Insólito. En San Antonio no funciona desde hace 7 meses el camión escáner capaz de revisar mediante Tecnología No Invasiva (TNI) si es que están pasando drogas o no en la carga, y desde el 2020 que funciona de manera intermitente. ¿Cómo es posible que ocurra esto en un puerto hoy por hoy catalogado por la ONU como una de las vías neurálgicas más importantes del mundo para la exportación de cocaína? Así es difícil que se pueda garantizar que en las embarcaciones no se realicen contrabandos, otorgándole la debida certeza al país de destino y seguridad al nuestro. ¿Es tan raro entonces que nos apunten como un país de tránsito para el tráfico?
Durante la pandemia, la producción de drogas en Sudamérica, particularmente en Colombia, Perú y Bolivia, y también en México continuó pero no pudo ser movida dado el estricto cierre de fronteras terrestres, la cancelación de vuelos y la reducción del transporte marítimo. Por lo demás, esta breve pausa de tráfico fue aprovechada por varios narcotraficantes para encontrar formas de masificar la manufactura y mejorar los métodos de traslado y distribución. En cuanto a este último punto, cabe decir que según el último informe del Observatorio del Narcotráfico de la fiscalía, el área marítima de Chile no quedó ajeno a esta realidad, dada la ubicación geoestratégica de nuestro país, el cual por lo demás es vecino de dos grandes productores de drogas derivadas de la hoja de coca (Perú y Bolivia).
La situación no hace más que empeorar. Como lo señaló el exfiscal Nacional, Jorge Abbott: “Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; de hecho, carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile”. Ya estamos escuchando sobre la presencia del “Cartel de Sinaloa” (México), el “Cartel Jalisco Nueva Generación” (México), el “Clan del Golfo” (Colombia), y el “Tren de Aragua” (Venezuela). ¿Y qué avances o mejoras hemos visto en lo que se refiere a la prevención y la fiscalización? Poco y nada.
Por su parte, la narco economía vive un proceso de auge, el cual podemos percibir a través del pronunciado aumento en las incautaciones de dinero a las organizaciones para el narcotráfico. Estas han pasado en apenas un quinquenio, de $1.600 millones a casi $5.000 millones. Y si hablamos de drogas y armas, los números han pasado de 1.083 en 2017, a 1.782 en 2021.
La última encuesta Cadem deja ver que un 82% de los entrevistados cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos tres meses y un 76% siente temor a ser víctima de un delito. Urge, al menos desde una faceta transnacional, que se revise la cadena de suministros, producción, distribución y transporte que facilita la oferta de drogas a otros países. Esto requiere mecanismos de cooperación y flujos de información permanentes para controlar el tráfico, bajo un Estado moderno y coordinado con el sector privado. No olvidemos que al final de cuentas, el crimen organizado actúa sobre las vulnerabilidades del sistema. (La Tercera)
Sebastián Izquierdo
