El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, se refirió esta jornada al protocolo que regirá el uso de los dispositivos eléctricos de inmovilización temporal -también conocidos como pistolas «taser»- y señaló que en febrero dicho reglamento debería estar completado para iniciar la implementación del sistema en marzo.
Esto ocurre luego de que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reiterara la necesidad de autorizar el uso de estos elementos para Carabineros, criticando la falta de avances por parte de la cartera liderada por la ministra Carolina Tohá.
«Más de un año de espera por parte del Ministerio del Interior es más que suficiente. Yo creo que hay que aprobarlas», fueron parte de las palabras de la autoridad regional.
Al respecto, Durán sostuvo «en los próximos días, semanas, debiera estar completamente sancionado este protocolo, tanto de Carabineros como del conjunto de actores involucrados en la implementación de este sistema».
En ese sentido, señaló que «en febrero vamos a tener el protocolo completamente concordado y en marzo se inicia la implementación de su uso». «Esto a través de un piloto. Carabineros tiene solo 30 de estos dispositivos, que van a ser utilizados por unidades territoriales y algunas unidades especializadas, excluyendo a las de orden público», precisó, agregando que «este piloto va a permitir establecer progresivamente las condiciones para su masificación para Carabineros«.
Consultado sobre los cuestionamientos de Orrego, Durán dijo que las declaraciones del gobernador «son bien sorprendentes». «Primero porque él está en conocimiento de que por primera vez este Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha dispuesto todo lo necesario para que en un tiempo acotado, para la envergadura de esta decisión, se cuente con el protocolo».
«También está informado de que esto está en su fase final y que en las próximas semanas ya se resolverá la implementación del protocolo y a partir de marzo el uso de estos dispositivos, de manera que nos parece que o el gobernador está confundido o efectivamente intenta hacer un punto político que no compartimos», completó.
Desde la entidad regional precisaron a Emol que el proyecto piloto entre Gendarmería y la gobernación contempla 20 dispositivos de inmovilización, lo que tendría un valor cercano a $ 220.366.000. En promedio, cada dispositivo tiene un valor de $11.018.300, según la entidad.
Por otro lado, la idea cuentan con el respaldo de jefes comunales y piden celeridad por parte de las autoridades. Por un lado, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, indicó que «en más del 90% de los casos nuestra seguridad municipal es la primera en llegar al sitio del suceso y, por tanto, en enfrentar cara a cara a delincuentes que hoy tienen un gran poder de fuego».
«Hemos sido majaderos en pedirle a la autoridad que revise seriamente el uso de armas no letales, pero se han negado permanentemente, desconociendo el rol territorial que cumple la seguridad municipal», agregó.
Por otro lado, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que «venimos pidiendo desde hace mucho tiempo el uso de armas menos letales y herramientas de protección para nuestros inspectores. De hecho, hicimos una consulta ciudadana que reveló que el 88% de los vecinos de la comuna de La Reina está de acuerdo en el uso de pistolas taser eléctricas contra los antisociales, y el mismo porcentaje de vecinos también apoya el uso de gas pimienta».
«Es urgente avanzar en este tipo de elementos para proteger a nuestros vecinos, considerando que las bandas delictuales se actualizan y tecnologizan permanentemente», completo. (Emol)
