Gran revuelo causó durante la semana pasada la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones respecto de los movimientos bancarios que mantuvo durante los últimos años la Fundación ProCultura, una de las ONG indagadas en el marco del denominado caso Líos de Platas.
Y es que en medio de una publicación de Radio Biobío se dio cuenta de un documento que hacía referencia a los abonos “inconsistentes” que habría realizado a la entidad la ex primera dama y otrora pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos.
En concreto, como se advertía en el escrito, se contabilizan seis movimientos “sospechosos”: El primero, efectuado el 2 de agosto de 2021 por $973.500; el segundo, del 30 de septiembre de 2021 por $973.500; el tercero, el 2 de noviembre de 2021 por el mismo monto; el cuarto, el 26 de noviembre de 2021 por $1.000.000; el quinto, el 29 de diciembre por $773.500, y el sexto, el 3 de enero de 2022 por $773.500. En suma, los abonos totalizan $5.467.500.
Tras conocerse los antecedentes, Karamanos salió rápidamente a descartar lo señalado y aseguró que nunca hizo depósitos a la ONG. Sin embargo, en un primer comunicado, la abogada de ProCultura, Susana Borzutzky, aseguró que ella había hecho abonos por concepto de “devolución” de dineros.
Si bien ese último punto luego fue refrendado por la misma penalista minutos más tarde, negando que hubiesen existido tales abonos, la duda quedó instalada.
De hecho, justamente después de ese episodio se hicieron notar “discrepancias” entre la fundación y el equipo que llevaba la defensa.
Como pudo conocer La Tercera, esas diferencias no fueron menores y durante la jornada de ayer martes 8 de octubre se confirmó que Borzutzky había renunciado a la representación de la ONG y de sus dos principales controladores: Alberto Larraín y María Constanza Gómez.
“Confirmamos que hemos renunciado a la representación de ProCultura debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa. De esta manera, hemos decido renunciar a las defensas de ProCultura; su director ejecutivo, Alberto Larraín, y su representante legal, María Constanza Gómez”, manifestaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados.
Los cambios de versión
Según dio cuenta este medio, las diferencias entre las versiones entregadas por la fundación se debieron -como indicaron- a que inicialmente se entregó información sin que se chequearan los datos contables de la ONG.
“Tal como lo hemos dicho y es de público conocimiento, la investigación del caso ProCultura se encuentra reservada y estamos ciegos ante la investigación del Ministerio Público. Esto, además de impedirnos realizar una adecuada defensa técnica, también nos sorprende con filtraciones de prensa de las cuales no tenemos conocimiento previo”, comentaron.
Y agregaron: “Esta mañana nos enteramos de las menciones a Irina Karamanos, y tras un primer chequeo interno verificamos que efectivamente realizó trabajos para la fundación. Sin embargo, en este primer chequeo con la fundación se indicó de manera imprecisa que ella había realizado una devolución de un fondo, lo cual fue descartado tras depurar la información contable”.
Consultada la firma de abogados respecto de si ese “error” incidió en la renuncia de la representación, descartaron hacer comentarios.
