El proyecto constitucional elaborado por la Convención se encuentra en estado terminal. La fracción de ciudadanos que lo aprueba sin reparos decrece día a día, y la suma de las opciones reformistas –el “apruebo para reformar” y “rechazo para recomenzar”- constituye la abrumadora mayoría política. En otras palabras, la temida “tercera opción” –negada con uñas y dientes por el propio Presidente Boric- es ya la verdadera triunfadora del proceso, y la gran pregunta política del momento es cómo darle cauce y garantías a dicha mayoría.
¿Cuál es el contenido positivo de esta tercera opción? Mirando las encuestas uno podría definirlo básicamente como una moderación de la desmesura de la Convención. Es decir, no parece haber mucho desacuerdo respecto a las nuevas temáticas incorporadas al texto constitucional (medio ambiente, pueblos originarios, devolución regional, equidad entre los sexos), pero sí al modo descuidado y excesivo en que dichas temáticas son tratadas y zanjadas en la propuesta. De la misma manera, el ataque frontal contra la forma política de la tradición republicana chilena (acabar con el Senado, politizar el Poder Judicial, crear sistemas de justicia paralelos y declarar la “plurinacionalidad” del país) ha encontrado una franca resistencia. Reacción que era de esperar frente a propuestas nacidas de los microactivismos radicales monotemáticos que coparon la Convención.
Si el Presidente Boric tuviera un mínimo espíritu democrático y sentido de Estado, buscaría animadamente darle espacio a la opción reformista mayoritaria. Después de todo, ella refleja un genuino proceso de deliberación política popular. Cualquiera que observe los foros de discusión abiertos a todo el mundo encontrará mucho mensaje manipulativo y reyerta de poca monta, como en cualquier campaña política, pero también verá intercambios informados de opinión, ponderaciones de riesgos, consideraciones sobre los efectos institucionales de las normas aprobadas y debate respecto a cómo las prioridades nacionales interactúan con el texto convencional. Todo muy lejos de la pretensión aristocrática de las élites de la nueva izquierda, que no quieren ver en el cambio de opinión popular más que manipulación y desinformación inducida por los aparatos ideológicos del Estado (o medios de comunicación). Esto, hasta extremos paranoicos absurdos, como en el lamentable caso del ideólogo frenteamplista Carlos Ruiz Encina, quien mantuvo un análisis más o menos templado mientras su opción política parecía prosperar, pero que cayó en un agujero de conejo de conspiraciones setenteras CIA-mercuriales apenas se vio desfavorecido por las encuestas.
Lamentablemente, el gobierno se niega a facilitar la senda reformista, insistiendo en la condescendencia aristocrática respecto a las mayorías. Permanece, así, deliberadamente atado a una opción minoritaria: la de la aprobación integral. Y se ha sumado a las maniobras contramayoritarias de los convencionales que pretenden imponer su proyecto constitucional contra viento y marea (poniendo altos quórums a cualquier reforma y estableciendo barreras, como el consentimiento indígena obligatorio, que hacen irreversibles algunas normas constitucionales impuestas). Es decir, se han sumado a la campaña de extorsión a la conciencia pública que –de mala fe y contra toda razón- declara que las únicas opciones disponibles son permanecer en la Constitución de 1980 (que no rige, en estricto rigor, hace décadas) o rendirse frente al dictamen de la Convención. Como si no quedara más que decidir entre dos conjuntos de “ideas muertas” (en palabras del sofista mayor).
El cuadro, mirado desde lejos, resulta absurdo: tenemos un gobierno que se declara portador de una voluntad mayoritaria bloqueada por décadas, pero cuya propuesta política es ignorar y distorsionar a las mayorías para forzar, por vía constitucional, un proyecto político de nicho. ¿Por qué no mejor abrazar la voluntad mayoritaria y reconocer las amplias afinidades que tienen con ella? ¿Por qué no negociar y ofrecer garantías desde ya respecto a la continuidad del proceso constitucional en caso de un –cada vez más probable y legítimo- triunfo del rechazo? ¿Por qué negarse a escuchar al pueblo cuando razona en el espacio público, como si la élite gobernante pensara que son los únicos con capacidad reflexiva, mientras que al resto sólo le queda expresar dolor o rabia rompiendo cosas y gritando por las calles? ¿Por qué no darle un inicio genuinamente democrático a esta nueva etapa de Chile, de grandes aspiraciones democráticas? ¿No creen que es mejor tomarse el tiempo necesario para lograr un texto que una las lealtades recíprocas de las grandes mayorías nacionales, en vez de imponer las obsesiones estrechas de un puñado de excéntricos? ¿Por qué no reconocer que el proceso ha ido generando una voluntad popular reconocible, aunque no sea la que ustedes esperaban?
Es evidente que a los ocupantes de La Moneda los tiene mal la caída en picada de su apoyo popular. Sin embargo, la respuesta a sus desvelos es mucho más fácil y honesta que todas las manipulaciones truculentas que, como castillos de arena frente al mar, edifican para ser barridas al momento siguiente. A veces es bueno escuchar al pueblo. ¿No era eso lo que ustedes le demandaban, con gran panaché, al ocupante anterior del palacio donde ahora sufren? Dejen ir el lastre de la Convención, pacten las reformas sociales urgentes con las demás fuerzas políticas y garanticen mantener abierto el proceso constitucional hasta que tengamos un texto que convierta en letra el 80% de entrada. Dejen ir la obsesión hedonista de querer hacer historia a su pinta, y verán que la historia los hará mejores a ustedes. (La Tercera)
Pablo Ortúzar
