Dirigentes de diferentes federaciones que integran la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cuestionaron este miércoles la aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados del proyecto de inclusión, que termina con el lucro, copago y selección, iniciativa eje de la reforma educacional.
Valentina Saavedra, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), partió diciendo que el proyecto “se aprueba con una baja aprobación de la misma sociedad” la que fue “excluida” del proceso de construcción de la iniciativa.
Según hizo hincapié, el proyecto “aumenta las vías a través de las cuales se puede lucrar” y potencia mecanismos de segregación. “Vemos que el copago iría disminuyendo, aumentando la subvención” fomentando la “lógica de la competencia”, apuntó.
Estos conceptos “no responden” a las demandas de los estudiantes por las cuales se movilizaron entre 2011 y 2013, añadió.
“No se está respondiendo a las demandas del movimiento social (…) cuando se quiere solucionar un conflicto social lo mínimo es que los actores sociales seamos parte de la construcción (del proyecto)”, indicó.
Saavedra puso el acento “en que el ministro estuvo haciendo todo el año un show de participación”,haciendo referencia al plan de participación ciudadana. El proyecto tiene poca “claridad”, indicó, “porque el Gobierno intentó ponerse de acuerdo con todos y finalmente no se puso de acuerdo con nadie”.
La presidenta de la FECH remarcó que el proyecto “parece más un pegoteo de indicaciones (…) que un todo que tenga un objetivo claro. Esperamos que para este año, estas cosas cambien, se abra un diálogo más sustantivo, que los actores sociales seamos protagonistas de las reformas que se vienen”.
En lo que respecta al término de la selección, Saavedra recordó “que todos dan una cátedra filosófica de por qué la selección es mala, entonces es inexplicable que existan colegios a los cuales se les permita la selección. A los particulares pagados se les trata por sobre ley: pueden lucrar, seleccionar. Entonces, acá ¿los principios son para toda la sociedad o dependen de la situación económica si se aplican o no?”.
En su turno, Ricardo Sande, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica(FEUC), reiteró que los estudiantes piden “participación e incidencia”. “Se echa de menos un proyecto cohesionado y unido. Nuestra pregunta que hacemos como Confech es: ¿Cuál es la educación que el Gobierno quiere? Y ésa es una duda que tiene hasta la misma coalición. Lo que pedimos es coherencia y una lógica entre todos los proyectos”, destacó.
INSTITUTO NACIONAL
Poco después de la conferencia de prensa de la Confech, Elba Martínez y Omar Ibaceta,vicepresidenta y vocero del centro de padres del Instituto Nacional leyeron, en el frontis del colegio de calle Arturo Prat, una declaración pública en la que criticaron el proyecto de Inclusión.
Los apoderados, que desplegaron un lienzo que rezaba«¿Reforma o Deforma?», pusieron de relieve que la iniciativa impactará en que se pase “de la selección por mérito académico a una rifa, a un bingo”.
En la declaración se remarcó que el colegio “es gratuito, inclusivo y de calidad. Un 60% de los estudiantes proviene de hogares con ingresos menores a los 576 mil pesos mensuales. Un 29% proviene de hogares con menos de $288 mil pesos mensuales. Los resultados académicos de los estudiantes, a la hora de ingresar a la universidad, no dependen del ingreso de sus padres. La cuna aquí no manda”.
Añadieron que «por qué usar a nuestros hijos como conejillos de laboratorios. Esto hará caer la calidad de los alumnos».
Omar Ibaceta sostuvo que “el tema no pasa porque el instituto sea más o menos inclusivo. El tema pasa porque la educación pública en Chile no es inclusiva. Están atacando a este colegio inmisericordemente porque siempre ha seleccionado a los más capacitados. Y en todo orden de cosas en esta sociedad se elige a los más capacitados (…)”.
LA IGLESIA CATÓLICA
Duros reparos formuló la Conferencia Episcopal al proyecto de ley que elimina el lucro, el copago y la selección escolar, que fue aprobado recientemente en el Congreso.
A través de una declaración pública, firmada por el presidente del área de Educación, monseñor Héctor Vargas, la Iglesia afirma que, al aprobar la iniciativa tal como está, «el país ha perdido una gran oportunidad». En la concreto, lamenta que el proyecto de ley finalmente «no incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación».
Asimismo, sostiene que, al centrarse tanto en el fin al lucro, el proyecto termina «sobre regulando» la gestión de los colegios. «Se ha sobrecargado la normativa con una innecesaria cantidad de temas económicos, tributarios y patrimoniales, y con la creación de nuevas instancias administrativas y burocráticas, que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas», advierte la entidad.
Junto a esto, afirma que el «apresuramiento legislativo» y la falta de «profundidad» y «prolijidad» con que –a su juicio– se tramitó el proyecto de ley, terminó dejando «vacíos e interrogantes». «Sólo en el tiempo se podrá en definitiva evaluar qué normas eran pertinentes y adecuadas, y cuáles no, lo que debería derivar más adelante en cambios a esta ley», sostiene.
Ante este panorama, la Iglesia espera que haya una «prudente y larga marcha blanca» en la implementación de la nueva normativa, así como «respeto y acompañamiento por parte de la autoridad hacia los centros educativos». (La Nación-Emol)
