En la lógica de la irrestricta defensa de la libertad de expresión resulta una pésima señal para el ejercicio del periodismo y su rol fiscalizador la querella interpuesta por la ciudadana Bachelet en contra de la revista Qué Pasa, por la publicación de la nota en la cual un oscuro operador de la derecha la involucraba en el caso Caval.
En este sentido, si la revista publicó el texto que filtraba la imputaciones de Juan Díaz a la Presidenta de la República porque era parte de una operación o complot en contra de la Mandataria; o si el ex operador UDI dijo lo que dijo a sabiendas de que estaba siendo grabado y de que eso iba a salir en los medios, son argumentos que pueden hacer comprensible la reacción de Bachelet en su legítimo derecho de defenderse de lo que ella considera son mentiras e injurias, pero que sin embargo, en la lógica de la defensa de la libertad de expresión, no la justifican.
Primero, porque la ciudadana Bachelet es la Presidenta de la República, la máxima autoridad del país, y la pretensión de que puede desdoblarse en tanto ciudadana resulta una quimera o a lo menos un acto de ingenuidad.
Segundo, porque con esto la señal al periodismo resulta nefasta, más cuando este transitaba por sus momentos de gloria, investigando y denunciando temas frente a los que por años hizo vista gorda, como puede ser por ejemplo la colusión entre dinero y política.
Con la querella interpuesta contra un medio de comunicación la ciudadana Bachelet les infligió un grave daño a la Presidenta de la República y al país.
Y tercero, porque si bien resulta grotesca y poco creíble la acusación en contra de Bachelet, al entablar esta querella encubre un debate de fondo en el periodismo de hoy, que tiene que ver con la ausencia de rigor en las rutinas periodísticas, como puede ser la ausencia de chequeo de la veracidad de las fuentes, por citar un ejemplo atingente en este episodio.
Hoy el debate estará centrado en una querella que, quiéralo o no, atenta contra la libertad de expresión en tanto atemoriza o coarta el derecho a la información, la fiscalización a los poderes y la demanda de mayor transparencia que la ciudadanía les hace a todos los sectores de la sociedad.
Querella que, sumada al fracasado intento de hace pocas semanas de aprobar modificaciones al Código Penal con una normativa que sancionaba con penas de cárcel las filtraciones en casos que investiga la Fiscalía, cuestión que amordazaba a la prensa y que concitó en un primer momento el apoyo de todo el espectro político, nos permiten interrogarnos acerca del espesor democrático no solo de nuestras instituciones sino además de quienes detentan el poder.
En esa perspectiva, con la querella interpuesta contra un medio de comunicación la ciudadana Bachelet les infligió un grave daño a la Presidenta de la República y al país.
Faride Zerán
Fuente: Edición Original El Mostrador
