Una moción parlamentaria que busca establecer como delito el “clientelismo” -entendido como favorecer sin justificación a determinadas personas o partidos políticos para lograr su apoyo- fue presentada este jueves en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue redactado por el diputado ex PPD Pepe Auth y contó con el respaldo de Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Jaime Bellolio (UDI), René Saffirio (ex DC), Felipe Kast (Evópoli), Pedro Browne (Amplitud), Daniel Farcas (PPD), Claudio Arriagada (DC) y Jaime Pilowsky (DC), entre otros.

La propuesta parlamentaria advierte que “la actual tipificación del delito no resulta suficiente desde el punto de vista conceptual para combatir determinados casos de desviación del interés público”. Y especifica: “Primero, porque la actuación del agente puede estar motivada no sólo por un interés económico, sino porque también puede ser realizada para obtener una mejor posición personal en el ámbito público o privado”.

Además, indica que “el tercero corruptor puede ser un individuo que, valiéndose de su posición de poder, autoridad intente distorsionar el interés público para favorecer sus propios intereses, mas no necesariamente por medio de un beneficio monetario directo”.

El proyecto busca, principalmente, que aquella autoridad pública que presione o amanece a autoridades para nombrar a alguien en un puesto determinado o para removerlo, sea condenado por el delito de clientelismo, con las mismas penas de quien es condenado por cohecho.

Al anunciar su renuncia al PPD a fines de abril, Auth -principal impulsor de la moción- acusó la existencia de “controladores” y prácticas de clientelismo al interior del partido, apuntando principalmente al senador Guido Girardi. “Son muchos los que se podrían poner ese poncho (el clientelismo). No es un traje hecho a la medida a Girardi, si no que un traje hecho a la medida de muchos políticos que construyen su poder interno en sus respectivos partidos sobre la base de nombrar y remover personas en cargos del Estado”, comentó ayer el ex militante del PPD.

La moción parlamentaria también busca extender la figura legal del cohecho a aquellas personas que no son autoridades del Estado, pero que hacen uso de su relación con alguna autoridad pública para distorsionar los resultados de alguna decisión del aparato estatal.

Se cita como ejemplo la posibilidad de que el hermano de un senador, aun sin conocimiento de este, haga uso de su parentesco para intervenir en una licitación pública o para cambiar un plan regulador. La iniciativa de los diputados busca que se sancione con inhabilidad para ejercer futuros cargos públicos a quienes sean condenados por este delito.

“La política cambió de ciclo y pasamos desde la época de la cocina, en donde se hacían las cosas a puertas cerradas, a la época del acuario donde todo se ve y entonces tiene que ser así de transparente, donde uno tiene que ser y parecer”, señala el diputado UDI Jaime Bellolio.

Por último, el proyecto busca que se establezca la inhabilidad para hacer negocios con el Estado a las empresas cuyo gerente general o socio directivo haya sido condenado por soborno. “Actualmente las penas son personales. Ahora se busca establecer una responsabilidad por omisión sin necesidad de que se pruebe que lo que hizo el gerente general la empresa no lo avaló”, explica Auth.

El proyecto se dará cuenta a la sala la próxima sesión  y luego pasará a la Comisión de Constitución. Los autores de la moción pedirán el patrocinio del ejecutivo, argumentando que va en línea con las conclusiones de la comisión Engel.