La situación fiscal en Chile es de cuidado. Muestra de aquello es que el Ministerio de Hacienda anunció recortes de gasto público por US$ 1.100 millones este año, para contener millonarias presiones de recursos -principalmente provenientes del sector Salud- y poner tope al crecimiento sostenido de la deuda pública bruta.
A marzo, el nivel de acreencias del Fisco -sin considerar los activos financieros- alcanzó máximos desde inicios de los noventa, al superar los US$ 70.000 millones, un 23,5% del PIB.
Hasta 2015, el avance del endeudamiento se veía contrarrestado por el hecho de que los activos fiscales eran superiores. O sea, la deuda neta estaba en un nivel negativo o, dicho de otra forma, Chile era acreedor neto.
Sin embargo, aquello cambió en 2016: la deuda fiscal total representó el 0,9% del producto, con lo que el país pasó a ser deudor neto por primera vez desde 2005. Y a marzo, la situación continúa empeorando.
Según un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al cierre del primer cuarto el endeudamiento neto del Fisco -acreencias totales menos activos financieros- alcanzó máximos desde el 2004, totalizando US$ 13.700 millones.
Dicha cifra representa el 5% del producto, un incremento de 0,6 décima en relación al cierre del 2017.
FONDOS SOBERANOS
En la práctica, lo que implica una deuda neta positiva es que si el Fisco tuviese que responder con todo su patrimonio a sus obligaciones de deuda, este no sería suficiente para liquidar sus acreencias.
Aquello significa que el nivel de deuda bruta es superior a los activos totales del Estado. Acorde con el informe de la Dipres, entre enero y marzo las inversiones en activos financieros representaron un 18,5% del PIB, totalizando US$ 51.800 millones. Esto significa una merma equivalente al 0,6% del producto en relación al cierre del año pasado.
Dentro de estos activos, se contabilizan -entre otros- los fondos soberanos invertidos en el exterior, como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES, por US$ 14.900 millones), el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP, por US$ 10.123 millones), y el Fondo para la Educación (US$ 1.405 millones) a marzo.
También, se contabilizan a marzo de este año los US$ 2.486 millones que contemplan los otros activos del Tesoro Público (como depósitos y disponibilidad de moneda extranjera), US$ 332 millones del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo (TAC) y el Fondo de Apoyo Regional (FAR, equivalente a US$ 388 millones).
La deuda neta del Fisco no considera el nivel de acreencias del Banco Central, el balance de las empresas públicas, la deuda garantizada por el Estado y los bonos de reconocimiento.
Los pasivos del instituto emisor a marzo representaron un 10,3% del producto, una caída de 0,2 punto en relación a diciembre, mientras que sus activos disminuyeron casi un punto, a 12,7% del PIB. De agregarse el balance del emisor, la deuda neta del gobierno central ascendería a 2,6% del PIB.
EVALUACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS
Continúa tomando forma el proyecto de ley de Presupuestos para 2019. A mediados de junio, el director de Dipres, Rodrigo Cerda, ofició a una serie de empresas públicas para solicitarle el detalle de las evaluaciones ex post (o sea, una vez concretados) de sus proyectos de inversión.
«Se ha seleccionado un grupo de proyectos de inversión respecto de los cuales resulta pertinente efectuar la evaluación ya aludida durante el ejercicio 2018, correspondiente a proyectos finalizados en su ejecución durante el año 2016 y en plena operación durante 2017», señala el documento.
El texto fue remitido a las gerencias generales de 12 empresas públicas, como la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), las compañías portuarias de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Talcahuano – San Vicente, y Chacabuco; la Zona Franca de Iquique (Zofri), la Empresa de Correos de Chile y la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
También, el requerimiento fue despachado al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y a la Dirección Corporativa del Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Las compañías tienen hasta el 3 de septiembre para remitir un primer informe de avance sobre la evaluación a posteriori de sus proyectos de inversión, mientras que el plazo final para informar se fijó para el 8 de octubre.
La ley de Presupuestos se presentará al Congreso a más tardar el 30 de septiembre. (DF)
