El diputado socialista Jaime Naranjo presentó un proyecto que busca eliminar la facultad que tiene el Presidente de la República para entregar indultos a reclusos y emplazó al contralor Jorge Bermúdez a «decir la verdad».
Esto luego que, en mayo, la Contraloría emitiera un decreto anunciando que se eximirá por el plazo de un año de la toma de razón de este beneficio con el fin de «priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el Contralor General».
Además, luego de que el mes recién pasado se conociera que el Presidente Sebastián Piñera concedió tres indultos en sus primeros 100 días de Gobierno, uno de ellos al ex coronel René Cardemil, que cumplía condena en Punta Peuco por el asesinato de seis personas ocurridas en octubre de 1973.
Dicho indulto no se concretó porque la Contraloría tomó razón el 6 de abril y el beneficiario falleció un día después producto de un cáncer, no alcanzando a ser visado por el Ministerio de Justicia.
Según el parlamentario socialista entre el 2010 y 2017 el órgano contralor ha tomado razón de tres indultos por año, por lo que cuestionó que se hayan dado razones «económicas y de recursos humanos» para suspender esta facultad temporalmente.
«Lo hemos emplazado diciéndole que diga la verdad de una vez por todas, porque ese período de un año da la impresión que se quiere usar arbitrariamente por el Gobierno para indultar a los presos de Punta Peuco», planteó Naranjo.
El diputado agregó que «nosotros vemos claramente que ahí hay una doble intención y la doble intención es justamente aplicar este procedimiento arbitrario, abusivo y discrecional del indulto que no corresponde».
NUEVO PROCEDIMIENTO
Por lo anterior, el representante del PS presentó un proyecto que establece un nuevo proceso para que los reos puedan acceder a este beneficio, el que según su propuesta, será visado por la Corte Suprema.
La primera etapa que deberían cumplir quienes quieran ser indultados es hacer una solicitud a la dirección de Gendarmería. «Cuando la persona está en una situación de salud de enfermedad terminal. Además exige requisitos como que el condenado haya colaborado con la justicia y se haya arrepentido públicamente del delito que cometió», detalló Naranjo.
Una segunda etapa de la petición es que debe ser de conocimiento público de forma «transparente». «Hoy nos enteramos después de que el Presidente entrega el indulto de que hubo tal petición. Todo el país debe estar informado de que se presentó esta solicitud, por deferencia se le debe comunicar a ambas familias: a la de la víctima y el victimario».
En tercer lugar la iniciativa propone la conformación de una comisión técnica del Servicio Médico Legal para que sean ellos los que determinen que la persona realmente cumple con los requisitos de salud.
Posteriormente se le debe informar a los familiares de este estudio y los antecedentes se deben entregar a una terna de la Corte Suprema, liderada por el presidente del Máximo Tribunal, la que determinará si efectivamente corresponde entregarle estos beneficios penitenciarios. (Emol)
