Los sistemas de pensiones viven una crisis en la mayor parte del mundo. Los sistemas de reparto que predominan discurren sobre la idea de Bismarck de que los trabajadores activos debían financiar con sus imposiciones a los jubilados. El cambio demográfico hace que si en 1943 (cuando se creó el seguro social) había en Chile cerca de 12 trabajadores para financiar a un jubilado, hoy día no alcanzan a ser 3 trabajadores dependientes por cada pensionado. El impacto financiero sobre los sistemas de reparto es devastador y por ello, contrariamente a lo que se nos propone en acá, todos los países avanzan hacia mayor capitalización y menos reparto.
Con todo, el problema hoy en Chile es que el nivel de las pensiones es insuficiente para las expectativas de la población. Una reforma entonces debiera avanzar en tres direcciones: primero, aumentar el ahorro previsional, lo que se puede lograr disminuyendo las lagunas previsionales, mejorando los incentivos para cotizar y también subiendo la tasa de cotización, que es baja en términos internacionales; segundo, aumentar la edad de jubilación dado el envejecimiento de los chilenos; tercero, mejorar el pilar solidario mediante el cual la sociedad ayuda, con impuestos, a complementar la pensión de las personas de menores recursos.
Desgraciadamente la reforma no hace eso. Solamente avanza en un tema, que es el pilar solidario, y en cambio retrocede en materia de ahorro previsional desmantelando el sistema actual para radicar preferentemente en el Estado la función de administrar los recursos, introduciendo serios conflictos de interés y dudas acerca de la eficiencia en la gestión; pero deteriorando, además, los incentivos para ahorrar de los trabajadores. La tercera vía para mejorar las pensiones que es aumentar la edad de jubilación, cuestión que se está haciendo en varios países, ni siquiera se menciona en el proyecto del gobierno.
El problema de bajas pensiones hoy se da especialmente en los sectores medios, que tienen la peor tasa de reemplazo (valor de la pensión como proporción del salario). Esto ocurre porque en los últimos gobiernos se ha avanzado en mejorar el pilar solidario, no así en el ahorro previsional. En el gobierno de Piñera, la Pensión Garantizada Universal se fijó en $193.000, mejorando a los pensionados de menor ingreso y hoy bordea los $200.000, con una tasa de reemplazo que está en el promedio de la OCDE. Esta reforma está plenamente financiada y no requiere más recursos, pues se introdujeron impuestos (como el de las plataformas que operan en internet) que cubren el costo de ella. El programa de Boric considera subir a $250.000 la PGU. Pero los sectores medios tienen una tasa de reemplazo menor y la solución para ellos es aumentar el ahorro previsional con una mayor tasa de cotización e incentivos a ahorrar más.
El proyecto de gobierno hace precisamente lo contrario, en una decisión que sólo se explica por razones políticas ya que devalúa el sistema de capitalización individual para privilegiar el ahorro colectivo y el reparto. Si bien se introduce una cotización adicional de 6%, el dinero así obtenido no va a una cuenta individual del trabajador sino a una cuenta nocional (virtual) que forma parte de un seguro social. Sólo una fracción de este dinero, a través de un sistema de capitalización colectiva administrada por el Estado, beneficiaría a los aportantes. Otra parte financiaría un “préstamo” al Estado para mejorar pensiones a los actuales pensionados, que recibirían 0,1 UF por cada año cotizado con un tope de 30 años. Se ha señalado que la rentabilidad de la capitalización colectiva que beneficiaría a los aportantes sería del 2% anual, muy inferior a lo que se obtiene con el sistema actual. Aún no hay claridad acerca de los supuestos utilizados por el gobierno para hacer sus cálculos, ya que éstos no se transparentan en el informe financiero ni en el de impacto regulatorio y contrarían estimaciones previas del Banco Central frente a distintas opciones de reforma. El gobierno señala, al hacer propaganda a su proyecto, que éste aumentaría los incentivos al ahorro, en circunstancias que la lógica indica que sería al revés al no haber propiedad sobre los fondos y existir traspasos intergeneracionales.
El gobierno financiaría así aumentos a la PGU hasta $250.000, utilizando dinero de los trabajadores, llevándose crédito político por ello y dejando a futuros gobiernos la tarea de “devolver” a los pensionados este préstamo, cuestión que muy probablemente no harán por razones igualmente políticas.
Otros cambios relevantes son la estatización del manejo de las cuentas individuales en un operador monopólico llamado Administrador Público Autónomo; la creación de un Inversor Público Autónomo (IPPA) que tendrá el monopolio de la gestión del 6% y podrá gestionar el 10,5% de capitalización individual a elección del afiliado; y la existencia de Inversores Privados de Pensiones (IPP) que podrán gestionar el 10,5% de la cuenta individual y el stock de ahorros actuales a elección del afiliado. Además de las preferencias que se dan a administradores estatales se introduce un elemento peligroso: si bien hoy las AFP invierten cerca del 20% de su cartera en instrumentos estatales, lo hacen con el único objetivo de maximizar la rentabilidad con un portfolio diversificado y riesgo acotado y sin presiones. Un administrador estatal estará expuesto a la influencia de la política a la hora de decidir las inversiones. Se elimina, además, la Comisión Clasificadora de Riesgos y los multifondos, que se reemplazarían por diez fondos “generacionales”.
Se debilita el ahorro voluntario al eliminar los depósitos convenidos y la cuenta de ahorro voluntario. En materia de beneficios, se eliminan los retiros programados restando así opciones a los pensionados, un tercio de los cuales opta actualmente por esta modalidad. Se modifica el cobro de comisiones desde un cobro por el flujo a un cobro por el saldo acumulado y se aumenta el tope imponible rebajando el sueldo líquido a afiliados que hoy día están topados.
Hay más cambios que por razones de espacio no mencionaremos. Un aumento en la PGU y un alza de la tasa de cotización en 6 puntos que vaya a las cuentas individuales resolvería todos los problemas del actual sistema. Si además se quiere dar una alternativa estatal, podría crearse una administradora estatal que compita. Pero el ministro Marcel ha decidido respaldar un Big Bang al sistema, que degradará nuestro mercado de capitales, afectará el empleo y no aportará al mejoramiento de las pensiones, comprometiendo seriamente su prestigio profesional, tan necesario en los inciertos tiempos que vivimos. (El Líbero)
Luis Larraín
