Con las dudas sobre quien sería el primer Ministro de Seguridad despejadas es posible volver a la conversación de fondo y hablar del escenario en el que nace esta nueva institucionalidad que no convence a todos. En Chile la violencia no cede y los indicadores no nos dejan tranquilos. Sólo para tener a la vista algunos números: entre el 2018 y 2024 el ingreso de delito de homicidios con imputado desconocido a la Fiscalía aumentó un 153%; entre el 2021 y 2023 los secuestros subieron un 72% y las extorsiones 215%. Delitos graves que son síntoma de un problema mayor que elevó los niveles de inseguridad a cifras históricas.
Si a eso le sumamos el traslado de organizaciones criminales a las zonas rurales y el avance de las economías ilícitas de las drogas, armas, personas, cobre, madera y pescados, el panorama de seguridad que recibe al nuevo Ministro es, al menos, preocupante.
La persona que ocupará el cargo ya tiene conocimiento del problema, maneja información relevante, pero, deberá echar a andar el ministerio lo mejor posible mientras responde de manera activa a hechos de violencia como los ocurridos esta última semana. El desafío no es menor y, con un conductor político al que se le ha criticado el agregar a último minuto a la seguridad como prioridad, el camino podría volverse cuesta arriba.
Queda casi un año de gobierno y probablemente el trabajo del nuevo ministro sea de continuación, quien realmente deberá pavimentar la ruta será el que venga después. Pero, este último año puede marcar la diferencia entre avanzar hacia un camino de soluciones o hacia uno que profundice la crisis. En esa disyuntiva un acuerdo político es fundamental.
La seguridad es función primaria del Estado, la necesitamos para desarrollar nuestra vida cotidiana y para fomentar el desarrollo y el crecimiento, pero no basta que se esté de acuerdo en eso, se debe alcanzar un acuerdo político que permita generar las bases comunes para avanzar en soluciones de largo plazo que apunten a un cambio en la forma en que el Estado se aproxima a esta materia.
Ya no es el tiempo de las diferencias y las competencias, es la hora de la innovación, de las decisiones basadas en datos confiables y de las soluciones donde todos somos parte. Chile no puede tener sectores políticos que hablen de criminalizar la pobreza al discutir leyes sobre usurpaciones o avalen la violencia como método de acción política para reivindicaciones.
Sería ingenuo pensar en que pudiese existir un pacto en que entren todos, de extremo a extremo, pero, basta con que quienes abracen ideas democráticas y que formen un centro fuerte comiencen a llegar a acuerdos para avanzar en soluciones reales para Chile.
Esas soluciones e innovación pueden venir desde generar metas nacionales medibles desde cada dimensión del problema para abordarlo de manera integral, hasta incorporar softwares de machine learnig con IA que generen data, pasando por crear una red de divisiones de estudios entre los distintos ministerios y medir desde el más alto nivel el trabajo de las mesas existentes para materializar las interinstitucionalidad. Sin duda, el desafío es grande y el tiempo escaso. (El Líbero)
Pilar Lizana
