“Durante los últimos 30 años no supimos aprovechar con fuerza las capacidades del crecimiento para disminuir las desigualdades, frenar abusos, avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades”.
¿De quién es la frase? Sin temor a equivocarse, de algún joven de izquierda, de esos que legitimaron el uso de la violencia después del 18 de octubre, con la justificación que había que usarla para producir cambios porque el problema “¡no son 30 pesos, son 30 años!”
O bien puede haberla formulado uno de esos jóvenes parlamentarios de ultra izquierda que considera que la Concertación fue lo peor, una casta que se aprovechó del poder y no hizo nada en Chile por la igualdad. Sin duda, es una opinión que coincide con el pensamiento de los dirigentes del Frente Amplio, para quienes hay que partir de una hoja en blanco y borrar el sistema neoliberal, como lo llaman, porque ha creado una sociedad injusta, clasista y segregada.
La frase también podría ser de los autoflagelantes que se impusieron en la Concertación. Porque es el tipo de razonamiento que le escuchamos cuando formaron la Nueva Mayoría y abogaron por una alianza con el Partido Comunista para remover los cimientos del modelo económico neoliberal con una retroexcavadora, como sintetizó tan bien el senador Jaime Quintana.
No, no y no. Esa oración puede identificar a todos los anteriores, pero quien la emitió – y nada menos que en las Naciones Unidas – fue el Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Y no es la primera vez que habla de las desigualdades inmorales en Chile. Incluso, antes había pedido perdón a sus compatriotas, después del estallido de violencia de octubre, por la inequidad y el abuso. Si eso es en verdad lo que piensa nuestro Presidente, que representa a quienes creen en el libre mercado como camino a la prosperidad de las naciones, significa que hay que cambiar efectivamente el modelo económico e institucional que nos rige. Que tiene razón, entonces, cuando mantiene neutral al gobierno frente a escribir una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco. Porque si el crecimiento no sirvió para disminuir las desigualdades, como opina Piñera, hay que darle una oportunidad al modelo estatista e igualitarista de la izquierda, que enfatiza redistribuir antes que crear riqueza con la carta mágica de crear nuevos impuestos e industrializar el país desde el Estado.
Sí, pues, porque si no sirvió de nada convertir Chile desde un país pobre en 1990 a uno de clase media en 2015 (con el 64 por ciento en ese estatus y sólo el 2,5 por ciento en la extrema pobreza); o fue insuficiente disminuir la brecha de desigualdad con el 10 por ciento más pobre acrecentando sus ingresos en un 145 por ciento en ese mismo período, habría que probar con otras recetas del tipo “gratuita, inclusiva y de calidad”. Es la que se aplicó a la educación superior, cuyas instituciones acogidas a la gratuidad hoy claman para no continuar empobreciéndose. Y habría que terminar con el discurso que el crecimiento es la mejor política social porque crea empleos y riqueza. Esa sería la convicción que tendríamos que cambiar. Después de escuchar al Presiente, tienen razón los que anticipan nuevos tiempos para distribuir derechos sociales. De ser más pobres, pero felices, como dijo un líder de derecha.
Y si también es cierto que no se frenaron los abusos, como constata el Mandatario, no valdría la pena seguir defendiendo la libertad de empresa. Quizás sólo tendrían que permitirse las minipymes, pero impidiéndoles crecer porque las grandes encarnan el abuso capitalista en la mirada autoflagelante. Y olvidarse de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia o los tribunales para sancionarlos cuando se coluden o usan información privilegiada. Porque lo que debiera venir es terminar con la propiedad privada. Avanzar hacia la propiedad social, e impedir iniciativas que no estén fiscalizadas de la A a la Z por un buen burócrata, porque el Estado sí que sabe crear riqueza con Codelco y Enap, aunque ésta última pierda plata a raudales y Codelco nunca tenga recursos suficientes para invertir y mantener su competitividad.
Si el Presidente coincide con los detractores del actual modelo de libre mercado, lo que tocaría ahora es darle la oportunidad a un gran Estado benefactor y solidario (nada de subsidiario), aunque haya demostrado ser un pésimo empleador (con las contratas y honorarios) y un peor administrador con funcionarios inamovibles, que igual se van a huelgas ilegales, y otorga a todos bonos por la excelencia en la gestión. Aunque el PNUD señaló el 2017 que el 34 por ciento de los chilenos declaró haber sido maltratado por un empleado público, sería mejor soportar esa vejación antes que la indignidad de ver que algunos pueden elegir la salud o el colegio para sus hijos, como ocurre actualmente.
Tampoco se logró avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades, continúa el Mandatario. Escolarizar los niños y la expansión de la educación media y superior habría sido insuficiente. Subimos en las evaluaciones internacionales, pero no al nivel OCDE, con los países desarrollados con que nos gusta compararnos. Sólo logramos pasar de una rasca medianía a liderar América Latina en todos los indicadores, hasta en el del número de viajes y de felicidad. En el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Chile punteaba en la región en 2019. Y en un informe (2017), la OCDE estableció que Chile era el país con mayor movilidad entre sus miembros.
Pero si el Presidente piensa que no se avanzó en lograr igualdad de oportunidades, es que la meritocracia y el esfuerzo han sido un fracaso como fuente de movilidad y hay que buscar otro modelo para alcanzar la panacea de la igualdad material.
En el discurso del Mandatario, como el de la izquierda, no pareciera valorarse que el 70 por ciento de los estudiantes de educación superior fueran la primera generación en alcanzarla gracias a la expansión de la matrícula, dentro de la cual el 20 por ciento más pobre multiplicó por ocho su acceso en 2015. La educación particular subvencionada creció como reguero y dejó atrás a la municipalizada porque respondía a las expectativas de los padres sin las ataduras e imposiciones del gran sindicato público. La limitaron severamente en el último gobierno de Bachelet. Pero vamos al grano: si queremos “el otro modelo”, ¡sepultémosla de una vez!, y clausuremos también a los colegios particulares pagados. Garanticemos derechos sociales con una sola educación, una sola salud, pensiones dignas, medio ambiente limpio, igualdad de género y… ¡felicidad! (El Líbero)
Pilar Molina
