En contraste con la actitud que había mantenido hasta ahora, la presidenta Michelle Bachelet se ha referido reiteradamente en los últimos días a la forma con que está enfrentando el gobierno los bullados casos que han explotado como una bomba en el mundo político.
Marcando un innegable matiz con el discurso de que se debe permitir que las instituciones funcionen, se ha encargado de repetir que la postura del gobierno es un total compromiso con la transparencia, sean quienes sean los implicados.
Esta arremetida – en la que además ha precisado que la instrucción es que todos los funcionarios deben colaborar a aclarar los hechos- no ha sido casual. Por el contrario, responde a la decisión de la mandataria de enfrentar la crisis sin otra estrategia que asumir la realidad, por dura que pueda ser tanto para ella misma, para el gobierno o para políticos de su coalición.
En La Moneda aluden a que en su determinación habría pesado, por una parte, que los ecos del caso que afecta a su familia no se acallan -como lo confirmó lo ocurrido con el alza de sueldo de su consuegra en la Junji- a lo que se sumaron los crecientes cuestionamientos al gobierno por la forma en que estaba encarando la situación de SQM.
Fue en ese contexto que la Presidenta optó por aparecer liderando la situación, luego de inclinarse por la tesis de que es preferible pagar los costos que puedan implicar las distintas pesquisas de la fiscalía, a que las autoridades aparezcan tratando de ocultar información.
Con ello, zanjó un tema frente al cual existían distintos criterios entre sus más cercanos colaboradores, lo que en términos políticos implicó el reconocimiento de que la apuesta liderada por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para contener la crisis, había fracasado.
ESTRATEGIAS SIN EFECTO
Tanto en La Moneda como en el mundo político reconocen que, luego del reconocido error inicial para hacer frente al lío del negocio en que apareció comprometido el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, las estrategias desplegadas por el jefe de gabinete para controlar los daños, especialmente cuando asomó la arista SQM, no han tenido el efecto que ha buscado.
En esa línea, algunos apuntan a que la primera apuesta de Peñailillo fue tratar de morigerar la acción de la fiscalía, a la que le habría pedido -por intermedio de algunos emisarios- que fuera prudente, lo que pareció haber tenido eco con el intento de sacar al fiscal Carlos Gajardo de la investigación cuando surgió la arista SQM, pero que finalmente, tras la presión tanto de éste como de la opinión pública, no prosperó.
Los hechos, por el contrario, mostraron que pese a las expectativas del titular del Interior, el Ministerio Público fue adoptando una actitud progresivamente más dura en este caso, a lo que se admite que colaboró, en parte importante, la dilación por parte del SII para presentar acciones en contra de la minera, postura defendida e impulsada por el propio Peñailillo.
De hecho, nadie desmiente que no ha sido ajeno a las jugadas del abogado PPD, Samuel Donoso, quien en representación del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, buscó impedir por distintos caminos la acción de la fiscalía contra dicha empresa, incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional, organismo que el miércoles optó por declararlo inadmisible, luego de que, tal como ocurrió con el cambio de fiscales, las críticas a su accionar después de que lo acogió, no permitieran otra opción.
Considerando que dado el curso que habían tomado los acontecimientos, ninguna maniobra resultaba conducente, en La Moneda terminó por imponerse el criterio de que no había otra forma de enfrentar la crisis que apostando a la transparencia, que en lo concreto se tradujo en que el SII, además de entregar los antecedentes a la fiscalía, presentara las acciones legales en contra de la empresa de Julio Ponce Lerou, que le facilitan sus pesquisas.
Con esta decisión, que es la que ha transmitido la presidenta Bachelet, primó por sobre la línea de Peñailillo, la que ha sostenido principalmente el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la que también compartiría entre otros, la jefa de gabinete de la mandataria, Ana Lya Uriarte, en concordancia con Camilo Escalona –del cual ambos son cercanos- que es quien la ha defendido con más fuerza públicamente.
PODER DEBILITADO
Como admiten sus cercanos, el titular del Interior sabe que en esta crisis su poder, que parecía incontrarrestable, se ha ido debilitando al punto que no desconocería que hasta su permanencia en el cargo podría correr riesgo.
Es que no pocos aluden a que, además del distanciamiento con la Presidenta por la situación de Dávalos, la forma en que ha conducido los otros casos ha abierto un flanco para que se cuestione toda la gestión gubernamental.
En términos generales, a Peñailillo se le critica que desde que estalló el caso Penta, su opción fue no hacer nada pensando que este sólo hundiría a la UDI, sin calibrar que si se abría el tema de la relación de la política con el dinero, más tarde o más temprano, éste podría afectar al oficialismo.
En esa línea, muchas de la críticas apuntan a que, de manera simultánea a sus gestiones para contener a los fiscales, apostara a que la credibilidad del gobierno se recuperaría, básicamente, impulsando la agenda de reformas, lo que contrasta con la realidad que confirma la sostenida caída al respaldo presidencial en las encuestas.
¿RETORNA LA «VIEJA GUARDIA»?
En este escenario, en el cual ha ido tomando protagonismo como la figura más fuerte del gobierno el subsecretario Aleuy, nada se descarta. Incluso ha comenzado a circular la posibilidad de que el saliente Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza –quien afirmó que retornaba a la política- pueda asumir una tarea en el gobierno, que difícilmente sería otra que la conducción política.
Es la expectativa que tienen algunos personeros de la Nueva Mayoría, principalmente aquellos de la llamada «vieja guardia» de la Concertación, a los que el propio jefe de gabinete trató de dar por jubilados cuando asumió su cargo, pero que podrían recobrar vigencia, sobre todo si Escalona se impone en las elecciones del PS a fines del próximo mes.
Como sea, al menos por ahora, ni el regreso de Insulza ni tampoco la salida de Peñailillo formarían parte de los planes de Bachelet, en parte porque ella misma alimentó la instalación de otras generaciones, pero además porque quienes conocen su estilo, indican que le costaría dejar caer a su ministro, tal como le ocurrió a Sebastián Piñera con Rodrigo Hinzpeter, por tratarse de la persona que ha tenido más cerca desde su primer período presidencial.
Los últimos acontecimientos muestran, sin embargo, que la sintonía que había entre ambos no es la misma, como quedó al descubierto en estos días, cuando después de que titular de Interior llamara a detener la «caza de brujas»- aludiendo al caso de las boletas a SQM del subsecretario general de gobierno, Rodolfo Baier- la Presidenta decidiera reiterar de manera categórica que la línea del gobierno es tanto la de la máxima transparencia como la total de colaboración con la justicia.
En este cuadro, todo indica que las posibilidades de un cambio de gabinete en grande, como el que se requeriría si el propósito es contener la crisis enmendando la conducción, en ningún caso sería inminente, porque al final dependerá del desarrollo que tengan los acontecimientos, en un escenario en que la fiscalía continúa con las pesquisas, mientras la decisión de la mandataria es que caiga el que tenga que caer. (DF)
