El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y tiene la extraordinaria particularidad de ser pionero mundial en la protección de los defensores del medioambiente, cuyas vidas corren peligro en varios puntos de la región. «Es un gran paso adelante, porque reconoce e incluye la necesidad de proteger a las y los defensores de derechos humanos ambientales, que sufren agresiones, asesinatos y criminalización por estar en primera línea en la protección de estos derechos», dice a DW Enrique Eguren, de la ONG Protección Internacional (PI, Mesoamérica-Bruselas).
Aún quedan países de América Latina por ratificar el texto, que irá adquiriendo mayor legitimidad a medida que el resto de Estados se vayan sumando a él. El impulso adquirido hasta ahora culmina estos días en la segunda reunión dela Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú, que se celebra en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de abril de 2023, día en que se cumplen dos años de la entrada en vigor del documento.
«La agenda principal de la COP 2 es garantizar, junto a la CEPAL, que todos los mecanismos de la implementación del Acuerdo den espacio, de una manera amplia, a la participación de la gente. Además, se discutirá sobre el plan de acción para defensores medioambientales», dice a DW, desde la capital argentina, Marcella Ribeiro, abogada del programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA (Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente).
LUCES Y SOMBRAS
Precisamente, la lentitud en adoptar un plan de acción para proteger a los activistas ensombrece el balance de la breve trayectoria del Acuerdo de Escazú: «Ha sido un poco frustrante desde la perspectiva de la sociedad civil, por los tiempos que se están tomando», lamenta Ribeiro. Además, hay países de gran peso que no han ratificado el Acuerdo, como Brasil, y está el peculiar caso de Costa Rica, que al principio lideró el desarrollo del texto y después dejó pasar los plazos para su aprobación.
En el otro lado de la balanza están Chile y Colombia, cuyos respectivos Gobiernos de izquierda impulsaron la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¿Es una cuestión política la asunción del documento? «Ciertamente, el hecho de que estos dos presidentes tuviesen una agenda en la que el tema de los derechos ambientales es tan prioritario, ha ayudado a que el Acuerdo sea ratificado», dice Mónica Adame, secretaria general de Parlamentarios para la Acción Global.
«Sin embargo, no nos parece que sea necesario este giro político. Lo que se requiere es que el Acuerdo sea conocido de manera correcta en los distintos países, y uno de los ejemplos es Costa Rica. Los legisladores costarricenses que apoyaban su ratificación nos han comentado que hubo demasiada desinformación sobre los objetivos del texto. Y ese es el problema de la mayoría de los países que no lo han ratificado, que no ha habido los espacios de diálogo entre la sociedad civil, los Gobiernos y los parlamentos para poder abordar de manera apropiada y adecuada de qué se trata el Acuerdo de Escazú», prosigue Adame.
Por otro lado, Marcella Ribeiro destaca el positivo balance logrado por México: «Allá ya están en el proceso de implementación, ya tienen discusiones en el Congreso sobre cómo alterar la legislación nacional para adecuarse a los parámetros de Escazú», destaca la abogada de AIDA.
PROTEGER A LOS DEFENSORES
Los pilares del Acuerdo de Escazú son el acceso de las comunidades a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la Justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales. Pero el tema más acuciante es precisamente el que distingue a nivel mundial a este documento: el plan de acción de los defensores en la región más mortífera del planeta para ellos.
Desde Buenos Aires, Lucila Taboada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de Argentina, confirma que este punto es el mayor desafío para su país: «No solo porque aún no existe un diagnóstico acabado respecto a cuáles son las amenazas, hostigamientos y coerciones que enfrentan estas personas, sino también porque la naturaleza federal del Estado hace que sea difícil otorgar un piso homogéneo de garantías».
En ese sentido, la abogada Marcella Ribeiro destaca que los pilares de información, justicia y participación se irán implementando a distintas velocidades en cada país, pero la parte de la protección de los defensores puede hacerse de manera unificada en toda la región. «El llamado a la protección de los defensores es algo que tienen que hacer todos los Estados de inmediato», subraya Ribeiro. (DW)
