La Estrategia Nacional del Litio preanunciada por el Presidente de la República no fue bien recibida por los mercados e hizo caer las acciones en Bolsas de las dos grandes empresas productoras del metal blando, tanto en Chile como en el exterior.
Como se sabe, la propuesta del mandatario es abrir un espacio a la explotación de los salares sitos en el territorio nacional con carácter público-privado a través de un modelo de asociación en el cual el Estado -propietario de los yacimientos- pone a disposición de los inversionistas particulares el citado bien, mientras los privados aportan con conocimiento, tecnología y capital para su exploración y producción. Luego, el acuerdo entregaría 51% de las eventuales utilidades del negocio al Fisco chileno, que es quien, de acuerdo a la estrategia, mantiene el control accionario sobre las decisiones que se adopten en el proyecto, no obstante reconocer su inexperiencia en esta producción.
A mayor abundamiento, el presidente anunció que ha pedido a Codelco y Enami, dos firmas mineras estatales especializadas en la explotación y producción de cobre, para que negocie con los particulares interesados en contratos de litio en yacimientos no explotados, un modelo de sociedad hasta cuando la llamada Empresa Nacional del Litio esté en operaciones, una vez aprobada su existencia por el Congreso (lo que requiere quorum calificado de 4/7 bajo la actual constitución), al tiempo que desde ya encomendó a esas firmas estatales a que conversen condiciones de asociación voluntarias con las actuales compañías privadas que explotan el litio en el Salar de Atacama -SQM y Albemarle- de manera de participar desde ya de los beneficios de la actividad llevada a cabo por esas empresas.
Si, como se sabe, Codelco y Enami, consiguieran un acuerdo voluntario con SQM y Albemarle para efectos de integrarse desde ya a sus directorios y propiedad para comenzar a recibir los beneficios de la producción actual de esas firmas, el Estado debería contar con una caja equivalente al porcentaje del valor de mercado que esas firmas tienen y que solo en el caso de SQM alcanza a unos US$ 20 mil millones. Es decir, si Codelco o Enami acordaran integrarse a esa empresa como socio en un 50% deberían pagar un valor de US$ 10.000 millones en efectivo o en patrimonios.
Adicionalmente, tal como lo señalaran dirigentes de los principales gremios empresariales vinculados a la producción fabril y minera, llama la atención una propuesta en la que la dirección y papel protagónico del proceso productivo quede en manos de funcionarios estatales nominados por el poder político, más aun considerando la poca experiencia que existe en el país en materia de explotación de dichas sales, al punto que, como se sabe, Codelco ya la explora en el salar de Maricunga, hace siete años, pero aún no extrae ni una tonelada; mientras Enami, que desde hace años ha anunciado tener avanzadas conversaciones para explotar litio, tampoco ha producido un kilo en las pertenencias asignadas.
Así, parece difícil que la propuesta abra el apetito de productores privados serios en el mundo en la medida que se ofrece un tipo de sociedad tan asimétrica como aquella en la que el dueño de unos caminos turísticos plantea a un socio potencial que ponga el capital para comprar los vehículos en los que se recorrerán, pague la bencina, los cambios de aceite, repuestos y demás costos asociados, pero quien manejará los carros serán el dueño de los caminos y sus empleados -cuyas capacidades de conducción están en dudas- y además, finalmente, de las utilidades que el negocio eventualmente entregue, más de la mitad será para el dueño del camino.
Pareciera no entenderse que el capital privado suele ir hacia donde su renta sea la más alta posible de acuerdo a las condiciones del mercado -es decir, a la disposición de los consumidores del bien o servicio a pagar determinados precios como techo-, tanto porque se trata de ahorros propios y de terceros que no solo deben defenderse de la depreciación de su poder de compra por la inflación, sino porque en la mayoría son mix de recursos propios y apalancamiento con crédito por parte de entidades financieras que, a su turno, deben rentar los ahorros de millones de personas que les han confiado sus dineros para multiplicarlos, mediante una tasa de interés. En periodos en los que las tasas se encuentran altas para detener una también alta inflación, el costo del capital es más caro y, por consiguiente, busca invertirse en proyectos cuya rentabilidad anual sea no solo más segura, sino más alta de manera que compense inflación e intereses a pagar.
Nada de esto está implícito en la estrategia y, lo que es peor, pareciera que aquella se presenta sin considerar el tiempo, factor clave en materia de oportunidad de precios, los que, como se sabe, pueden ser muy altos en la fase de adopción inicial de un producto, pero caer bruscamente en los momentos de regularización de su oferta y demanda. La sola puesta en marcha de una Empresa Nacional del Litio bajo las normas de la actual constitución pudiera ser, desde ya, un proceso que se extienda por años, perdiendo así relevantes ingresos derivados de una mayor producción ágilmente puesta en marcha por arrendatarios particulares y expertos en el producto y su distribución mundial.
Resulta curioso observar que aún, desde la perspectiva de La Moneda, tener soberanía y propiedad estatal sobre la empresa productora respectiva sea una suerte de seguro para evitar los eventuales abusos y expoliación de empresas privadas sobre un bien nacional, un modelo de interpretación de la realidad más acorde con las antiguas propuestas de los luchadores por la libertad anticoloniales de los siglo XIX y XX, cuando efectivamente las compañías extranjeras que operaban en territorios de ultramar presentaban conductas depredadoras y la explotación de los bienes requeridos de esos territorios era acompañada no solo por un descontrol normativo y ético, sino también por la fuerza de las armas y la amplia corrupción de los liderazgos locales.
Pero en un mundo cada vez más globalizado y no obstante el aún enorme poder de las grandes empresas transnacionales, los Estados nacionales muestran hoy relevantes avances en materia de controles y fiscalización al modelo de inversiones para la explotación de riquezas naturales, así como de mejores y más densas habilidades en los procesos de negociación política para la explotación de los productos que se pueden encontrar en sus territorios. Se añade a estos cambios, un sistema internacional de justicia, surgido tras la II Guerra Mundial, que provee de la defensa legal para la protección de unos y otros en los casos en los que los convenios sean trasgredidos por una de las partes. Desde luego, la existencia de estas nuevas condiciones no evita situaciones de abuso y delitos, pero los Estados soberanos cuentan hoy con las herramientas jurídicas y punitivas suficientes para encararlos, tal como lo demuestran las multimillonarias multas aplicadas por los Estados a firmas transnacionales que han quebrantado las normas acordadas.
Pero, por de pronto, la soberanía y propiedad que Chile tiene sobre Codelco, por ejemplo, no ha hecho que su gestión entregue necesariamente mayores recursos anuales permanentes y sistemáticos que los que las firmas privadas concesionarias del metal pagan al Estado en impuestos y royalties para ser utilizados por el Fisco en sus requerimientos sociales y económicos. Un mayor aporte privado parece requerir más bien de mejores negociaciones en materia tributaria y de royalty y no realmente de tener la propiedad estatal de la firma, cuyos beneficios directos más tangibles, en todo caso, los perciben de mejor manera sus directorios y trabajadores.
Y es que tanto Codelco, como las mineras privadas, están sujetas a las mismas leyes del mercado internacional que no solo ponen el desafío de producir en los volúmenes que la demanda exige, sino también en calidad y precios techo, lo que obliga a permanentes reinversiones en mejoras tecnológicas, responder a las caídas en las leyes de los minerales, la necesidad de nuevas exploraciones y reemplazo de maquinarias, suficiente mano de obra técnicamente preparada, entre otros factores que determinan el éxito o fracaso de una compañía.
En el caso del litio, como se sabe, si bien la electromovilidad es una tecnología que augura grandes posibilidades para el metal blando en la producción de baterías acumuladoras de energía para tales vehículos, sus precios han mostrado la aleatoriedad propia de las nuevas tecnologías, hecho que agrega riesgo adicional a la inexperiencia en el tema y a la competencia internacional por atraer capitales a los países poseedores de reservas. En efecto, basta observar el comportamiento del precio spot del carbonato de litio, que, en pocos años pasó de US$ 5 a US$ 85 por kilogramo, para luego, en cuestión de meses, caer a US$ 27.
Se entiende que, en el sustrato de la postura oficialista respecto de esta nueva riqueza nacional, que bien podría transformarse en un segundo sueldo de Chile, está la idea instalada de una suerte de explotación neocolonial de las riquezas naturales de naciones de bajo desarrollo científico-tecnológico, una suerte de nueva forma de dependencia. Y se esperaría, entonces, que, teniendo soberanía y propiedad sobre los yacimientos, aquellos terminarán por generar para Chile esa mayor rentabilidad que las compañías privadas consiguen y se llevan al exterior al tener control sobre los mismos, sea por concesión o arrendamiento. Así, tales recursos podrían ser destinados al desarrollo tecnológico que mejore los procesos anticuados y poco amigables ambientalmente que hoy utilizan las firmas que operan las actuales explotaciones. Sin embargo, no es obvio que la asunción de aquella estrategia asegure los ingresos esperados, dada la enorme complejidad que, como hemos visto, este tipo de producciones y mercados tienen y, que, desde luego, adquieren también formas políticas y no solo económicas, en su despliegue.
Podría ser posible que naciones como China, interesada en buscar fuentes de materias primas y mercados en los diversos continentes para su enorme economía en expansión, pudiera evaluar positivamente su asociación con el Estado de Chile en las condiciones propuestas por el mandatario chileno. Pero un acuerdo tal tiene derivadas en otras áreas del desarrollo nacional que atingen a cuestiones geopolíticas que bien podrían poner en peligro las estrategias de inserción del país en el especial rediseño de la estructura de poderes mundiales que se está redefiniendo.
Infaustamente, la Estrategia Nacional del Litio, así como está planteada, tiene altas probabilidades de quedar solo en los buenos propósitos y deseos expresados por el mandatario en su discurso a la nación, pues ni Codelco ni Enami conseguirán acuerdos de sociedad con SQM o Albemarle en las condiciones propuestas, dado que no se ve la conveniencia para esas firmas de asociarse con el Estado, a no ser por asegurar un convenio de ampliación de sus actuales áreas de arrendamiento o para mantener las actuales después del 2030 y que patrimonialmente representen un precio equivalente de las acciones de control de la firma que el Estado quisiera comprar, con lo que dicho buscado control estatal tendría un altísimo costo para el Fisco.
Tampoco pareciera posible que la Empresa Nacional del Litio vea la luz bajo las condiciones señaladas en la actual constitución y/o tras la dictación de una nueva carta para lo cual queda aún un par de años, es decir, antes que los precios del metal en su fase de instalación hayan sido superados y otras naciones productoras como Argentina o Bolivia, los hayan aprovechado. Es de esperar que las compañías privadas que tienen sus concesiones hasta 2030 o 2043 sigan generando y exportando en las cantidades y precios que la demanda mundial presenta hoy y, así, al menos, el país pueda recibir de aquellas los pagos de arrendamiento, impuesto a la renta y royalty que el año pasado superaron los US$ 5 mil millones. (NP)
