«Es importante distinguir entre actos de gobierno y hechos o transacciones de particulares». Con estas palabras, el vocero de Gobierno Álvaro Elizalde se refirió a los nuevos antecedentes del Caso Caval. Esto luego que se conociera un segundo contrato entre Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon, que le otorgaba el derecho exclusivo para revender los terrenos de Machalí a un precio mayor. A esto se suma lo publicado hoy por Reportajes, respecto de que fue un ex dirigente UDI quien ofreció a la empresa los terrenos.
«Tal como hemos señalado estos hechos deben ser esclarecidos totalmente, en el marco de la investigación que está desarrollando la fiscalía. Por tanto, el llamado que hacemos es a no prejuzgar y dejar que la fiscalía realice todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos», dijo el ministro al ser consultado respecto de los nuevos datos.
Ante la pregunta de si el gobierno se siente engañado luego que se conocieran nuevos antecedentes el Caso -Dávalos habría señalado al Ejecutivo que no había nada más por descubrir- Elizalde remarcó que «el gobierno no forma parte de esta transacción y tampoco es quien está llevando adelante esta investigación».
«Esta investigación la lleva adelante la fiscalía, que es un órgano completamente autónomo. El gobierno está preocupado de lo que le corresponde, que es gobernar y liderar todas las transformaciones que mejoran la vida de los chilenos», agregó
Elizalde destacó que dentro de las prioridades del Ejecutivo está la agenda en materia educacional, donde se vienen los proyectos de carrera docente, fortalecimiento de la educación pública y gratuidad universitaria. A esto se agrega la legislación en torno a la regulación entre los vínculos de la política y los negocios.
«Es importante distinguir entre actos de gobierno y hechos o transacciones de particulares. Si es que hubieran eventualmente ilícitos es algo que debe esclarecer la fiscalía conforme a la investigación que está llevando adelante. El gobierno no puede distraerse de lo que es su obligación principal, que es mejorar la vida de los chilenos», remarcó.
Respecto de la movilización convocada por la Confech para el próximo 16 de marzo, el secretario de Estado remarcó que «Chile requiere de una educación gratuita y de calidad. La educación debe ser un derecho y nunca más un bien de consumo». En este contexto, recordó que ya se están tratando los proyectos que crean dos universidades estatales, una en Aysén y otro en O’Higgins, así como 15 CFT estatales.
«Todo este proceso lo vamos a hacer en un marco de diálogo, por lo tanto las medidas de presión no tienen mucho sentido, porque la disposición del gobierno es escuchar a todos los actores», dijo.
Elizalde se refirió al Caso Caval y las movilizaciones tras encabezar la actividad de cierre del programa «Verano para todos y todas». (La Tercera)
