Ya que la Nueva Mayoría tiene un déficit de buenas reformas, la elección directa de intendentes constituye una inmejorable oportunidad para demostrar que se pueden hacer las cosas bien. Si bien hay buenas razones para querer que las elecciones de intendentes se realicen junto a las municipales, es esencial que el sistema se implemente en 2017, aun si el primer periodo sólo dura 3 años y a partir de 2020 la elección de intendentes se empata con la de alcaldes y concejales.
Las democracias modernas no tienen temor de devolver poder a la gente. No obstante, la forma en que se devuelve ese poder diferencia a las democracias exitosas de las que debilitan a sus instituciones con reformas mal hechas. Como la democracia moderna es esencialmente representativa, para devolver el poder a la gente debiéramos avanzar en establecer la elección directa de autoridades que ejercen facultades ejecutivas y legislativas. Si bien es inconducente al fortalecimiento de la democracia la elección de jueces, miembros del Tribunal Constitucional o consejeros del Banco Central, tiene todo el sentido del mundo escoger directamente a las autoridades regionales.
Es verdad que hay algunos argumentos poderosos para oponerse a la elección de los futuros gobernadores regionales. La preocupación por la responsabilidad fiscal, la necesidad de asegurar una debida coordinación entre autoridades regionales y nacionales y el temor a cambios que tengan más costos que beneficios explica la reticencia de gente razonable a esta importante reforma. Pero los costos de no dar ese paso son ampliamente inferiores a los beneficios de tomar una medida descentralizadora y enormemente popular en regiones.
Con intendentes electos, las regiones tendrán más incentivos para competir. Habrá intendentes que saldrán a buscar inversión extranjera, promoverán la creación de empleo e, incluso, se animarán a impulsar proyectos de generación eléctrica que ahora tienen fuerte oposición entre medioambientalistas de Santiago o activistas locales que representan posiciones minoritarias. Adicionalmente, muchos problemas que ahora automáticamente rebotan a Santiago y explotan en el Ministerio del Interior serán abordados por las autoridades regionales. Un gobernador regional que marche a Santiago para reclamar por un problema estará reconociendo su incapacidad para hacer bien la tarea por la que se le eligió.
Es verdad que los gobernadores regionales representarán potenciales desafiantes a senadores. Pero también esos cargos serán atractivos para senadores que se sienten insatisfechos por la poca capacidad resolutiva que hoy tienen. Además, dadas las altas tasas de re-elección de legisladores, no vendría nada una medida que induzca mayor competencia en el mercado de la democracia.
Algunos legisladores que apoyan la elección de gobernadores regionales quieren que ésta se produjera en forma simultánea con la de alcaldes y concejales. Después de todo, es razonable separar las elecciones locales de las regionales. Pero nuestro sistema ya establece que las elecciones de los consejeros regionales se realizan junto a las presidenciales y legislativas. Luego, si la elección de intendentes se va a realizar en el calendario de elecciones municipales, habrá también que cambiar el calendario de elecciones de CORE. En cualquier caso, como ya habrá elecciones de CORE en 2017, parece razonable que las primeras elecciones de intendentes se realicen en 2017 y, a partir del siguiente ciclo electoral, se empaten con las elecciones municipales en 2020 o nacionales en 2021.
Pero promulgar la elección directa de intendentes hoy y realizarla por primera vez en 2020 —en circunstancias que las elecciones de CORE se harán de nuevo en 2017— es una estrategia defensiva que busca retrasar un desenlace ahora inevitable más que una decisión que busque mejorar el diseño institucional de nuestra democracia.
La democracia supone adoptar reformas constantes que se vayan haciendo cargo y reflejando los cambios que experimenta una sociedad que evoluciona y moderniza. La elección de las autoridades regionales fortalece la democracia representativa. A diferencia de medidas populistas que buscan devolver poder a la gente debilitando la democracia representativa —como las consultas ciudadanas o las iniciativas populares de ley—, la elección directa de intendentes es un paso que ayuda a fortalecer la noción de que la democracia consiste en escoger líderes que, en su calidad de fideicomisarios de la voluntad popular, tomen decisiones en el ámbito ejecutivo y legislativo y sean sometidos a la evaluación de sus mandantes después de un periodo de haber ejercido el poder. Para evitar que la democracia sea secuestrada por los que quieren devolver el poder a la gente con reformas irreflexivas e inconducentes al fortalecimiento democrático, debemos hacer reformas que fortalezcan la democracia representativa. Eso debemos hacerlo ahora, no chutear la pelota hasta el 2020.
El Líbero
