Era previsible que cualquiera fuera el resultado del largo proceso de negociación realizado en la Comisión de Trabajo del Senado para avanzar a una reforma al sistema de previsión vigente, tendría sus detractores.
Se trata de una predicción simple merced a la reestructuración orgánica del sistema político nacional el que, más allá de la presumible fragmentación, divergencia y expresión partidista de más de 31 colectividades tradicionales o en formación que ha posibilitado el actual sistema electoral impuesto en 2015, las preferencias políticas formadas según aquella tradicional estructura de tres tercios que caracterizó la democracia chilena hasta 1970, se han reordenado hacia los cuatro cuartos, con grupos o partidos ubicados en los polos de la controversia y que el periodismo denomina de “extrema izquierda” o “extrema derecha”; y otros grupos o partidos percibidos por la opinión pública en el sector intermedio del espacio político y llamados de “centro derecha” y de “centro izquierda”, respectivamente.
Como señalara recientemente uno de los senadores que ha promovido modificaciones al sistema político electoral, por cierto “no hay en Chile 31 formas de concebir el mundo” y los analistas le dan la razón al operar sus propias investigaciones con dichas colectividades agrupadas en cuatro cuartos relevantes de dimensiones variables.
Porque, más allá de las demandas identitarias que han explotado en los últimos diez o veinte años, dicha categorización parece suficiente, dado que, después de todo, los partidos tradicionales, viejos portadores de concepciones de mundo totalizantes, han terminado integrado a sus discursos las ideas emergentes que sustentan identitarismos “woke” como el feminismo, reivindicaciones de pueblos originarios, de diversidades en materia de géneros, animalismos y el medioambientalismo, con mayor o menor énfasis en ciertos aspectos de las complejas estructuras de demandas que estos movimientos representan, pero que, en definitiva, reducen la acción política de sus adherentes a exigencias y derechos específicos en torno a la temática de sus preocupaciones, la que, además, muchas veces suscita fuertes contradicciones con valores, ética y principios que los colectivos tradicionales reúnen, ordenan, promueven, practican y protegen en su gestión habitual.
Entonces, considerando que en las discusiones sobre una indispensable reforma previsional cuyo principal objetivo ha sido subir las bajas pensiones de millones de jubilados producto de su bajo ahorro mensual devenido de bajos sueldos y reducidos montos de cotización (10%), amén de lagunas surgidas de lapsos de cesantía, maternidad y cuidados derivados en el caso de las mujeres, fueron llevadas adelante por representantes de partidos de centro derecha y un Gobierno cada vez más autodefinido como de centro izquierda, era esperable que las críticas al acuerdo provinieran de la izquierda y derecha extremas, buscando enervar la próxima discusión en la Cámara, de manera de atrasar su aprobación en aquellos aspectos considerados peligrosos para la sustentabilidad del sistema actual; o desde la izquierda extrema, para evitar una reforma “minimalista”, a la espera que la impaciencia popular y la “agudización de las contradicciones” termine, en algún momento, arrasando con todo el “sistema institucional capitalista”.
No habría que olvidar que los luctuosos sucesos de octubre-noviembre de 2019 tuvieron su yesca de encendido en las malas pensiones de los centenares de miles de trabajadores que tras 40 años del sistema comenzaban a pensionarse masivamente con malos retiros, producto, a su turno, de un demasiado largo esquive de parte de las autoridades políticas y de las propias administradoras de fondos para realizar los cambios que posibilitaban mejoras, tales como aumentar el porcentaje de cotización progresivamente.
Se trató y se trata de una demanda que, aun siendo tan especifica, se transformó en una petición nacional que contó con el multitudinario apoyo horizontal de izquierdas y derechas, con pocas excepciones. Fue, por lo demás, desde dicha demanda, que surgieron movimientos ciudadanos relevantes a un lado y otro del horizonte político tales como “Con mi plata no” o “No+AFP”, este último apuntado no a reformar, sino a destruir las administradoras en tanto fundamento de un mercado de capitales más profundo que ha permitido financiar el extraordinario desarrollo económico del país de los últimos 40 años.
Es decir, hay demasiadas evidencias que el sistema previsional estaba exigiendo cambios, varios de las cuales ya habían sido costosamente llevados a cabo por el gobierno del fallecido presidente Piñera para recuperar, en parte, aquel espacio de paz y tranquilidad que el mismo había calificado semanas antes del estallido como “oasis” de Latinoamérica. Ha sido, pues, la lenta aceptación de los necesarios cambios la que colmó y colma la paciencia de los chilenos incómodos, amenazando con la eventual eclosión de nuevos remezones callejeros impulsados por un descontento anómico o partidista extremo, aunque, desde la izquierda dura terminen en la paradoja de que, al no dar sus votos en la Cámara para aprobar los cambios por “insuficientes”, mantengan a la odiada industria operando en el exacto y tan criticado estado de cosas actual.
Para la perspectiva de derecha extrema, en tanto, si bien el inmovilismo implicaría mantener la actividad de las AFP en el marco de principios que supuestamente han sido vulnerados por una mala negociación de la centro derecha en la Comisión de Trabajo, lo cierto es que oponerse a reformar y no mejorar las actuales pensiones agrega más tensión al ya inquietante momento político e invita a recordar la lección de ese masivo rechazo que tuvo en 2023 la pretensión de la extrema derecha de reimponer estructuras políticas constituyentes que la ciudadanía había invalidado con sucesivas reformas en la Carta de 1980-2000 vigente. Ver ese repudio mayoritario a las propias ideas asumiéndolo como victoria por el simple hecho de sostener el premio de consuelo de mantener la Constitución de 1980-2000, no revela ni mucha sabiduría político-democrática, ni un estado de ánimo muy saludable.
Es decir, más allá de la evidencia de que en todo acuerdo o negociación de suma cero las partes nunca consiguen el ciento por ciento de sus expectativas, cuando se alcanza ese difícil e intenso punto en el que cada sector logra instalar parte de sus respectivos objetivos, sin afectar sustantivamente los del otro, se puede afirmar que la negociación ha sido exitosa, tanto en lo político, porque implica una conversación que se rige necesariamente bajo los términos de una democracia y Estado de Derecho (otro entorno llevaría a la violencia y la guerra); como en lo económico, porque muestra la libertad y equilibrios de poderes con la que opera una sociedad de mercado abierta.
Siempre habrá, desde luego, maximalistas que se concentrarán en el “vaso medio vacío”. Así con el pesimismo juvenil propio de quienes miran su entorno desde la perfección del modelo teórico-ideológico decodificarán la realidad anclados en las ideas de que un mundo bueno, o uno nuevo y mejor solo es posible protegiendo a muerte, o cada piedra del castillo asediado, o destruyendo totalmente las estructuras que sostienen el aborrecido modelo de administración social actual. Pero esas secuencias no pertenecen al discurso de la democracia, sino al de las revoluciones, las dictaduras y totalitarismos de todo tipo, con el añadido de una vez que las instituciones que sostienen un orden de cosas se derrumban debido al afán de un grupo de imponer el ciento por ciento de los objetivos propios, lo único que sobreviene es el caos y, por consiguiente, la implantación del dominio del más fuerte, es decir, la ley de la selva.
Más vale, pues, que nuestra democrática clase política haciendo uso de las ventajas libertarias que ofrece el Estado de derecho, haga en la Cámara todos los esfuerzos emocionales e intelectuales para ajustar y mejorar lo que los senadores y expertos ya han logrado avanzar y así darles a millones de jubilados la buena nueva de que este año sus pobres pensiones mejorarán. No será ésta, ni la última, ni la única vez en que la sociedad y sus representantes deban corregir sus propias normas y protocolos para mantener una mejor convivencia. De eso, precisamente, se trata la democracia. (NP)
