En Chile, por primera vez en muchas décadas, hay amplio consenso en el tipo de sociedad y modo de vida que los ciudadanos desean para sí, sus familias y entornos, fenómeno que se puede observar en las múltiples encuestas e investigaciones que muestran una consistente mayoría de quienes, tanto a nivel de elites, como de la población en general, favorecen posiciones de líderes políticos o ciudadanos que apuntan o a conservar las bases del modelo; o manteniéndolas en lo sustantivo, buscan reformas que lo perfeccionen y lo pongan al día.
Como en toda sociedad democrática y de libertades, coexiste también un sector minoritario, habitualmente muy activo, que no coincide con el resto en su apreciación del modelo de desarrollo seguido por el país desde hace décadas y busca, por medios políticos -aunque algunos por otras vías- ahondar transformaciones que, apoyadas por el segmento modernizador, pueden servir a su propósito de producir un cambio en la estructura de poderes vigente y conformar una nueva forma de sociedad.
Dicha conformación social, en todo caso, ha sido posible merced a la presente estructura política democrático-republicana y de libertades -con sus derechos y deberes asociados- que ha sostenido al país -reformas más o menos- sobre la base de sólidos pilares constituyentes e institucionales que han asegurado derechos humanos básicos consensuados por la humanidad y que han permitido un desarrollo económico y social notable, consistente con esas libertades estructurales así como en las certezas de que aquellas han sido, son y serán protegidas por la normativa.
En dichas sociedades, los poderes políticos y económicos, aupados en sus capacidades de recompensa, punitivas, de autoridad, experticia o de legitimidad social, tienden a estar permanentemente tensionados tanto en función de la búsqueda de una mayor convergencia que les permita sobrevivir a la competencia interna y externa, avanzando hacia la monopolización mediante acuerdos, fusiones o transferencias legítimas o ilegítimas, como por tendencias hacia una diseminación de fuerzas de los contendientes por el poder parcial o total en sus estructuras, hasta que el o los ganadores imponen su mirada, reagrupando fuerzas, mientras otros desaparecen en la irrelevancia. Las sociedades sanas y libres, en consecuencia, se mueven siempre entre tales límites, buscando evitar tanto la monopolización como el desperdigo.
En dicho marco global, los recientes cambios ministeriales han sido atribuidos a una serie de factores comunicacionales, de expectativas económicas o deficiencias políticas en el manejo del Gobierno, el que, eventualmente preocupado por la caída en la popularidad del Presidente y su gabinete, habría decidido dar un golpe de timón para impedir mayores daños en la aceptación ciudadana, una que, medida semanal o mensualmente, se ha transformado en una suerte de cruel mini test electoral o termómetro de apoyos y rechazos a la gestión de la administración de turno. Si a aquello se agregan errores en la selección de quienes colaboran con la máxima autoridad, tales hechos terminan por copar la agenda político-comunicacional, minimizando las verdaderas necesidades de acción político-gubernamental.
Pero lo que se entiende como apoyo o rechazo ciudadano coyuntural a un Gobierno a través de estos sondeos, se parece más a la evolución diaria de los precios de las acciones en las bolsas que a una real descripción del apoyo o rechazo estratégico, de largo plazo, o de fundamentos, de las administraciones evaluadas, razón por la que cambios de gabinete o decisiones de acción o discurso presidencial realizadas por cuestiones circunstanciales no aportan a un mejor diagnóstico sobre la salud de un Gobierno y, por el contrario, las sobrerreacciones muestran a un “inversionista nervioso” que, ante la primera caída de precios de la acción adquirida, se deshace de ella, perdiendo la potencial recuperación y acumulación de valor posterior de la misma. Por lo demás, ejemplos de pérdida y recuperación de la popularidad en política hay en exceso.
A mayor abundamiento, cuando las razones de la caída de precio de una acción o popularidad de una administración se producen por errores de comunicación, de manejo de expectativas o deficiencias políticas en la propia gestión de valor de la empresa o dirección del proceso, sin que medien en ellas acciones efectivas, sino reacciones discursivas hiperbólicas de oposiciones desmembradas y aún en proceso de reorganización, pero que cuentan con los altavoces que las sociedades libres otorgan y que les permiten incrementar artificialmente el costo del error comunicacional o político, si bien pudiera ser adecuado intervenir con decisión para eliminar equívocos y advertir al equipo sobre el resultado de aquellos, parece indispensable también volver a mirar la coyuntura con visión de largo plazo para fijar la proa del buque en la dirección correcta del viaje iniciado y que, supuestamente, pudiera haberse desviado a raíz de los citados errores.
En ese plano, una condición indispensable de éxito y la estrella guía que permite operar con consistencia y coherencia las maniobras del barco o acciones políticas que se adoptan por hechos circunstanciales, es regresar al mapa de la mirada estratégica, es decir, a donde queremos llegar después del viaje de cuatro años, evitando que el buque encalle o se desvíe totalmente de la meta.
No se debería olvidar que la palabra “pecado” proviene del griego y significa algo así como “no dar en el blanco” o “equivocar la meta”. En política, más que los infinitos hechos que la rodean y la afectan minuto a minuto y que, por tanto, inciden en la temperatura afectiva de la tripulación, el más grave pecado es la ausencia de un liderazgo firme que sepa sostener y bien comunicar en hechos y palabras el destino acordado mayoritariamente con los pasajeros, disminuyendo de ese modo las incertidumbres que afectan sus expectativas y perspectivas.
En el país, como hemos visto, no está en juego ni el modelo, ni el sistema, afirmación que se funda en el sólido respaldo que la ciudadanía le dio al actual Presidente en diciembre pasado, aunque, por cierto, quede aún mucha agua por pasar bajo los puentes de las reformas iniciadas por la administración anterior y cuyos efectos están golpeando las expectativas de ciudadanos que, por diversas razones, han mutado desde el apoyo inicial, al rechazo coyuntural de la administración, sin que eso implique necesariamente desapego estratégico.
De allí que sostener el timón dentro de los marcos del programa de Gobierno, seguir avanzando en el envío de los proyectos pertinentes de ajustes a las reformas, incluso a riesgo de no contar con las mayorías necesarias a priori; comunicar claramente que si bien en ellas no hay retrocesos, tampoco hay más profundizaciones que las anunciadas en el programa, insistiendo en el foco madre de la victoria, es decir, en tiempos mejores económicos y sociales para personas y empresas, no solo clarifica el rumbo y metas de la administración, sino que estabiliza expectativas y evita las fuertes oscilaciones del precio de esas “acciones”.
Un liderazgo decidido y firme invita también a refundar en mesas y Congreso la consensualidad político-económica que hizo posible los avances logrados en las últimas décadas, cuando, no obstante las diferencias entre conservadores, liberales y reformistas, Chile no solo no se estancó, sino que consolidó una democracia abierta, plural, próspera, libre y respetada, cuyos fundamentos se reforzaron al punto de una nueva victoria sin precedentes en diciembre de la centro derecha, así como en un Congreso en que iguales posturas son mayoritarias en el subentendido que estratégicamente el país está bien encaminado, no obstante las inevitables reformas que son siempre necesarias para seguir creciendo y que la clase política más experimentada ha dado muestras de poder realizar con inteligencia, flexibilidad y espíritu nacional. (NP)
