El impulso que el Gobierno pretendía darle a la economía con la inversión pública estuvo muy lejos de las expectativas el año pasado.
Aunque el Ejecutivo informó que en 2023 se ejecutó el 100% del presupuesto del año, ello fue resultado de un mayor gasto corriente -como en bienes de consumo y sueldos-, pero una importante subejecución en los recursos que estaban asignados a inversiones.
Según los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) consignados por El Mercurio, en 2023 el gasto de capital, asociado a inversiones, alcanzó una ejecución equivalente a US$11.644 millones, lo que corresponde a un avance de solo 82,2% respecto a la Ley de Presupuestos que había aprobado el Congreso, el menor porcentaje desde que hay datos comparables.
La cifra es incluso peor que lo observado en 2020, cuando la economía se paralizó por las restricciones de movilidad que provocó la pandemia. En cambio, los gastos corrientes mostraron una subejecución de 103,6%, lo que implica que recursos que originalmente estaban aprobados a inversiones en obras, se destinaron a otros fines. «La ejecución del presupuesto 20923 no cumplió con los objetivos planteados en su discusión, donde se proponía que la inversión jugara un rol estratégico durante el año.
El eje central era reactivar la economía a través de la inversión pública, considerando un aumento en este ítem de 5,5%, a través del cual se generarían más de 201 mil puestos de trabajo, lo que no ocurrió«, señaló un informe del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, elaborado por la ex directora de la Dipres en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Cristina Torres.
Con este resultado, la inversión pública terminó cayendo 2,4% respecto de 2022, mientras el mercado laboral chileno mantiene su debilidad.
En total, se dejaron de gastar US$2.521 millones en inversiones que están presupuestadas para el año pasado, de los cuales la mitad corresponde al Ministerio de Obras Públicas, que ejecutó US$1.235 millones.
Mucho más atrás también hubo una subejecución importante en las inversiones de los Gobierno Regionales, con US$479 millones, y en el Ministerio de Salud, con US$415 millones.
Para el ex director de Presupuestos del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Sergio Granados, el porcentaje de ejecución muestra que el Ejecutivo no logró cumplir con su programa del año y resaltó a El Mercurio que las consecuencias son fatales para el impulso a la actividad económica que deriva de la inversión pública. Esto se suma a la ola de malas noticias económicas que llegaron la semana pasada.
La economía cerró 2023 con una sorpresiva baja de 1% del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre, lo que llevó a que el PIB de 2023 anotara una caída acumulada de 0,2%, pese al optimismo que había mostrada el Gobierno respecto a que se lograría esquivar el retroceso económico el año pasado.
«Aquí hubo bastante ingenuidad, en el sentido de creer que el crecimiento estaba asegurado y que, por lo tanto, había que dedicarse a otra cosa», comentó el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
A lo anterior se suma la compleja situación por la que atraviesa la construcción, cuyos permisos de obra para viviendas nuevas llegaron a su menor nivel en 32 años.
Solo un ejemplo de la profunda crisis que golpea a una industria que anotó una caída de 4% en la inversión el año pasado y ha registrado una seguidilla de empresas en quiebra.
Por otro lado, la persistente alza del desempleo que culminó 2023 en 8,5% -el peor cierre de año desde 2020 cuando la economía era fuertemente azotada por la pandemia de covid-19- es quizás la cara más visible de una actividad estancada que está afectando a distinto sectores. (Emol)
