El giro de la mirada del actual oficialismo a tres años del estallido

El martes 11, en medio de la votación por un nuevo estado de excepción para el sur, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), hizo una pausa en el debate y condenó los hechos de violencia que habían afectado a carabineros en los últimos días, entre ellos el caso del sargento Carlos Retamal, quien fallecería horas después.

“No podemos normalizar que sean agredidos funcionarios policiales”, dijo el presidente del Senado, quien al día siguiente, por una cuarentena por Covid, no pudo encabezar el minuto de silencio por el nuevo mártir de la institución.

Era la tercera vez que la Cámara Alta hacía un gesto de este tipo a Carabineros este año. En los siete meses que lleva la mesa dirigida por Elizalde, el Senado ha hecho más homenajes a policías fallecidos que los que se hicieron en los últimos tres años anteriores.

A los minutos de silencio en la Sala se han sumado senadores de todas las corrientes (desde la UDI al PC), señales políticas que hace tres años, después del estallido social, eran muy inusuales especialmente de parte de fuerzas que hoy forman parte del oficialismo. Las excepciones fueron las muertes del cabo Eugenio Nain (en octubre de 2020) y del sargento Francisco Benavides (en mayo de 2021), asesinados en procedimientos en La Araucanía.

La valorización de Carabineros, la seguridad y el orden público -que era una bandera que enarbolaba mayoritariamente la derecha y muy pocos dirigentes oficialistas, entre ellos Elizalde y el jefe de senadores del PS, José Miguel Insulza-, se ha transformado en uno de los giros políticos más evidentes de las actuales fuerzas gubernamentales, que tras el 18 de octubre de 2019 miraron con simpatía las protestas, donde colindaban manifestantes pacíficos y violentos.

En los meses cercanos al estallido, parlamentarios de izquierda tenían una opinión más favorable de quienes formaban parte de la “primera línea”, grupo de manifestantes que se enfrentaba a carabineros. En enero de 2020, por ejemplo, la Comisión de DD.HH. del Senado organizó un foro en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, al que se invitó a encapuchados de la” primera línea”. Además, los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro presentaron un proyecto de indulto en favor de acusados por delitos relacionados con las protestas, mientras que en la Cámara, el entonces diputado Gabriel Boric promovió una declaración de la Sala en la que señalaba que el “indulto para presos de la revuelta social es un mínimo democrático… Los verdaderos criminales durante el estallido estuvieron en Carabineros y las FF.AA.”.

Al hacer una mirada retrospectiva, Elizalde señala que “hay quienes creen que existe una contradicción en el rechazo categórico a la atroz agresión que privó de su vista a Fabiola Campillai con la enérgica condena a las muertes de carabineros en actos de servicio. No hay tal contradicción. El principio es el mismo: el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, a los derechos humanos. No podemos tener doble estándar”.

Sin embargo, a tres años del 18-O, son pocos los que han hecho una autocrítica en público, a pesar de que, en los hechos y en sus discursos, sus posturas sean distintas.

Por ejemplo, ya no se habla de refundar Carabineros o de una nueva policía. Ahora, en el oficialismo se promueve una reforma profunda o estructural.

Si bien en las dos coaliciones que sustentan al gobierno (Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad), se mantiene la defensa de la protesta pacífica, ya no se aboga por la desobediencia civil, las evasiones en el Metro, ni se tiene la mirada comprensiva con las barricadas ni la valoración de la “primera línea”.

El giro ha quedado expuesto en los primeros siete meses del gobierno del Presidente Boric, quien era uno de los que defendían la legitimidad de la desobediencia civil y cuestionaba el uso de militares en tareas internas de control del orden público. Un hito importante de este cambio fue la decisión de Boric de invocar estado de excepción constitucional para desplegar a las FF.AA. en La Araucanía y el Biobío.

Aunque ya en la campaña presidencial, Boric había condenado la violencia de las protestas, el Mandatario ha ido endureciendo su discurso contra los actos vandálicos y la delincuencia. Además, en el nuevo Presupuesto se definió al orden público y la protección ciudadana como una prioridad.

A nivel de partidos el cambio también es notorio. Por ejemplo, el Partido Comunista, cuyos dirigentes sostienen que nunca validaron la violencia a partir del 18-O, igual promovió la conformación de una brigada de “primera línea” asistencial. “Lucha como Gladys” se denominaba el grupo, que para jornadas de protestas portaban escudos, máscaras antigases y cascos con el fin de brindar asistencia a manifestantes lesionados. No era un grupo de choque, explican en el PC.

No obstante, una vez en el gobierno, la dirigencia comunista decidió comenzar a preparar a militantes en temas de seguridad ciudadana y orden público. El fallido nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior fue una muestra de ello. Además, la diputada Alejandra Placencia, fue designada como representante del partido en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, que el próximo año le tocará presidir.

Estos pasos del PC se asemejan a los que en su momento dio el presidente del partido, Guillermo Teillier, quien cuando era diputado y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, intentó algunos acercamientos con las FF.AA.

“¿Vio usted a algún comunista incitando en la calle la violencia en esa época (del estallido social)? Ninguno. Jóvenes hubo, por ejemplo, que no estaban en la primera línea, sino que en la primera línea de salud, defendiendo la vida de las personas que caían heridas… Nosotros no defendimos la violencia, ni la propiciamos en ese tiempo. La movilización del pueblo no es sinónimo de violencia… Ahora estamos en un proceso que afortunadamente fue pacífico, a pesar de que hubo rasgos de violencia, los cuales se dan en todas las confrontaciones sociales”, dice Teillier.

“Hoy nos toca como gobierno, hacer lo que la derecha no hizo durante los 4 años de Piñera… Como nos interesa el orden público y el rol de Carabineros, es que consideramos necesaria una reforma profunda a la institución: para devolverle la legitimidad y mejorar su formación. Esta reforma no es contra la institución sino con ella y en su favor”, añade la diputada Placencia.

En el Frente Amplio, no solo Boric experimentó una transición. El hito que marcó al conglomerado fue la decisión de ser parte de las negociaciones del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. A pesar de que los partidos originales de este grupo se dividieron al momento de firmar ese pacto que dio una salida institucional a la crisis, ese hecho los distanció de sectores más radicales.

El orden público y la seguridad fue uno de los temas centrales en el último cónclave del Frente Amplio, realizado en San Miguel, el 25 de septiembre. Las conclusiones del encuentro eran reiterativas en estos temas. “Urge que nuestro sector elabore una hoja de ruta y un quehacer claro en materia de orden público que no implique volver a las recetas tradicionales”, dice la síntesis de aquella jornada de reflexión.

Sin embargo, cómo separar la protesta pacífica de la violenta se transformó en un dilema para el frenteamplismo. En la discusión de la Ley Antibarricadas y Antisaqueos, que discutió en la Cámara en diciembre de 2019, sus dirigentes -entre ellos Boric- votaron a favor de la idea de legislar, pero rechazaron el aumento de penas a las barricadas y al lanzamiento de objetos.

Según explicaron entonces los diputados frenteamplistas, la idea era dar una señal en contra de hechos más violentos como los saqueos, pero no criminalizar situaciones menos graves que se dan en manifestaciones. No obstante, dadas las críticas que recibieron de sectores de izquierda, terminaron pidieron perdón por haber votado a favor.

“Cuando pones una norma antibarricadas, antitomas, donde señalas que el enemigo es el que pone la barricada, es lo contrario a la reconciliación y el diálogo… No estoy en contra de las barricadas”, dijo el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social) en CNN, el 6 de diciembre de 2019.

Hoy Winter, jefe de bancada del Frente Amplio, dice que “nosotros nunca hemos estado en contra del orden público. Eso es una caricaturización. Creo que nuestra mirada no ha cambiado, pero la discusión política ha ido madurado. Sabemos que un gobierno que no impone el orden público, no gobierna”, explica. Sin embargo, en retrospectiva, admite que en vista de que “había un gobierno (de Sebastián Piñera) que tenía un proyecto impopular, que tenían una forma de relacionarse hacia el estallido solo con represión, quizás, no estuvo en nuestro énfasis principal el detener la violencia, pero nunca estar a favor de la violencia”.

En esos años de crispación, también hubo frases altisonantes de otros dirigentes frenteamplistas que reaccionaban con rabia a episodios protagonizados por carabineros. Por ejemplo, en febrero de 2021, tras la muerte de un malabarista de cuchillos en Panguipulli, a manos de un suboficial con quien se trenzó en una disputa, la diputada y entonces presidenta de RD, Catalina Pérez, escribió en redes sociales. “En Chile la vida de un pobre no vale de nada ¿Cómo quieren que no lo quememos todo?”. Sin embargo, la misma parlamentaria se arrepintió de su frase después.

“Todo el país sabe que provenimos de las luchas sociales, que empatizamos y compartimos la frustración de un sistema que hace muchas veces oídos sordos a las necesidades. Asimismo todo el país sabe también que dedicamos nuestra vida a construir vías democráticas y pacíficas de solución”, señala hoy Pérez, quien fue una de las firmantes del acuerdo del 15 de noviembre.

En el caso del PS, entonces dirigido por Elizalde, la militancia estuvo tensionada entre condenar la violencia y una cierta simpatía con quienes protestaban a pesar de que las manifestaciones tuvieran secuelas violentas.

“Algo bello está surgiendo. Aunque algunos quieran eclipsarlo con el caos, es más fuerte el movimiento honesto y valiente que viene desde abajo. Solo queda respetar el movimiento y las alternativas constructivas que de ahí resultarán. La era está pariendo un (corazón)”, escribió el 20 de octubre de 2019, Paula Narváez (PS), quien se alzaría como presidenciable de su colectividad meses después.

El senador Insulza, en tanto, era una de las voces críticas de la violencia y se opuso, por ejemplo, a la acusación en contra del intendente Felipe Guevara, en febrero de 2020, la que finalmente no votó. Ello le valió algunas denuncias ante el Tribunal Supremo del PS, ante lo cual Insulza respondió con una carta pública. “Muchos de los nuestros aún celebran a los violentos o al menos son benévolos con ellos “, decía en su misiva.

A tres años del estallido, Insulza dice que “mi sector está haciendo una autocrítica de manera forzada” por el hecho de ser gobierno. “El Presidente ha hecho una condena a la violencia y eso obliga a mucha gente a cambiar de actitud”.

El subsecretario del Interior y exdiputado, Manuel Monsalve (PS), ha sido uno de los que ha vivido ese cambio. En sus tiempos de parlamentario se opuso a casi todas las leyes de seguridad y a los estados de excepción, pero ahora ha tenido que empujar esas iniciativas.

En el PPD, si bien su dirigencia condenaba la violencia, había quienes pedían una refundación de Carabineros o un indulto a presos del estallido.

El senador Jaime Quintana (PPD) recuerda que “me correspondió presidir el Senado en momentos de alta convulsión y evité correr con colores propios. Naturalmente tenía opinión, pero había que favorecer el diálogo y eso fue lo que hicimos con La Moneda. Sin embargo, es probable que la primera aproximación que se hizo del proyecto de indulto, visto con los ojos de hoy, pudiera ser ligeramente distinta”. (La Tercera)