Si algún consenso se ha generado entre especialistas, analistas, autoridades económicas y Banco Central respecto de la situación actual de la economía chilena, este no es otro que la constatación de la rebeldía que ha mostrado la inflación para retomar una senda de convergencia hacia un nivel compatible con la estabilidad que es fundamental para un mayor bienestar de las familias. Las cifras están poniendo de manifiesto que el problema está aún lejos de resolverse, en principal medida como consecuencia de que los excesos de gasto acumulados en los años anteriores aún no se ajustan en la magnitud requerida, lo cual requerirá de una especial prudencia en las políticas monetaria y fiscal en los próximos trimestres.
Pero el camino que se está recorriendo no está exento de riesgos. En el plano internacional la inflación continúa mostrando registros elevados, forzando así políticas restrictivas a nivel global que obviamente se están haciendo sentir en los niveles de actividad. Pero sobre estas variables Chile no tiene ningún control, de manera que lo único que cabe hacer es calibrar los instrumentos de política de acuerdo a la realidad que se va enfrentando en el escenario externo. Pero es a nivel interno donde se enfrentan los mayores riesgos, siendo el principal de ellos la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Así lo han señalado en forma explícita tanto el ministro de Hacienda como la presidenta del Banco Central. Y es precisamente en estos días cuando el tema está levantando vuelo nuevamente, habiéndose cumplido ya el plazo de un año desde que fuera rechazada la iniciativa que fue conocida como el “sexto retiro”. Actualmente hay seis iniciativas en curso, que van desde el retiro de $1 millón hasta el retiro de la totalidad de los fondos acumulados. De replicarse un esquema similar al de los anteriores retiros (10%), las estimaciones del CIES-UDD indican que los montos a retirar podrían superar los US$ 19 mil millones, siendo evidente la presión que ello ejercería sobre el gasto y la inflación. Esto, sumado al hecho de que una iniciativa de esta magnitud dejaría a casi 6 millones de afiliados con un saldo cero en sus cuentas individuales, agravándose así el problema de las bajas pensiones que angustia a la mayoría de los chilenos.
Mayor inflación presente y menores pensiones en el futuro sería el cóctel perfecto para alimentar un descontento ciudadano que podría pavimentar el camino hacia soluciones populistas que serían el tiro de gracia para la recuperación económica y para un mayor potencial de crecimiento que se está intentando cimentar, y que, por cierto, tendría entre sus principales perjudicados a los grupos más desposeídos de la población. Basta levantar la mirada por encima de la Cordillera de los Andes para vislumbrar los riesgos que todo esto puede significar. La clase política en general y el gobierno en particular tienen una responsabilidad enorme para evitar el despropósito que significaría un nuevo retiro. Los chilenos no lo merecen.
Hernán Cheyre
Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
