“Esta es una materia para convocar a un acuerdo nacional”. Fueron las palabras del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, el 19 de abril, para referirse a la modernización del Estado que busca impulsar el Ejecutivo. Una idea que está contemplada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que establece cuatro ejes centrales: política de datos abiertos, agenda anticorrupción, “Ley de Transparencia 2.0” y la modernización del Congreso Nacional.
Una convocatoria que hasta ahora ha quedado en solo una idea, pero que en La Moneda no descartan que se pueda concretar, en momentos en que se instala una sensación de impunidad respecto de los casos de financiamiento irregular de la política y sobre el curso de la investigación por el desfalco de Carabineros. En este escenario, la Segpres está diseñando una hoja de ruta que, dicen, apuesta a la “integridad pública” y que contempla diferentes iniciativas en cada área.
Así, por ejemplo, respecto de la agenda anticorrupción se busca mejorar la legislación de probidad municipal y de los gobiernos regionales; regulación de aspectos de contrataciones de personal y contrataciones de bienes y servicios en periodos electorales; creación de mecanismos que sancionen el uso de recursos públicos para fines distintos de los previstos por la ley, y crear mecanismos legales que establezcan mayores condiciones y regulaciones para el tránsito entre el sector público y el privado, avanzando hacia estándares regulatorios existentes en los países de la Ocde.
Esto último es considerado por el gobierno como una de las medidas “más urgentes” a implementar dentro de la agenda. De hecho, ya está trabajando en el proyecto de ley que presentarán en un plazo de dos meses. Dentro de las opciones que se evalúan está aumentar, al menos a un año, el lapso en que una autoridad o funcionario queda inhabilitada de transitar desde el sector público al privado en áreas que resulten incompatibles.
En la actual legislación se señala que “son incompatibles las actividades de las exautoridades o exfuncionarios de una institución fiscalizadora, que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo” por el plazo de seis meses después de haber expirado las funciones.
Dentro de las demás medidas anticorrupción figura la institucionalización del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), con el objetivo de avanzar en la prevención de las faltas a la probidad; la creación de un sistema de denuncias anticorrupción, el que contempla “una debida protección de los denunciantes”; y la actualización del catálogo de conductas sancionadas, considerando el aumento de las penas relativas a los delitos funcionarios como el soborno y el cohecho.
LEY DE TRANSPARENCIA 2.0
En el marco de los 10 años de la promulgación de la Ley de Transparencia, que se cumplen en agosto próximo, el gobierno está trabajando en una serie de medidas para actualizar la normativa, lo que contempla recoger ideas de la denominada “comisión Engel”.
En este escenario es que la Segpres conformó una mesa de trabajo con el Consejo de la Transparencia y Chile Transparente, con el objetivo de elaborar en conjunto una normativa “2.0”. De hecho, el ministro Blumel ya se ha reunido con ambas instituciones para ir avanzando en la materia. Desde Chile Transparente indican que ya cuentan con una minuta con cerca de 20 puntos para discutir.
En esta área el Ejecutivo busca fortalecer las obligaciones de transparencia en lo que dice relación con el gasto fiscal y las contrataciones del sector público, así como también se pretende aumentar los órganos sometidos al control de la Ley de Transparencia.
En relación con la “política de datos abiertos”, se pretende crear una plataforma única de datos. Para eso, pretenden modificar el proyecto de ley de Chile Atiende que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, por lo que dentro de las próximas semanas se ingresará una indicación en la materia que apunta a dividir el organismo y a dotar al Instituto de Previsión Social (IPS) para que tenga el mandato legal de crear una “ventanilla” única digital y presencial de todos los trámites del Estado.
Además, para ir agilizando la transformación digital en la realización de trámites, se conformó una división de gobierno digital que está siendo encabezada por Andrés Bustamante. De igual manera, se busca perfeccionar la protección y el tratamiento de los datos personales y la utilización de herramientas como el bigdata para el desarrollo de políticas públicas modernas.
Junto con esto, además, el gobierno pretende modernizar el funcionamiento del Congreso Nacional para fortalecer su gobierno corporativo; modernizar y también modificar el sistema de asesorías para que se profesionalicen. Iniciativas que ya están contempladas en un borrador que será presentado a la presidenta de la Cámara, Maya Fernández.
En medio de los cambios que se busca implementar, Blumel abordó la semana pasada la agenda del Ejecutivo en esta materia con el ministro de Modernización del Estado de Argentina, Andrés Ibarra. Ahí, acordaron realizar un trabajo en conjunto para compartir las experiencias entre ambos países, tarea que quedó a cargo de uno de los integrantes del segundo piso de La Moneda, Rafael Ariztía. (La Tercera)
