Uno de los motores del desarrollo es el capital humano, entendido como las capacidades y competencias que proveen los individuos al proceso productivo y que son inalienables, lo cual es una característica fundamental del capital humano en relación con el capital físico.
Un país que persigue el progreso debe ser capaz de proveer una diversidad de competencias de tal manera que la mayoría de los bienes y servicios que se produzcan tengan un estándar mínimo capaz de satisfacer las demandas de los ciudadanos. Así es tan importante tener un albañil o mecánico de buen nivel como un doctor en física cuántica. Además, la provisión de capital humano debe ser suficientemente amplia y de una calidad que permita que los individuos libremente puedan perseguir sus proyectos vitales. No todos quieren ni tienen las habilidades para ser académicos o profesionales de élite, como tampoco todos las tienen para, ni quieren ser, mecánicos de buen nivel.
La industria de la educación superior tiene dos tipos de proveedores: las universidades y los institutos técnicos profesionales. Dentro de cada grupo existe mucha heterogeneidad de calidad y costo de la educación ofrecida. Esta variedad es fundamental para que se puedan cumplir los objetivos antes dichos.
La inalienabilidad del capital humano y la gran incertidumbre acerca de los retornos del capital humano por diversas razones, como su obsolescencia, debido por ejemplo a los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, hacen complejo su financiamiento por parte de instituciones financieras. Del mismo modo, el financiamiento de las instituciones de educación superior es complejo y caro por el tipo de servicio ofrecido y por su condición de sin fines de lucro.
Está archidocumentado que el retorno de la educación superior la hace una de las mejores inversiones a la que los seres humanos, especialmente a tempranas edades, pueden acceder.
Lo anterior nos conduce a la pregunta de cómo debemos financiar la educación superior. Pregunta de larga data en el mundo desarrollado y que, en la última década, ha encontrado como respuesta que ello debe ser con créditos proveídos por instituciones financieras con o sin aval del Estado, o por el Estado y con becas proveídas por las mismas instituciones de educación superior e instituciones públicas y privadas, las que las asignan de acuerdo con el mérito y, a veces, con la condición socioeconómica del postulante. Estos créditos deben ser contingentes al ingreso, con un porcentaje no superior al 10% de la renta, su recaudador debe ser el SII y su deuda debe extinguirse después de un período de 15 a 10 años.
El método de financiación a través de gratuidad ha demostrado ser un fracaso en dos frentes: ella ha aumentado la segmentación socioeconómica a través de los diferentes planteles y ha desfinanciado a muchas universidades, con el consiguiente deterioro en la calidad de la educación e investigación. El deterioro se ha focalizado mayormente en aquellas instituciones que generaban mayor movilidad social. Por ende, fracasó justamente en aquellas dimensiones que pretendía mejorar.
Además de su fracaso, el costo de su financiamiento para el Estado es de magnitudes no despreciables, pero lo más costoso no son los costos directos, sino el costo de oportunidad de los recursos involucrados. La gran mayoría de ellos debió ir a educación preescolar y escolar. Hoy la mayoría de los alumnos de la educación superior son analfabetos funcionales. Sabemos que el 62% de las personas adultas en Chile es incapaz de resolver operaciones matemáticas básicas, como sumar y restar. Y en comprensión lectora, el 53% no entiende instrucciones escritas simples, como interpretar los signos de un mapa.
De las tres mejores universidades de América Latina, la primera y la tercera son chilenas. Ese es el resultado de un sistema universitario que era altamente competitivo y que se creó a la luz del enfoque que rige al sistema universitario de Estados Unidos, el cual se basa en el libre mercado, y que es hoy por hoy el sistema más exitoso del mundo (ver, Market, Mind and Money, 2020, Urquiola, M.).
La alta rentabilidad de las carreras profesionales y técnico-profesionales, la movilidad social, y el avance en la calidad de la educación y de la investigación de las universidades chilenas que se alcanzó desde que se introdujo la posibilidad de crear universidades privadas en 1981, está hoy en riesgo por las reformas introducidas y por la condonación del CAE, que dejará al erario público desfinanciado y creará incentivos perversos.
Es hora de desmantelar dichas reformas, introducir mayor competencia en el sistema, regular de mejor manera el estándar de las instituciones de educación superior, hacer de la ANID un ente menos rígido y burocrático, introducir un CAE como el que se propuso en el anterior gobierno y que duerme en la comisión de Educación desde entonces. (Emol)
Felipe Balmaceda M.
U. Andrés Bello, LM2C2, MIPP e ISCI
