Esta semana se dio a conocer el fallo del Tribunal Ambiental sobre el proyecto Dominga. El documento resulta sorprendente, no tanto por su contenido —que no identifica problemas ni objeciones válidas contra el proyecto—, sino por el lenguaje directo y lapidario que utiliza para refutar tanto la forma como los fundamentos de la decisión del comité de ministros del gobierno, que intentó hundir la causa.
En la decisión unánime, los jueces argumentaron que el gobierno no solo transgredió principios fundamentales como la imparcialidad y la confianza legítima, sino que además presentó pronunciamientos contradictorios e incoherentes. Como si eso no fuera suficiente, añadieron que el comité de ministros resolvió el asunto fuera de plazo, lo cual constituye un claro vicio de legalidad.
En resumen, la justicia no solo amonestó al gobierno por el fondo de su decisión, sino también por la forma en que se gestionó. Es una derrota aplastante que abre una ventana para examinar con mayor detención a un gobierno que, acostumbrado a la derrota, ya no tiene escrúpulos en hacer las cosas mal.
Para ser claros, el antagonismo hacia Dominga por parte del Frente Amplio viene desde el inicio. Eso hay que decirlo: al menos, ha sido consistente. La coalición gobernante nunca ha estado a favor del proyecto y ha explicado su razonamiento múltiples veces a lo largo de los años, dejando en claro que su postura es intransable.
De hecho, el tema es tan fundamental para ellos que incluso ocupó un lugar destacado en el discurso de victoria del Presidente la noche del 19 de diciembre de 2022, cuando el recién electo Boric declaró que bajo su mandato no habría “más zonas de sacrificio”, y que no aceptaría “proyectos que destruyan Chile”, que con sus recursos “compran y destruyen a las comunidades”. Cerró con un mensaje fuerte y claro: “¡No a Dominga!”.
¿Qué se desprende de esto? Pues bien, que tanto el Presidente como la coalición que lo apoya, han estado y están en contra del proyecto por el daño que, en su visión, le significaría al medio ambiente. No por ser ilegal, ni por ser por el lugar en que se pretende instalarlo, sino por su espíritu extractivista y lo que eso le puede eventualmente costar a la naturaleza.
Ahora bien, esto no sería un problema si se hubiera comprobado que el proyecto, en efecto, constituye un riesgo para el medio ambiente. Pero eso es precisamente lo que el fallo descarta. De hecho, reafirma lo que se ha dicho durante once años: no hay evidencia de que el proyecto comprometa la ecología local.
De esto se pueden desprender varias ideas. Por una parte, el fallo, respaldado por la historia legal y política del proyecto, demuestra lo desconectada que está la nueva izquierda, levantando sospechas en lugares donde no hay razones para sospechar. Por otra parte, evidencia el desprecio que este sector siente hacia las instancias técnicas y legales encargadas de abordar este tipo de asuntos.
En fin, tras este fallo, lo lógico sería dejar de poner trabas. Con la barrera ambiental levantada, parece que no quedan motivos para seguir oponiéndose. De hecho, hay varias razones para avanzar, tal como lo sugiere el sindicato de faeneros, que le pide directamente al Presidente impulsar el proyecto.
Entre otras cosas, Dominga no solo permitiría dar un nuevo auge al desarrollo de la industria nacional y sería un paso relevante para recuperar la competitividad internacional que Chile ha perdido en los últimos años, sino que además potenciaría el empleo en la zona y, con ello, el comercio local.
Pero, probablemente, el gobierno no lo hará. Probablemente, seguirá buscando excusas para frenar a Dominga, a pesar de que las instancias técnicas han demostrado que no trae los problemas que se le imputan. ¿Por qué? Porque este gobierno responde a su nicho, no a las mayorías.
Para el Presidente, es más importante no perder el apoyo de su base dura que ganar simpatías en el centro político. Rechazar Dominga significa favorecer la opinión de activistas que insisten en ver problemas en el proyecto, ignorando los intereses de los trabajadores que claman por su avance.
Incidentalmente, esta posición expone cuán lejos ha llegado la izquierda desde lo que una vez fue. Antes, defendía los intereses de la clase trabajadora y hacía lo posible por invertir en la industria nacional. Hoy, está más preocupada por no enfurecer a pequeños grupos ideológicos que movilizan con su voto. Antes, la izquierda era el sector político que defendía la libertad y el progreso. Hoy, no duda en exagerar, regular y restringir no solo lo que se dice y piensa, sino incluso en empujar al país hacia el decrecimiento.
Lo más increíble de todo es la ausencia de resistencia por parte de la centroizquierda frente a esta transmutación. En lugar de abogar por recuperar el enfoque en aquello que realmente trae bienestar a las personas, ha caído cautiva de un discurso servil y populista que solo le ha servido a su competencia para sacarlos de la carrera y tomarse la hegemonía del sector.
Las consecuencias de seguir gobernando con una visión tan miope no solo se verán reflejadas en el estancamiento del progreso para el país y en los trabajadores, sino también en el ámbito político. Eventualmente, las personas comenzarán a desprenderse de este tipo de liderazgo y optarán por soluciones más razonables y de sentido común, dejando atrás discursos radicales, insufribles, por soluciones más inmediatas, tangibles y lógicas. (Ex Ante)
Kenneth Bunker
