Pero la vida continúa y en Chile se están decidiendo asuntos importantes, que merecen un lugar en el debate público.
Esta semana la Comisión de Trabajo del Senado aprobó, ad-referéndum, entre otros, el cambio de multifondos a fondos generacionales en el proyecto de pensiones.
La ministra Jeannette Jara celebraba el paso, poniendo el acento en el deseo que ha movilizado prácticamente todas las reformas impulsadas por la izquierda en los últimos 10 años, incluida, desde luego, el intento de la Convención para reemplazar nuestra Constitución: “…Cuando las personas en Chile concretamente han elegido, el resultado ha sido más negativo para ellas. Y eso lo muestran los datos”.
Probablemente Jara se refería en ese momento a la posibilidad de que los cotizantes elijan dónde poner sus fondos; concedamos incluso que es de sentido común advertir que debe tenerse en consideración la edad de los trabajadores para optar por fondos conservadores o arriesgados.Lo trascedente, sin embargo, no son los criterios para evaluar una opción u otra, sino sobre quien debe recaer la decisión.
Al principio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, un mandato que venía precisamente a arrasar con la absurda libertad que el “modelo” otorgaba a las personas para elegir salud, educación, jornadas laborales con sus empleadores, etc., sus autoridades expresaban ese espíritu con total trasparencia.
Desde el Ministerio de Salud se explicaba, entonces, que se retrocedía en el sistema de libre elección, que permitía a los afiliados a Fonasa más vulnerables pagar con bonos consultas privadas, porque “cada vez que aumenta la libertad, disminuye la equidad”. Otra personera informaba que se estaba evaluando el programa Elige Vivir Sano (creado por Cecilia Morel para promover hábitos saludables y replicado hoy en varios países), porque “el Estado debe garantizar que la gente no tenga que elegir, porque hay gente que puede elegir y otros que no. El Estado tiene que garantizar derechos”.
Dos claves para mirar la resistencia fundacional del socialismo a la libertad de decisión de los ciudadanos. La primera: la convicción de que la libertad pone en riesgo sus derechos; para protegerlos, por tanto, debe restringirse (ojalá anularse). La segunda: la concepción de un Estado irrefutable y paternalista, sobre el que debe recaer siempre la responsabilidad de decidir.
La experiencia en el mundo y, ciertamente en Chile, aplicando esa ecuación ha sido negativa. El ejemplo más evidente en nuestro país es en educación: se arrebató la libertad de los padres de elegir la escuela para sus hijos, otorgándosela a una tómbola. De paso se restringió la creación de nuevos colegios en un mismo barrio (matar la competencia, prima hermana de la libertad de elegir).
El resultado ha sido devastador no solo con parámetros objetivos, desde el aumento de desescolarización y de exámenes libres, hasta la ampliación de brechas de calidad. También en la percepción de miles de familias, despojadas de la dignidad que implica tomar decisiones, evaluando todas las posibilidades, ni más ni menos que respecto del futuro de sus hijos.
Se equivoca la ministra del Trabajo. Cuando las personas eligen normalmente su vida es mejor que cuando lo hace el Estado.
Incluso si optan por un camino menos beneficioso, lo harán con plena libertad y la certeza de haber ejercido SU derecho a decidir. (El Mercurio)
