El 6 de mayo pasado se constituyó en la notaría de Sergio Jara Catalán la sociedad de responsabilidad limitada “Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet, artículos de diseño, arte y otros EIRL”, cuyo nombre de fantasía es “Artworks EIRL”.
Su giro es desarrollar exposiciones de arte tanto en galerías como en centros culturales o cualquier otro recinto; compra, venta, exportación e importación de objetos de arte, menaje, artículos de cama, artículos gráficos, telas, maquinarias; edición y producción de música, artículos de papelería; producción de artículos de zapatería y ropa de vestir.
Su duración es de 5 años, prorrogables por otros cinco y su capital, $4 millones, que el empresario se obliga a aportar dentro de un año, a más tardar.
Dávalos debió renunciar a su cargo en la Dirección Sociocultural de la Presidencia debido al escándalo originado por el negocio de Caval, la sociedad de su esposa Natalia Compagnon y Mauricio Valero, que compró 44 hectáreas en Machalí en $6.500 millones al síndico de quiebras Herman Chadwick y las vendió en $9.500 millones al empresario rancagüino Hugo Silva.
El hijo de la Presidenta Bachelet concurrió junto a su esposa a una reunión con el vicepresidente y dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para tratar el otorgamiento de un préstamo por $6.500 millones el 6 de noviembre de 2013, el que fue aprobado el 16 de diciembre del mismo año, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta.
Dávalos es una de las personas a las que apunta la querella por uso de información privilegiada y tráfico de influencias presentada en marzo por los diputados de RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards, en la que también se incluye al actual seremi de Vivienda, Wilfredo Valdés; la arquitecta Cynthia Ross, y al ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva.
A esta querella se suma la del cientista político Diego Acevedo, presentada en abril por el abogado Mario Zumelzu, en contra de Natalia Compagnon, su socio Mauricio Valero, Cynthia Ross y Wilfredo Valdés por el delito de cohecho. En el caso de Dávalos, la acción está dirigida a investigar el posible tráfico de influencias. El abogado Zumelzu anunció la semana pasada que presentará una solicitud para rastrear el tráfico de llamados desde los celulares de la Presidenta Michelle Bachelet, su hijo Sebastián Dávalos, su nuera Natalia Compagnon y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, el día de la reunión en que se pidió el crédito, así como de los días anteriores y posteriores.
