Un paro en 15 ciudades del país lleva a cabo este jueves los funcionarios del sector público en medio de las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público por el reajuste salarial.
La idea de la movilización es presionar para viabilizar las demandas de los trabajadores del Estado y que el Ejecutivo «cumpla sus compromisos», pero el principal objetivo es imponer su visión respecto a lo relacionado con los trabajadores a contrata.
El debate en esta materia surgió luego de que la Contraloría sorprendiera a inicios de noviembre con la dictación de una nueva jurisprudencia administrativa, que estableció que el principio de confianza legítima -de continuidad en el cargo- de los trabajadores a contrata del sector fiscal ya no será una materia de revisión del ente fiscalizador, sino de los tribunales de justicia.
Durante la gestión del anterior contralor, Jorge Bermúdez, se determinó por parte del organismo que la confianza legítima se podía argumentar ante la Contraloría luego de dos renovaciones sucesivas. Pero esto cambio en los últimos años en los casos judicializados que escalaron hasta la Cuarta Sala de la Corte Suprema. Esta resolvió que dicho principio podía ser planteado recién tras cinco años.
Así, este nuevo criterio de la contralora Dorothy Pérez dejó en manos de los tribunales de justicia estas reclamaciones, lo que generó la ira de los funcionarios públicos, quienes reclaman que esta medida los deja en la «indefensión» y urgen que el criterio se modifique.
Según señaló la semana pasada David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) al anunciar al paro, este tiene como objetivo «la estabilidad laboral, la estabilidad salarias, pero sobre todo el peligro que hoy día se genera ante la renovación del contrato de muchos, de cientos, de miles de trabajadores públicos que hoy día ven lamentablemente en riesgo sus puestos de trabajo».
«Nunca más vamos a retroceder en derechos para los trabajadores, es por esto por lo que el inicio de nuestras negociaciones (con el Gobierno) serán con movilización en las calles», subrayó.
La movilización comenzó a eso de las 11.00 horas. En Santiago, se lleva a cabo una marcha que iniciará en Santa Rosa con la Alameda.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha expuesto una visión más bien crítica respecto a este paro. Ayer comentó que las negociaciones con el sector público comenzaran formalmente el viernes, por lo que sostuvo que «la convocatoria de un paro antes de sentarse a conversar, la verdad es que no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir y cada vez que se paraliza existe por otra lado una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados».
OFICIALISMO PRESIONA
Paralelamente, y en línea con lo que solicitan los funcionarios públicos, un grupo de diputados del oficialismo generó una presión adicional al Ejecutivo, al ingresar un proyecto de ley que busca abordar esta materia que ya ha dirimido la Corte Suprema.
Nueve diputados del bloque PS, FA y PC, liderados por el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Luis Cuello (PC), ingresaron una moción que busca por la vía de un proyecto de ley interpretativo abordar la aplicación del principio de confianza legítima.
La propuesta busca reducir a dos años el plazo para la renovación automática de las contratas, periodo que es menor a los cinco años que determinó la reciente jurisprudencia del máximo tribunal. Por ahora, el Gobierno se abstenido de ir contra el último dictamen de la contralora Pérez y avanzar en alguna modificación legal.
MINISTROS JARA Y MARCEL: «DIFÍCIL DE ENTENDER»
Las voces del Gobierno se alinean para manifestar sus discrepancias por el paro nacional convocado por los trabajadores del sector público para este jornada. «No le encuentro mucho sentido», dijo ayer la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Hoy, el titular de Hacienda, Mario Marcel, en la misma línea, sostuvo que «es difícil de entender».
El jefe de la billetera fiscal expresó su descontento frente a las movilizaciones que de desarrollan por las negociaciones sobre el reajuste salarial, en el cual los trabajadores buscan un aumento real del 3% por sobre el IPC acumulado.
Pero el principal foco de molestia de los trabajadores del Estado dice relación con el nuevo criterio sobre confianza legítima -de continuidad en el cargo- que estableció la contralora Dorothy Pérez.
El paro está convocado en 15 ciudades del país, y preceden el inicio oficial de las conversaciones formales entre el Gobierno y los funcionarios que se llevarán a cabo mañana.
En conversación con Radio ADN, Marcel calificó la medida como una acción «difícil de entender». Según el ministro, «uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones. Desgraciadamente, en el sector público eso no está regulado, pero igual es como de sentido común que es en esas circunstancias en las cuales se pueden entender las movilizaciones de los trabajadores».
El paro también ha sido cuestionado por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien manifestó ayer que «la convocatoria de un paro antes de sentarse a conversar, la verdad es que no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir».
Jara enfatizó que las paralizaciones impactan directamente a la ciudadanía, que «no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados». Marcel, en tanto, también subrayó el impacto adverso en la población que tienen este tipo de paros.
«Los paros en el sector público a quienes afectan es a la gente que recurre a los servicios públicos. Entonces esto no es como una empresa que deja de producir durante unos días, deja de vender; en este caso son servicios respecto a los cuales la ciudadanía no tiene otra alternativa», añadió.
Ante la pregunta sobre la efectividad de los turnos éticos, el ministro reconoció que estos no son suficientes para evitar las consecuencias del paro. «Puede haber turnos éticos, pero pensemos que igual hay personas que tenían que hacer un trámite, que tenían que acceder a un beneficio, que tenían que obtener un permiso, que tenían que atender a sus hijos en un jardín, etc. Entonces, protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general es algo que es difícil de entender». criticó.
El titular de Hacienda reiteró que las paralizaciones en el sector público no pueden evitarse completamente debido a la falta de regulación, pero recordó que la ley establece sanciones para estos casos.
«Lo único que cabe cuando hay paralizaciones en el sector público es lo que establece, o sea, lo que es propio de la ley es descontar los días no trabajados. Pero en este caso entiendo que es una cosa más puntual, una jornada, etc.», explicó Marcel.
El ministro también apeló al espíritu de colaboración en las negociaciones, destacando la importancia de encontrar acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a la ciudadanía. «Yo creo que todos entendemos que en torno a la cifra de reajuste tiene que haber acercamientos de ambas partes. Del lado de los trabajadores, es legítimo que ellos demanden una mejora; del lado del Gobierno, las mejoras tienen que estar dentro del marco de los recursos de los que se dispone», indicó.
Finalmente, Marcel enfatizó que la prioridad debe ser garantizar la calidad del servicio público. «Lo que tenemos que hacer como empleadores no es simplemente ver cuánta plata tenemos, sino que ver de qué manera los acuerdos a los que llegamos también nos ayudan a prestar mejor el servicio a la ciudadanía«, acotó.(Emol)
