La Comisión de Derechos Fundamentales de la convención constitucional ha enviado al pleno una nueva redacción sobre expropiación y derecho de propiedad indígena. El texto, que se sometería al pleno de la convención la próxima semana, debilita considerablemente el derecho de propiedad al señalar que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado”. El problema de esta redacción es que el “justo precio” es un concepto que hay que interpretar y por lo tanto su sentido y alcance no son claros. Una propiedad, que puede ser fruto del trabajo de toda la vida de una persona, podría ser expropiada por el Estado y un tribunal fijará el valor que debe recibir esa persona sin más referencia que el “justo precio”; muy distinto a lo que ocurre hoy día en que la constitución establece que deberá pagarse “el daño patrimonial efectivamente causado”. Este último concepto remite inequívocamente al precio de mercado de una propiedad, que es el valor que se debe pagar, al contado, a quien es expropiado actualmente.
Es sabido que distintos jueces y salas de las cortes pueden sostener interpretaciones diferentes de conceptos que no tienen un alcance preciso y ello resta certeza jurídica a las personas acerca de la propiedad de sus bienes. El Estado realiza varios miles de expropiaciones cada año, por distintas razones de utilidad pública, y el patrimonio de esas personas quedaría sujeto a la interpretación de un tribunal según la nueva redacción, o a lo que determine una ley que pudiera dictarse a ese efecto. La protección constitucional al derecho de propiedad adquiere sentido justamente porque éste se fortalece en relación a la protección que da una ley, que puede cambiar según lo hagan las mayorías en el Congreso, sobre todo si consideramos que la nueva constitución, en su capítulo acerca del Sistema Político, define que no habrá leyes con quórum supra mayoritario.
Contrasta esta decisión con lo que se establece para la propiedad indígena, donde el Estado reconoce y garantiza el derecho a tierras, territorios y recursos que quedarán definidos mediante catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución, teniendo derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado. Normas diferentes para distintos grupos, de acuerdo a la lógica de sistemas de justicia especiales que provocarán más conflictos y problemas prácticos que los que ya tenemos en regiones como la Araucanía.
Por otra parte, en el ámbito económico, este cambio a la constitución podría causar un inmenso daño a la inversión, pues actividades que son muy intensivas en capital, como la minería, por ejemplo, y requieren largos períodos de operación para recuperar el capital invertido, se verían enfrentadas a una precarización de su derecho de propiedad sobre una concesión, por ejemplo, en relación a otras jurisdicciones que protegen mejor los derechos del propietario. En un mundo de plena movilidad de capitales es fácil anticipar que este cambio redundará en una disminución de la inversión minera en Chile, responsable de cerca del 15% del PIB nacional, pagadora del más alto nivel promedio de remuneraciones en nuestro país y de algunas de las mayores innovaciones tecnológicas locales. Malas noticias para el sector minero, que por estos días se entera del informe del Servicio de Evaluación Ambiental que recomienda rechazar el proyecto de Los Bronces Integrado, de la Minera Anglo American, que invertiría 3 mil millones de dólares, aportando cerca de 150 millones de dólares anuales en impuestos al erario nacional, consolidando a esta mina como una de las más importantes en la gran minería del cobre chilena con una producción de 400 mil toneladas. La decisión definitiva del SEA debiera tomarse el 2 de mayo próxima y la minera asegura que no se han considerado en el informe mencionado las mitigaciones adicionales y voluntarias que se harían cargo de los efectos sobre la salud pública que podría tener el proyecto.
El efecto combinado de la convención constitucional y el sesgo anti empresa del gobierno de Boric pueden ser letales para la economía chilena. El dólar se cotiza a más de 850 pesos por estos días, cerca de 200 pesos más caro que lo que indican los modelos basados en valores fundamentales para el precio del cobre. Esto indica que un creciente riesgo político para las inversiones en Chile se percibe dentro y fuera del país. El efecto será una baja en las inversiones que agravará los problemas económicos que están sintiendo los chilenos en sus hogares. (El Líbero)
Luis Larraín
