breve.
A pesar de que no se han publicado estimaciones del efecto negativo que tendría la implementación del nuevo borrador sobre la inversión, será muy importante. Pese a que se trata de datos de solo dos sectores y que influyen también otros factores, llaman la atención al respecto las estimaciones dadas a conocer recientemente por la Corporación de Bienes de Capital (una caída de la inversión industrial de 7,5 por ciento este año y de 51,1 por ciento en 2023) y por la Cámara Chilena de la Construcción (una caída de la inversión inmobiliaria de 32 por ciento en el período junio 2022-junio2023).
Sin duda que la sola posibilidad de implementación del borrador de nueva Constitución está influenciando notoriamente el clima de inversión, por los desincentivos que contiene el último. Como en la práctica sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento será muy difícil -sino imposible- financiar los mayores gastos sociales, el corolario es que, de aprobarse el citado borrador, los derechos consagrados en él serán de puro papel. (La Tercera)
Rolf Lüders
