Los últimos escándalos de financiamiento irregular de la política, que partieron en 2014 con el caso Penta y han involucrado a varias de las principales empresas del país, han generado una merma en la confianza hacia la clase política y empresarial y un mayor riesgo reputacional evidente para los privados.
Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), apenas 24 empresas declararon haber realizado donaciones con fines políticos en 2015, basándose en información comercial del año 2014.
Esto implica una fuerte caída desde las 185 personas jurídicas que declararon haber recibido un beneficio tributario por aportar a la actividad política un año antes. Los montos llegaron apenas a $ 397 millones, desde los $ 13.600 millones previos.
A diferencia de ejercicios anteriores, el informe del SII -solicitado por un particular vía Ley de Transparencia- no explicita los aportantes ni los receptores de las donaciones por conceptos políticos en 2015.
Para años anteriores, por ejemplo, sí incluye como receptores al Servicio Electoral (Servel), Renovación Nacional, ChilePrimero y el Partido Socialista, mientras que algunas empresas aportantes en años recientes fueron SQM Salar, Aguas Andinas y Quiñenco, entre otras.
Y si bien la realización de aportes legales a la actividad se reducen considerablemente tras los años de elecciones, (ver tablas), los abogados tributarios coinciden en que los últimos escándalos han inhibido a las empresas de exponerse a cuestionamientos de la sociedad civil y de sus accionistas.
“Hoy las empresas han tomado distancia con el uso de este beneficio tributario. Ningún contribuyente quiere verse involucrado en cuestionamientos por parte la autoridad”, señala el socio de Bustos & Cía., Mario Piña.
El socio de Tax & Legal de RSM, Cristián González, señala que si bien el aporte legal vía donaciones “no se vincula” con la emisión de boletas ideológicamente falsas, los escándalos de financiamiento irregular “sí afectan la percepción que tiene la sociedad respecto de quienes contribuyen a campañas políticas, sean ellas legítimas o no”.
Patricio Gana, de AK Contadores, señala que si bien el riesgo reputacional es elevado, también hay un efecto de la mayor fiscalización en general que está aplicando el SII.
El socio de Tax & Legal de BDO, Rodrigo Benítez, señala que otra de las causas de la baja en las donaciones sería el impacto de la desaceleración de la economía en las utilidades de las empresas. “Pero efectivamente puede haber un impacto en los escándalos del financiamiento irregular de la política y al uso que se destinan estos fondos”.
“Me imagino que las empresas pueden haber tenido temor de verse expuestas a cuestionamientos. Como la donación es, por definición, sin contraprestación, el que estaba dispuesto a dar algo por nada puede haber preferido, en lugar de ahorrar impuestos, ahorrarse problemas en caso de fiscalizaciones”, asegura Marcelo Muñoz, de Salcedo & Cía.
Mientras que el socio de VLA Abogados, Christian Aste, es más enfático: “No creo que las empresas quieran aparecer expuestas publicamente, como donantes de ciertos partidos o candidatos, porque se asume de inmediato en las redes sociales al menos, que bajo ese esquema se están comprando a los legisladores”.
LOS BENEFICIOS
En el año 2003 se aprobó la Ley 19.885 que establece los mecanismos para deducir como gasto las donaciones realizadas a entidades de carácter político.
Así, se podrá rebajar de la renta líquida imponible de Primera Categoría el monto donado. El beneficio, eso sí, no podrá exceder el 1% de la renta líquida imponible correspondiente al ejercicio.
Los beneficiarios podrán ser los partidos políticos, los institutos de formación política y los candidatos a un cargo de elección popular, todos debidamente inscritos ante la autoridad electoral. (DF)
