El tema de las listas únicas o separadas para la elección de consejeros constitucionales está recorriendo el arco político chileno, de izquierdas a derechas, provocando agudas polémicas, tanto en lo técnico electoral, como en lo político e ideológico. Después de todo, se parece entender que, de la correlación de fuerzas que se imponga en los comicios del 7 de mayo próximo, dependerá la cualidad de la nueva carta magna que regirá el país y, en consecuencia, la estructura de poderes que dicho acuerdo social instalará para varias décadas.
No es poca cosa, si es que la política se define como una lucha por influir con poder en la toma de decisiones sociales, políticas, económicas y hasta culturales de un Estado; y si es que, por añadidura, se juegan allí destinos personales y grupales en aquella ingrata prelación de los gallineros o más altas o bajas posiciones en la cadena alimenticia. Mirado el fenómeno con mayor altura, empero, se trata también de una polémica sobre ideas país que circulan en Chile desde hace décadas y que se han enfrentado no pocas veces, llegando incluso a la expresión bélica de la política, para parafrasear a Von Clausewitz.
Pareciera, sin embargo, que, con las cada vez menores excepciones que confirman la regla, dicho aspecto más agresivo del enfrentamiento entre “alfas” ha tendido a su declinación social, tanto como consecuencia de los daños y sufrimientos que la violencia como herramienta política ha ocasionado en Chile en el pasado histórico y reciente, como porque la presencia del crimen en su expresión delictiva no solo es la mayor preocupación de la ciudadanía, sino que aun campea en barrios y ciudades de todo el territorio, sin que la autoridad logre poner coto a su peligrosa expansión.
Se agrega a esta perspectiva el hecho de que es probable que la atracción de la violencia política heroico-guerrillera haya decaído en paralelo con el desarrollo económico y social que el país ha experimentado en las últimas décadas, restando poder de convocatoria a racionalizaciones ideológicas que utilizan las necesidades y pobreza -aún existentes en naciones en desarrollo- pero que, como se sabe, han debido ajustar discursos desde la “liberación” e “igualdad” para la “clase obrera” o “proletariado” explotado por la “burguesía”, de los siglo XIX y XX, a la “liberación” e “igualdad” para la “los pueblos originarios”, “inmigrantes” o “excluidos” de diversa naturaleza, explotados y abusados por las “elites” respectivas, tras la emergencia de la sociedad de la información y la declinación de la “clase obrera” industrial tras su integración a nuevas formas de producir derivadas de las tecnologías del siglo XXI.
No es tampoco irrelevante el hecho de que en las últimas décadas, Chile vivió una revolución modernizadora que no solo permitió la expansión de la creatividad individual y grupal en iniciativas económica y sociales libres, muchas de ellas exitosas, basada en una legislación que protege con decisión el derecho humano a la propiedad y que asegura a emprendedores y empresas que el producto de su trabajo será respetado por los poderes estatales y políticos, sino que en paralelo se fue perfeccionando una democracia liberal y abierta al mundo, tolerante y plural, cuyos valores y principios fueron siendo incorporados por décadas por la ciudadanía y cuya apreciación, aún con sus oscilaciones, se manifestó de modo palmario en los resultados de la elección constituyente del 4-S.
Como se sabe, tras el fracaso de los sectores radicales y refundacionales, de inmediato hubo ciudadanía que quiso hacer valer el texto de la reforma constitucional de 2022 en el sentido de que si el plebiscito de salida se rechazaba, el país seguía conducido por la Constitución de 1980-2005, mientras que otros exigieron que, de iniciarse un nuevo proceso, como convocara el presidente, la opción debería ser consultada nuevamente a la ciudadanía, aunque al final se impuso la lógica de mayorías políticas representadas en el Congreso que recomendaban validar el plebiscito de 2020 y que mayoritariamente votó por redactar una nueva carta. Se inicio así, a trastabillones, el nuevo proceso, aunque está vez con una serie de prevenciones que evitaran un nuevo fiasco político social.
Así las cosas, acordado que fue que el Consejo Constitucional tendrá un total de 50 integrantes que serán elegidos por circunscripciones a la manera de las senatoriales, diversos analistas electorales han afirmado que, dado el modelo elegido, la vigencia de una sola lista por sector político asegura mejores resultados frente a dos o más listas, en la medida que los incentivos apuntan a que los partidos formen grandes coaliciones. En los 16 distritos que escogerán a constituyentes, la magnitud promedio de distrito -el número de escaños que se escoge en cada región- es poco más de 3. De las 16 regiones, en cuatro se eligen cinco escaños; en seis, tres y en las otras seis, igual que el binominal.
Es decir, en aproximadamente un tercio de las regiones, las dos coaliciones principales deberían repartirse los dos escaños. En otras seis, si un sector va en dos listas, corre el riesgo de que quien vaya en una elija dos de los tres escaños porque, al ir en dos listas, se desperdician votos remanentes para el tercer escaño. En las cuatro regiones que escogen cinco escaños (Valparaíso, Santiago, Maule y Araucanía), la magnitud de distrito permitiría que las cuatro principales listas -dos en la derecha y dos en la izquierda- pudieran aspirar a tener un escaño.
En los sistemas proporcionales con magnitud distrital baja -v.gr dos escaños por distrito- y en el sistema actual para el Senado en 12 de las 16 regiones -que eligen dos o tres escaños-, lo que la técnica electoral indica es que mientras más partidos se sumen a una coalición, más posibilidades tienen de alcanzar mayoría de los 50 escaños que se escogen. Sin embargo, ni en la derecha ni en la izquierda pareciera haber voluntad de aprovechar esta ventaja técnica y tanto partidos de centroizquierda, como de centroderecha, han manifestado su voluntad de ir en listas separadas de los sectores más a su derecha e izquierda respectivamente.
¿Quieren en la centroizquierda socialdemócrata y en la derecha socialcristiana liberal perder la previsible mayoría que alcanzarían yendo en una sola lista y agrupando en ella a todas las colectividades que forman parte de dichos ejes, mientras su opuesto va en una sola?
Desde luego que no.
De lo que realmente trata la elección de consejeros constituyentes, más que un problema de corte meramente electoral, es que, durante el fallido intento refundacional de 2022, emergieron diferencias profundas que aún subsisten respecto de la concepción de democracia que mantienen unos y otros al interior de ambas áreas de la política nacional, lo que hace recomendable expresar cierta distancia ideológica que impida que un nuevo “efecto manada” arrastre la elección hacia los polos y aumente la influencia política de sectores que, al presentar lista única, resultan indiferenciados para el ciudadano común y otorgan cierta ventaja a los más audaces y expresivos., no obstante las obvias diferencias y distancias de modos de vida que representan dichos subsectores
El caso de la izquierda es paradigmático, en la medida que el país viene saliendo de una experiencia en la que sus sectores maximalistas llevaron su poder electoral al interior de la Convención a un aislamiento y verdadera clausura de las propuestas, no solo de representantes de la derecha en sus diversas manifestaciones, sino también de la centroizquierda y sectores moderados y de centro. Menos evidente es en el caso de la derecha, donde quienes son partidarios de continuar bajo el imperio de la carta de 1980-2005, después de todo adscriben a una constitución que los especialistas definen como democrático liberal, aún con sus sesgos de corte presidencialista, lo que, por lo demás, responde a una tradición de la casi totalidad de las constituciones que han regido al país.
En el caso de la izquierda y el centro, la tremenda influencia de las posturas más extremas que se manifestaron en la Convención, provenientes de cercanos o propios militantes del PC y el FA, hace recomendable para la propia supervivencia de la centroizquierda separar aguas en un país en el que en el plebiscito de salida se expresó con claridad meridiana la adhesión ciudadana mayoritaria al modelo de democracia liberal vigente, tanto en sus matices socialdemócratas, socialcristianos y liberal social, como en aquellos de carácter liberal conservadores republicanos de centroderecha. Al mismo tiempo, incluso en sectores a los que se les atribuyen tendencias autoritarias y/o de extrema derecha, su adhesión al modelo de sociedad libre, democrática y republicana es expresa y sostenida, lo que no pondría otro riesgo político que su oposición menos transigente a las reformas que el actual Gobierno y sus partidarios buscan, no solo en materia constitucional, sino también en áreas de relevancia como la previsión, salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros.
Es previsible, pues, que en las elecciones de mayo, la derecha presente finalmente dos listas conformadas por la centroderecha y sectores de centro buscando unir fuerzas que van desde ChV hasta parte de bases simpatizantes de la DC, PDG, “Demócratas y “Amarillos”; y una derecha conservadora conformada por una alianza entre Republicanos y Frente Social Cristiano, para competir aleatoriamente en las diversas circunscripciones del país en las que las posibilidades de la alianza menor mejoren dada la magnitud distrital.
En la izquierda, en tanto, es posible esperar la presentación de dos listas, una conformada por la alianza AD (PC-FA) más parte de bases simpatizantes del PS influidas por la presión ideológica de la coalición dominante, así como por su manejo del Gobierno; y una lista socialdemócrata, socialcristiana, conformada por el PPD, PR, PL, más sectores simpatizantes de “Demócratas” y “Amarillos” y, eventualmente, parte de simpatizantes DC históricos.
Dependiendo de la distribución de los candidatos que las coaliciones presenten en circunscripciones binominales, en las que se eligen tres o hasta cinco consejeros, las simulaciones electorales realizadas por especialistas señalan que, finalmente, el nuevo Consejo Constitucional debería contar con una mayoritaria presencia de electos moderados de centroizquierda y centro derecha que bien pudieran distribuirse de modo muy cercano a una equivalencia de cada cual, mientras los sectores de izquierda y derecha “dura” debieran conseguir volúmenes aproximados a su votación reciente en el Congreso, es decir, entre 10% y 15% , dejando una estructura de correlación de fuerzas en el Consejo en la que alrededor del 70% responderá a posiciones de centro tanto hacia la izquierda como hacia derecha.
¿Podrá este revival de las lógicas de centro hacia izquierda y derecha cerrar el proceso de polarización a que el 18-O y el respectivo proceso constituyente de 2020 arrastró al país? ¿Podrá dicha convergencia conformar una quilla que de estabilidad social y económica y permita recomponer una democracia de los acuerdos que posibilite otros 30 años de cooperación, progreso, paz, desarrollo y crecimiento? ¿Podrá la conveniencia electoral pasar por sobre el indispensable filtro de identidades ideológicas que, encaradas como bloques indiferenciados, polariza y enerva a las mayorías moderadas, al revivir sufrimientos y desencuentros ciudadanos de hace ya medio siglo? ¿Serán capaces los diversos sectores de mantener sus respectivas memorias sin que ellas condicionen el presente, ni impidan la construcción de un futuro tan desafiante y distinto a lo que fue el siglo XX? (NP)
