“Yo no aspiro a unanimidades”, dijo el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, el jueves pasado, al ser consultado si podía garantizar los votos de su bancada a favor del acuerdo alcanzado entre Chile Vamos y el gobierno.
Sus palabras sinceraban un pronóstico que siempre estuvo en la mesa de negociación: el acuerdo nunca iba a ser “perfecto” (como también lo admitió la ministra del Trabajo, Jeannette Jara) y que “lo pactado” tendría que navegar con descuelgues y viento en contra de los extremos políticos.
Galilea había sido uno de los negociadores junto a los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) frente a la contraparte gubernamental, encabezada por Jara (PC), el titular de Hacienda, Mario Marcel (indep. PS), y la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (indep.).
Sin embargo, a pesar del entendimiento, aún quedan escollos legislativos. De partida la Comisión de Trabajo, que preside Coloma, está empantanada en el análisis de las indicaciones, por lo que sesionará hoy y mañana para tratar de evacuar un informe a más tardar el lunes.
La lenta revisión técnica de las indicaciones (700 páginas de texto comparado) es actualmente la principal traba, ya que los votos, al menos en el Senado, están asegurados. Solo se requiere de 26 senadores para aprobar la última propuesta gubernamental.
En la Cámara de Diputados, en tanto, el inconveniente es distinto. El calendario de sesiones es limitado (ante la negativa de los republicanos a dar la unanimidad para suspender la semana de trabajo en terreno) y, además, en esta corporación aumentan los disidentes por lado y lado.
Si bien los eventuales descuelgues de diputados no serían suficientes para que se caiga toda la reforma, podría haber puntos que sean rechazados, obligando a extender la tramitación posiblemente para marzo. Ello pondría en jaque el plan del gobierno de despachar a ley la reforma de pensiones en enero. En el Ejecutivo temen que después de las vacaciones el piso que tiene el proyecto no sea el mismo.
EL “FIXTURE” EN EL SENADO
Después que la instancia encabezada por Coloma termine su tarea, el “fixture” (calendario de encuentros en la jerga deportiva) considera que la reforma sea revisada por la Comisión de Hacienda, que preside el senador Felipe Kast (Evópoli), quien ya advirtió a sus pares que no le exijan sacar el proyecto en un día, ya que el tema del financiamiento es uno de los elementos que generan suspicacias en la oposición.
De hecho, a esta instancia pretende asistir la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien ha sido la más escéptica respecto del manejo fiscal.
Con esas consideraciones, en la mesa del Senado evalúan citar a sesiones el jueves y el viernes, en caso de que la sala no logre resolver el tema el miércoles. Inevitablemente, aunque los discursos sean breves, el solo acto de votar el grueso pliego de indicaciones puede demandar algunas horas.
Del punto de vista de los votos, por ahora, los desmarques son acotados. En Chile Vamos, las principales dudas son los senadores Alejandro Kusanovic (indep. RN) y María José Gatica (RN), mientras que en el oficialismo la gran incógnita es Pedro Araya (PPD). A ellos se sumarían otros legisladores que no fueron parte del acuerdo y que probablemente se abstengan o rechacen, por ejemplo, la misma Rincón (Demócratas), Rojo Edwards (socialcristiano) y Carmen Gloria Aravena (republicana). La senadora Yasna Provoste también condicionó su voto a favor, a cambio de que se rebajen los años de cotizaciones a las mujeres.
Sin embargo, estas disidencias no ponen en riesgo el piso de la reforma.
AGENDA EN LA CÁMARA
Si bien para el Senado es inusual que una comisión sesione los fines de semana, mucho más extraño sería para la Cámara tener una sesión de sala el sábado.
Esta es la alternativa que está cobrando fuerza, ante la negativa de la bancada republicana para sesionar la última semana de enero, ya que –según el reglamento de la Cámara- solo se puede alterar el calendario legislativo si existe unanimidad de todos los comités.
Si bien el Presidente Gabriel Boric puede obligar a sesionar al Congreso, se trata de una atribución de “ultima ratio”. Además, el gobierno prefiere que la reforma sea despachada a ley la próxima semana y que no sea necesario legislar a fines de enero.
Los descuelgues, sin embargo, podrían ser mayores en la Cámara. En el PC, la principal voz disidente es la diputada Carmen Hertz. En el PS, Marcos Ilabaca ya declaró su rechazo, mientras que Danisa Astudillo se resiste a aprobar toda la propuesta.
En el grupo PPD-independientes, al menos la mitad de la bancada está en contra y los principales rostros del rechazo son los diputados Jaime Araya y Camila Musante.
En la derecha, además del ya anunciado voto en contra de republicanos, libertarios y socialcristianos, el cuadro también se desordena en Chile Vamos. En RN hay cerca de cuatro diputados con dudas, mientras que en la UDI el principal crítico del acuerdo es Cristián Labbé.
En caso de que un solo punto sea rechazado por la Cámara, se conformaría una comisión mixta de diputados y senadores, que inevitablemente tendría que sesionar los últimos días de enero. En ese escenario, ya no habría más alternativa que Boric obligue al Congreso a trabajar esa semana en la antesala de febrero. (La Tercera)
