“Mi inclinación natural es votar Apruebo. Es lo que me pide el cuerpo”, escribió hace unos días Arturo Fontaine en una columna (aunque a renglón seguido deja en suspenso cuál será su decisión final). Me sirvo de su ingeniosa frase para desarrollar esta columna, pero en el sentido opuesto a ella, esto es, que ante la propuesta constitucional la inclinación natural sea votar Rechazo.
¿Qué sucede si usted llega a la conclusión que la Carta Fundamental propuesta por la Convención Constitucional pone en riesgo nuestra democracia? Habrá que decir que no estaría solo en esa posición. No son pocos los que lo piensan. Por ejemplo, Ernesto Ottone, que en su más reciente entrevista afirma que el texto contendría un gen autoritario. “Hay un cierto embrión de esto”, es la opinión de quien fuera la cabeza del segundo piso del Gobierno de Ricardo Lagos. “¿Dónde más existe el Parlamento único?”, se pregunta el sociólogo de centroizquierda y su respuesta es categórica: “en las dictaduras”.
Otros han advertido el peligro del advenimiento de un régimen iliberal –al que la reelección del gobernante en ejercicio abriría las puertas de par en par–, un riesgo que, todo hay que decirlo, el país no ha enfrentado ni por un momento en la versión modificada de la Constitución de 1980 que nos rige. Si el sistema electoral fuera diseñado posteriormente para los fines de un proyecto iliberal no sería impensable que un autócrata, como los que gobiernan a sus anchas en pleno siglo 21, terminara aquí haciéndose del poder tarde o temprano.
¿Es posible soslayar el mayor riesgo para la democracia, por leve que sea, que el texto constitucional engendra? La respuesta no admite titubeos en la urna. Ninguna razón, ni siquiera la de la constitucionalización de los derechos sociales o la posibilidad –aunque no la certeza– de corregir expost el texto para erradicar el gen autoritario, justificaría aprobar semejante propuesta.
¿Tomaría alguien el riesgo de realizar un vuelo, por necesario y urgente que sea llegar a su destino, a sabiendas que algo no está del todo bien en la aeronave que debe abordar para tal efecto? Es bien sabido que la mayor parte de los pasajeros no correría semejante riesgo, no importando que ello implique demorar su partida hasta nuevo aviso. Aunque la seguridad aeronáutica ha alcanzado niveles extraordinarios, volar sigue provocando un instintivo temor en muchas personas, uno que –parafraseando a Fontaine– le sale del cuerpo. Uno que las haría inhibirse de volar en una aeronave ante la menor señal de que hubiere una disfunción en ella (como ocurrió en el caso del 737 Max, el último modelo de Boeing, después de experimentar dos accidentes fatales en 2018 cuya causa desde el primer momento pareció deberse a un diseño defectuoso del avión, lo que fue corroborado poco tiempo después).
Los que presienten que el texto que se nos propone implica un riesgo para nuestra democracia tienen una ventaja sobre los que no parecen percatarse del peligro que la acecharía si fuera aprobada. Muchos fueron protagonistas en el proceso que condujo al regreso de la democracia hace poco más de 30 años, el bien más preciado que los chilenos hayamos recuperado en más de medio siglo. La posibilidad de volver a perderla sería la mayor de las calamidades políticas e institucionales que podría enfrentar la nación. El solo prospecto de que semejante cosa pudiera ocurrir, alentado por una Carta Fundamental que no lo previene satisfactoriamente, o que en lugar de mitigar el riesgo lo acrecienta –aunque sea inadvertidamente–, conduce a una sola conclusión posible: rechazar una propuesta de esas características, aunque ello signifique demorar el objetivo de darnos una nueva Carta Fundamental, aprobado con largueza en el plebiscito de 2020, postergando lo que parecía que se iba a consumar sin mayores dificultades en el proceso constitucional. Un diseño defectuoso, que contenga ese gen o embrión autoritario como afirma Ottone, no deja margen para la decisión del voto.
A menos que usted no advierta el riesgo autoritario que importan algunas disposiciones del extenso texto respecto del cual deberá pronunciarse el próximo 4 de septiembre. O puede –¿por qué no?– que se le haya pasado de largo. Pero una vez conocido el problema y hecho público por personas cuya preferencia por la dictación de una nueva Constitución es ampliamente conocida, ignorar semejante disfunción de la propuesta constitucional, que pondría en riesgo ni más ni menos que la supervivencia de nuestra democracia, no se condice con la enorme responsabilidad que recae en cada uno de nosotros de cara al futuro de la nación. Un futuro en el que la libertad y la democracia deberán seguir siendo los bienes que mayor cuidado debería prodigar la nueva Carta Fundamental. El Líbero)
Claudio Hohmann