La reciente nueva baja de popularidad en las encuestas del Presidente Piñera y el Gobierno central no debiera tener otra interpretación que la que deviene de los naturales vaivenes de la ciudadanía en materias de expectativas político-económicas afianzadas o frustradas, según sea el caso, así como producto de la moderna y “digital” disminución de esos tiempos llamados de “luna de miel” que las personas otorgan hoy a las nuevas administraciones políticas.
Por cierto, errores de discursos ministeriales, autogoles, descoordinaciones y hasta “fuego amigo”, conforman también parte de ese proceso, así como el activo papel de una oposición que, aunque dispersa, logra colocar su discurso crítico, el que, a su turno, es difundido por una amplia y militante orgánica de izquierda y centro izquierda que va desde el Frente Amplio hasta la DC, con sus distintos matices, generando olas concéntricas de descontento coyuntural que tiende a reorganizarse porcentualmente en las tradicionales macro tendencias políticas del país.
En efecto, en Chile, la derecha -entendida como aquellas ideas que reúnen a sectores independientes, nacionalistas, conservadores, liberales y socialcristianos- muestra una dura base electoral que, desde el plebiscito de 1988, no ha bajado en su sumatoria de aquel 42% del “Si” en ese comicio y que, con Piñera, logró llevar hasta casi el 55% en los últimos escrutinios, mostrando que el país cuenta culturalmente con un sector político independiente de capas medias y de centro moderado que -en el orden del 10%- se mueve hacia izquierda o derecha según sus percepciones políticas y económicas vean un mejor, más realista y ordenado proceso de gestión en el marco de elecciones presidenciales, pero que, también, sigue ciertas posturas tradicionales “ideológicas” inerciales en votaciones distritales o regionales para el Parlamento y que otorgan mayorías circunstanciales relativas a diversos partidos de centro izquierda e izquierda.
Así las cosas, una caída como la que presenta Piñera y el Gobierno tras apenas medio año de Gobierno, no debería constituir novedad y, más bien, debiera haberse esperado, pues se trata de un comportamiento ciudadano que se ha observado en todas las administraciones anteriores desde el 2004 en adelante.
En todo caso, lo que realmente importa es la eventual evolución de estos procesos y, en especial, qué es lo que se debe hacer para mantener lo más alto posible las adhesiones iniciales, evitando una profundización del rechazo, en la medida que, teniendo el Gobierno grandes desafíos de reestructuración económica y social, que le exigen una potente legitimidad política interna permanente, debe materializar su programa en un entorno internacional plagado de incertidumbres derivadas del enfrentamiento entre los cuatro grandes bloques de poder geopolítico mundial: EEUU y aliados; Alemania-Francia-UE; Rusia y la mancomunidad; y China y aliados.
En este ámbito, Chile, como país pequeño, con escasa población y una economía insignificante respecto del PIB mundial (alrededor del 0,3% de aquel) ha cuidado mantener una postura diversa, plural y de economía abierta, que le permita comerciar con todos aquellos países o áreas económicas que estén dispuestas a hacerlo, en la medida que su alta especialización en sectores como la minería, pesca, agroindustria y forestación, lo hacen fuerte internacionalmente en tales producciones, pudiendo generar así las divisas necesarias para adquirir los productos que no se fabrican en el país y que una ciudadanía modernizada ya ha integrado a su vida diaria.
Es cierto que coexisten posturas políticas nacionales -tanto en la izquierda como en la derecha- que han criticado el citado modelo exportador por insuficiente para un país que ya sobrepasó los niveles básicos de ahorro interno y generación de capital que pudieran constituir la base de una segunda revolución económica destinada a producir en Chile bienes y servicios de mayor valor agregado, de modo de hacer frente a los desafíos de inversión, crecimiento, producción de valor y empleos consistentes con los avances del siglo XXI.
Tal vez en este punto es donde la discusión política nacional debiera haber puesto su foco desde hace varios años, pues, una de las razones por las que, por ejemplo, el sueldo mínimo sigue siendo factor de disenso y tensión en la clase política, es precisamente debido a la incapacidad real de la economía general de ofrecer una recompensa al trabajo de mayor calidad y cantidad, sin afectar -por decisiones voluntaristas- otros aspectos de la actividad.
Sin embargo, la habitual polémica partidista se tiende a trabar en cuestiones de competencia propiamente electoral, al punto que, el actual problema con el sueldo mínimo, no es resultado de disensos en la cantidad a la que se debe llevar dicha variable, sino el momento en el cual hacerlo, pues, para unos, con la responsabilidad de administrar sus resultados, no es deseable una nueva discusión del mismo pocas semanas antes de las elecciones municipales, mientras que para otros, resulta una ventaja, en la medida que, operando desde la oposición, cuenta con una carta popular en su mano sin tener que responder por los efectos que, v.gr., en el empleo, pudiera tener un incremento imprudente.
Tal vez de allí que la actividad política y administrativa de los Gobierno en naciones democráticas y libres esté siempre sujeta a esos centenares de situaciones coyunturales que tienden a desviar la atención de los propios proyectos del Ejecutivo. El Presidente Piñera ha dicho, a propósito del evento de contaminación en Quintero y Puchuncaví, que prefiere “las manifestaciones al silencio cómodo de La Moneda”, una frase que, criticada por su eventual significado de regreso a una alta exposición personal, muestra, empero, su decisión de encarar los múltiples problemas de una administración de Gobierno, no solo referida a los compromisos contraídos con los electores, sino también respecto de la enorme complejidad de sucesos diarios que se viven en un país.
Por eso es que, en ese marco, perder o ganar en popularidad coyuntural debiera ser un dato de la causa, pero nunca factor determinante del actuar estratégico del Gobierno, ya que la real medida de su gestión emergerá del veredicto que la ciudadanía dicte en 2021, entregándole al candidato oficialista sus votos, si entiende que aquel es un buen continuador de la tarea cumplida por el actual, o endosándoselos a la oposición, de manera que aquella realice los ajustes que los ciudadanos creen necesarios para su mejor vivir, tal como ocurrió en diciembre de 2017.
Pero como la definición de mayorías seguirá en manos de ese 10% de centro moderado, realista y pragmático que le dio a Piñera la victoria pasada, la mejor manera de conseguir su adhesión es cumpliendo a cabalidad con el programa que en 2017 el Presidente ofreció a los chilenos y que, apoyado por su base natural y por este sector moderado, alcanzó una clara mayoría, a pesar de la victoria de parlamentarios de centro izquierda e izquierda en el Congreso, lo que constituye un dato relevante para el trabajo que deben realizar los partidos de Chile Vamos.
Por su parte, los parlamentarios de oposición que ganaron el año pasado tendrán, a su turno, su propio escrutinio en la oportunidad y es presumible que, dada la composición y comportamiento del electorado, de seguir “negando la sal y el agua” u obstruyendo la materialización del programa presidencial, terminen pagando sus respectivos costos electorales. (NP)
