Según diversas fuentes estadísticas, el actual Gobierno ha impulsado el número de funcionarios contratados por el Estado en una cifra que oscila entre las 95 mil a 150 mil personas, monto que equivaldría a aproximadamente el 0,10% a 0,17% del total de la fuerza de trabajo, la que en Chile se eleva a unos 9,5 millones.
La cantidad, empero, toma nuevas dimensiones cuando se la compara con la fuerza de trabajo ocupada efectivamente y que, en los últimos años, se ha movido con una desocupación y/o cesantía media de entre el 7% y casi 9% del total citado. El guarismo implica que, de esa suma -que considera a personas de entre 15 años y hasta la edad de jubilación- se reduciría a poco menos de 9 millones, razón por la que, en tal caso, el Estado ha creado en estos últimos dos años y medio nuevos puestos de trabajo equivalentes al 0,15% y hasta casi 0,19% del total de la fuerza de trabajo.
Pero si además se añade el hecho económico de que la tasa de ocupación informal, es decir, aquella en la que las labores se realizan sin protección de las leyes laborales vigentes en el país, se eleva a un nada despreciable 27,1% de la fuerza de trabajo (trimestre agosto-octubre pasado), la cifra inicial de 9,5 millones se reduce a unos 6,9 millones de personas, con lo cual los entre 95 y 150 mil trabajadores contratados por el Estado suben a entre 1,4% y 2,2% de la fuerza de trabajo con contrato formal.
Crear un puesto de trabajo en Chile y el mundo tiene costos variables según la complejidad del sector de que se trate y dependiendo de los valores de inversión en maquinaria, infraestructura y capacitación que se requiera. En minería, por ejemplo, cada puesto de trabajo puede exigir inversiones del orden de entre US$ 50.000 y US$100.000 o más. En el comercio o servicios, los costos promedio oscilan entre US$10.000 y US$$30.000 por empleo. Los sectores tecnológicos, en tanto, se ubicarían entre ambas áreas, dependiendo de la complejidad de la inversión.
De otra parte, en los programas de empleo y capacitación impulsados por el Estado, como, por ejemplo, subsidios al empleo, los costos promedio de crear un puesto de trabajo pueden variar entre US$2.000 y hasta US$5.000, según los incentivos y los tiempos del apoyo.
Así, si se aplican los citados datos estadísticos a la creación de los 95 mil y hasta 150 mil empleos que se estima ha generado el Estado en los últimos dos años, el costo de esa gestión, considerando solo los montos explicitados para tareas de baja complejidad e inversión como el comercio o servicios, sería de entre US$ 1.900 millones y US$ 3.000 millones, mientras que mirados solo como subsidios a puestos de trabajo en el sector privado y apoyados por el Fisco, alcanzarían a las más modestas cifras de entre US$ 380 millones y US$ 600 millones.
Los montos son una clara evidencia de lo relevante que es la inversión bien evaluada para el crecimiento de la economía y lo rentable que aparecen los recursos cuando son apostados a la creación de nuevo valor en el ámbito privado versus el estatal, sector en el que, además, la inversión en creación y remuneraciones de un cargo una vez materializada tiene un muy alto costo político cuando el Estado se ve en la obligación de deshacerla, aun siendo evidente la mala decisión adoptada, tal como está ocurriendo en una serie de universidades estatales recién creadas y que viven dramáticos momentos de desfinanciamiento, no por la gratuidad -según ha dicho el Ministerio pertinente-sino por mala gestión de sus administradores y que como se ha visto en las noticias ha concluido con masivos despidos en varias de esas casas de estudios superiores..
La rentabilidad país de corto plazo de los US$ 1.900 a US$ 3.000 millones que estarían costando al Estado los 95 mil a 150 mil servidores públicos es dudosa, a no ser que entre esas contrataciones hayan firmado destacados profesionales que llegan al servicio público con el afán de mejorar la eficiencia y eficacia de la respectiva oferta social, características que hasta ahora no se ven si es que, junto al tema educacional terciario, de otro lado se observa el comportamiento de los servicios de salud, sus vergonzosas listas de espera y la atención preferente a familiares de funcionarios de varios centros hospitalarios denunciada por Contraloría.
En sus más de 200 años, los Estados modernos han confluido en una suerte de acuerdo general y sin marca ideológica, en el sentido de que hay cuatro grandes sectores de la actividad humana reciente en los que pareciera inevitable una convergencia pública y privada para su provisión dada su complejidad: la educación, la salud, la seguridad pública y la previsión. La polémica final al respecto es simplemente cuánto de dicho abasto debiera ser público y cuánto privado.
Y si se añaden éstos a los ya instalados servicios estatales históricos como las relaciones exteriores, defensa, seguridad y obras públicas, se pudiera afirmar que el resto de la actividad económica, social y cultural puede y debería ser llevada a cabo por una ciudadanía libre para emprender e intercambiar en los casi infinitos mercados del modo más abierto y competitivo posible, impulsando así más actividad, crecimiento y riqueza privada y tributaria que permita al Fisco concurrir eficiente y eficazmente a colaborar con la mejor calidad de servicio social en las áreas a las que el desarrollo lo ha impulsado a participar, así como con la eficiencia y eficacia que observan sus pares privados.
Ingratamente las señales que desde sus inicios ha dado el actual gobierno es que, atado por el discurso maniqueísta de ricos vs pobres no confía ni en el capital, ni en el empresariado al que le pareciera necesario mantener maniatado mediante normas, leyes y protocolos que impidan que emerja su espíritu animal y desencadene una tormenta de abusos contra consumidores vulnerables e inválidos. Pero en las sociedades libres es el emprendedor y el empresario que, arriesgando su capital y tiempo, pone las bases para la creación de nuevas fuentes de riqueza y trabajo, buscando el lucro que le permita crecer para recibir la justa recompensa por su riesgo, esfuerzo y postergación de consumo, si es que, además, el proyecto resulta.
Si bien es cierto, el discurso del Gobierno ha variado y hoy se pudiera afirmar que pareciera haber entendido la relevancia de la iniciativa y la empresa privada en el desarrollo nacional, la ideología estatista sigue dominando el añejo pensamiento que aún anida en tantas mentes de nuestras jóvenes autoridades, las que han seguido insistiendo -sin comprender el fundamento de las posturas que lo rechazan- en promover una reforma previsional “solidaria”, pero “injusta” con los trabajadores que quieren que los ahorros generados por el 6% adicional de cotización que se ha propuesta sea de ellos; y la tributaria, que no solo aumenta el peso de los costos de producir bienes y servicios competitivos para los mercados nacional y extranjeros, sino que eterniza un Estado burocrático, con más funcionarios menos eficientes, lento, industrial y fósil, en momentos en los que ya se han abierto las puertas de una modernización universal proveniente de la digitalización y robotización inteligente de la producción y los servicios.
Es de esperar que la reciente creación del Ministerio de Seguridad y las propuestas de aprovechar el momento para reorganizar la estructura ministerial y estatal vigente estimule al Gobierno a avanzar hacia una modernización que bien podría ahorrar alrededor de US$ 5 mil millones anuales en programas inútiles, de manera que la experiencia de gobernar siga produciendo el milagro de educar a una juventud política que entienda que no es egoísmo buscar el mejor uso y asignación de los recursos sociales escasos por naturaleza, sino que, al revés, es una obligación moral ante los cientos de miles de chilenos que no tienen trabajo o que el Estado ha debido concurrir a su contratación “política” habida consideración el poco dinamismo que la desconfianza y malas políticas públicas del Gobierno han generado entre los trabajadores, emprendedores y empresarios privados. (Red NP)
