Esta semana, el Consejo de la Alta Dirección Pública (CADP) resolvió la rebaja de las remuneraciones de los parlamentarios, ministros y otras autoridades. El encargo que se le hizo al Consejo fue en realidad un presente griego, pues cualquier número iba a ser mirado con sospecha o como un asunto negativo. Después de una larga y sospechosa tramitación, la ley encargó al CADP la determinación de las rebajas a las remuneraciones de los parlamentarios, ganando con ello un poco de tiempo. Una manera sutil de eludir la responsabilidad, pues en dicho organismo podrían descargarse las iras populares, si la rebaja no era sustantiva, y los enojos desde el Congreso, por cualquier monto que implicara un daño patrimonial mayor. El CADP quedó como el héroe troyano Paris, con la manzana de la discordia en la mano, sabiendo que cualquier decisión iba a causar una guerra.
El resultado final fue una rebaja de un 25% de la remuneración de los parlamentarios; en un 10% la del Presidente y subsecretarios, además de otras autoridades de designación política, y en un 1% las de los altos funcionarios con un perfil técnico. Cualquier manual de comunicación política recomendaría aprovechar el momento y contar esta buena noticia, y podría haber sido utilizado como señal en tiempos que el empleo escasea y casi 700 mil trabajadores están bajo la ley de protección del empleo. Así lo hicieron otros países, que aplicaron bajas sustanciales en las remuneraciones de sus autoridades políticas en medio de la pandemia. Nadie en el Congreso reparó que la rebaja les daba un importante espacio comunicacional para salir jugando y marcar un tema positivo, y siguieron en la pequeña inflación de quien da más en proyectos de ley populistas.
En el caso nacional, primó la búsqueda de la segunda derivada, la quinta pata del gato, la trampa escondida para así disimular el dolor que implicaba ser uno de los países con la dieta parlamentaria más alta y las autoridades políticas mejor pagadas. Varios se burlaron del hecho matemático de los subsecretarios ganando más que los ministros, sin reparar que las remuneraciones de los parlamentarios están pegadas por ley a las de los secretarios de Estado.
También otros reflexionaron en columnas y programas sobre el supuesto daño en términos de competitividad al Estado, pese a que el gran problema desde hace varios gobiernos es la decisión de las autoridades políticas de torcer el sistema de alta dirección pública. Varios servicios especializados están ahora dirigidos por operadores designados a dedo mediante el cuoteo, que se terminaron apropiando del puesto en un concurso. Ese hecho desalienta aún más a postulantes competitivos que la baja de un 1% en los sueldos.
El monto de rebaja de remuneraciones de los parlamentarios no implicará mejoras en su reputación. No solo por el silencio respecto a la noticia, sino porque en pandemia el Congreso no ha logrado posicionarse como un ente necesario en la vida ciudadana. Las discusiones sobre lo constitucional son muy alejadas de la situación diaria, y lo que finalmente termina resaltando son las anécdotas. Se habla más de trifulcas a chilenismos u obscenidades varias en Zoom, y poco de la importancia de la tarea parlamentaria. La propia adhesión de varios representantes a la autorreferencia banal conspira contra la reputación de la actividad legislativa. La salud de la democracia requiere un esfuerzo en serio del Congreso por validarse ante el gran público. (La Tercera)
Carlos Correa