Pasó inadvertido entre los líos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero hace algunas semanas el pleno de la Suprema se vio otra vez dividido respecto del destino de un juez del tribunal de alzada.
El caso es el siguiente: hace varios meses, el profesor Segismundo Sade, oriundo de Aysén, había denunciado irregularidades que -a su juicio- ocurren en la Corte de Coyhaique, de las que se percató cuando se vio envuelto en una pelea con una apoderada, la cual resultó condenada por injurias.
Como se vio perjudicado en su trabajo, el profesor recurrió, además, a la justicia laboral, donde logró un fallo a su favor, dictado por la jueza Cecilia Urbina. Tiempo después, el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde intervinieron los ministros Pedro Castro, Alicia Araneda y Luis Sepúlveda. Los dos primeros decidieron revocar la resolución de la jueza Urbina y, además, según la denuncia de Sade, modificar la sentencia “falsificando hechos”.
La situación fue llevada al pleno de la Suprema el 3 de junio y varios de los presentes quedaron preocupado. El motivo era que el ministro Pedro Castro, en marzo de 2011, fue condenado tras ser hallado culpable por manejo bajo la influencia del alcohol. Y quien lo condenó en ese momento fue Cecilia Urbina, a quien ahora él le revocaba un fallo sin inhabilitarse de revisar esa causa.
Tras una acalorada discusión, la mayoría decidió archivar el caso, pues entendió que la denuncia no era la vía para impugnar la decisión de apelaciones. Sin embargo, cinco supremos (Ricardo Blanco, Carlos Aránguiz, Gloria Ana Chevesich, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm) consideraron que había que “remitir copia de estos antecedentes al Ministerio Público”.
La situación del juez Castro, comentan en la Suprema, hizo que los ojos de algunos supremos se volcaran sobre la Corte de Coyhaique y otros tribunales de alzada del país,, con el propósito de que no estalle una nueva crisis en el Poder Judicial como la vivida recientemente en Rancagua.
La Tercera/Agencias
